VIDEITOS MANDAN

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jueves, 3 de septiembre de 2015


EL ANGELITO QUE VOLVIÓ AL CIELO



La foto de un niño ahogado en una playa de Turquía, tras el naufragio de dos embarcaciones de refugiados sirios, conmocionó al mundo y, en especial, a Europa, que enfrenta a una creciente presión para solucionar la llegada de miles de migrantes.

El niño estaba en uno de los dos botes que partieron de Turquía hacia la isla griega de Kos. El número de víctimas que dejó el naufragio es de 12 personas, cinco menores y siete adultos, mientras que 15 pudieron ser rescatadas.

Uno de los agentes de rescate dijo a AFP que las autoridades turcas recogieron el testimonio de la familia del niño y creen que procedían de la localidad siria de Kobane.

“El bote que llevaba al niño y a su familia estaba pensado para cuatro personas, pero había 15 refugiados a bordo”, explicó el funcionario. “No había fuertes vientos, lo más probable es que entraran en pánico y que muchos no supieran nadar”, agregó. Los medios turcos reportaron que el niño se llamaba Aylan Kurdi y tenía 3 años.

PUBLICAR O NO PUBLICAR LA FOTO?: ASÍ SE DEBATIÓ EN EL MUNDO.ES





MEGAOPERATIVO POR LAVADO DE ACTIVOS EN TRUJILLO


Agentes policiales intervinieron más de 250 propiedades de investigados por lavado de activos. 

Hoy por la mañana un contingente policial impedía el ingreso de comerciantes al mercado Villarreal, ubicado en la avenida del mismo nombre en la urbanización Los Granados, en Trujillo. 

Otro grupo de agentes resguardaba los exteriores de la ladrillera Alfa Constructores en el cruce de Salaverry con Moche. 

Por último, una gran presencia policial alarmó a los vecinos de la exclusiva urbanización El Golf, en la calle El Palmar, mientras se realizaba el allanamiento de la vivienda ubicada en dicha calle.

Todas estas propiedades, además del Carwash “Flores” y el conocido restaurante criollo “La Tía Vicky”, fueron intervenidas por personal de la Dirección Nacional Ejecutiva Antidrogas (Dirandro), a través de su división de Lavado de Activos.

La operación se ejecutó por una medida cautelar aceptada por la jueza Irma Rivertte Chico, luego de que la Fiscalía Antidrogas hiciera este pedido acompañada de la Procuraduría Antidrogas.

Se trata de un caso que involucra a seis personas procesadas por, supuestamente, ser parte de una organización dedicada al lavado de activos.

Los imputados son Marco Benavides Bargallo y su madre Matilde Emilia Bargallo viuda de Benavides, además de Bruno Bracamonte Moreno y su progenitoria Victoria Elena Moreno Godoy, así como Nancy Margarita Vidal Villarroel y Nancy Céspedes Obando.

domingo, 30 de agosto de 2015

DE FALACIAS Y OPINIONES BULLDGARES- RESPUESTA AL ARTÍCULO DE ALFREDO BULLARD


Por: Luis Alberto Pacheco Mandujano (*)

La falacia no necesariamente constituye una falsedad o una mentira; por lo general suele ser algo peor que ella. Es el fruto del “arte” de la manipulación de la verdad para confundir, distraer y desviar el ejercicio de un razonamiento correcto, logrando obtener una distorsión de lo que es cierto, de lo que es real, para engañar y perjudicar. La falacia es, por eso mismo, mucho más perversa que una simple falsedad o que la mentira misma.

Y falacias son las que se encuentran, abundantes, en el reciente artículo “de opinión” del señor Alfredo Bullard [“El Comercio”, 23/08/2015], donde califica de “mamarracho” el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para penalizar, bajo la figura del prevaricato, la actuación de aquellos árbitros que, en el ejercicio de sus funciones, dicten laudos manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, citen –sobre todo– pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoyen en leyes supuestas o derogadas.

Falacia es afirmar, por ejemplo, como lo hace Bullard, que el árbitro, “privado nombrado por las partes y unido a ellas por una relación contractual, no cumple ninguna función pública y un error durante la prestación de su servicio está sujeto al contrato que celebró y no a la entrega de una potestad estatal”. Esta falacia, llamada “del hombre de paja”, es tal porque con ella se crea una posición fácil de refutar para luego atribuírsela al oponente con la intención de aplastarlo, aunque en realidad el verdadero argumento del adversario no termine siendo refutado sino sólo el argumento ficticio que ha sido creado.

Es eso lo que hace Bullard aquí al atribuir tal supuesta posición –que en realidad no tiene– al proyecto de ley que él insulta primero y ataca después. Sólo acomete la “opinión” que del proyecto tiene, pero no a éste en sí mismo. Y es que si bien el árbitro es un privado elegido por las partes para la solución de un conflicto, su decisión contenida en un laudo no sólo tiene efectos directos sobre ellas, sino también sobre terceros que podrían ser víctimas de un proceso arbitral ficticio que sirviese para arrebatarles lo que legítima y legalmente les pertenece. 

Esto fue precisamente lo que, desde la figura del arbitraje, supo hacer bien el ahora reo Orellana: montar procesos arbitrales en los que las partes lo eran sólo en apariencia, y con árbitro real, pero coludido en el hecho, “resolvía los casos” con fuerza legal para ejecutar sus decisiones, despojando así de sus propiedades y bienes a quienes fueron víctimas del ejercicio del “legítimo derecho al uso de la vía arbitral”. Por supuesto, todo esto trae, añadidamente al agravio generado en quienes fueron víctimas de esta forma delictiva de actuar, efectos nocivos que entorpecen el desarrollo de la economía del país porque actos de esta naturaleza generan desconfianza del sistema aparejada de una frecuente sensación de desprotección de los ciudadanos y la consecuente paralización, en mayor o menor grado –pero que siempre afecta–, de las relaciones contractuales de innegable contenido económico. 

Que lo diga, si no, el señor Bullard, “connotado” profesor de Análisis Económico del Derecho, pues he aquí la demostración fáctica de lo antedicho: el árbitro, “privado nombrado por las partes” está ciertamente unido a ellas, pero también lo está a la sociedad a la cual sus decisiones se proyectan y afectan, de una u otra forma. Al brindar un servicio público de evidente contenido económico, los árbitros ejercen una función pública de naturaleza especial [vid., Danós Ordóñez, Jorge, “El régimen de los servicios públicos en la constitución peruana”, Themis 55, págs. 256-257; análogamente, STC N° 0034-2004-AI/TC f.j. 40 a 42].

Algo más en este punto: si hay algo que sea verdaderamente “simpático, cómico e ignorante” en todo esto, es precisamente lo que añade Bullard para dar “solidez” a su extraordinaria “opinión”: “si el árbitro –dice Bullard– comete un delito (estafa a las partes, participa en un esquema para privar ilegítimamente de patrimonio a terceros, se corrompe para resolver, etc.) puede ir preso”. Leer esto resulta verdaderamente cómico por lo ingenuo e ignorante de su contenido. ¿Qué estafa, pues, podría haber del árbitro hacia las partes que lo “eligieron” para la solución de sus “controversias”, si todos ellos, en proceso fingido, ya habrían concertado sus voluntades para delinquir y perjudicar a terceros? ¡Ninguna! Es justamente a esta forma de actuar a la que apunta el proyecto de ley: a sancionar el posible uso delictivo de la figura arbitral. No se entiende, pues, por qué esta propuesta pueda provocar tanta molestia al señor Bullard, honesto árbitro internacional.

Por otro lado, ¿qué delito podría ser ese –preguntémosle al doctor Bullard– según el cual el árbitro “participa en un esquema para privar ilegítimamente de patrimonio a terceros”? ¡No existe! Y justamente porque no existe es que el Ejecutivo propone el proyecto de ley que Bullard vilipendia, para sancionar al árbitro que “participa en un esquema para privar ilegítimamente de patrimonio a terceros”, bajo la figura típica del prevaricato. ¿Dónde está aquí el “mamarracho”? Fuera de la propia falacia bullardiana, ¡en ninguna parte!

Y si como Bullard ha dicho, el árbitro no es el funcionario público que “ha recibido un nombramiento estatal para administrar justicia”, y se sabe que, en el actual esquema penal peruano sólo los funcionarios públicos cometen actos de corrupción, ¿qué delito cometería entonces el árbitro que “se corrompe para resolver un asunto” si el árbitro no es funcionario público? ¡Qué tal contradicción! Mal, mal, mal. El señor Bullard no sólo comete falacias en sus “razonamientos”, incluso se contradice a sí mismo. ¿Y pretende así, con su argumento falaz y contradictorio, que el Ejecutivo no proponga criminalizar tan ilícitas formas de actuar, sólo porque él es árbitro y no le gusta que la política criminal, que es instrumento de protección de lo público, de lo general, de lo que es valioso para las mayorías, tenga presencia en los fueros que él considera suyos por mandato de su liberal formación ideológica? No, el Poder Ejecutivo no puede actuar ausente, omisivo, sólo por un capricho de tamaño infantilismo. Ante lo que sucede, puede y debe, por mandato constitucional, actuar para proteger, sobre todo en fase de prevención, a quienes, como las víctimas de Orellana y su banda de criminales, pudiesen ser sujetos de actos similares en el futuro.

Pero sigamos. Falacia es, también, asegurar que “esa herramienta del prevaricato será usada por quienes pierden un arbitraje para presionar a los árbitros y escaparse del contrato que celebraron”. Además de ser éste un mal ejemplo de redacción gramatical, también encontramos aquí un buen ejemplo de la denominada “falacia del francotirador”, la que tiene que ver con el sesgo cognitivo, la ilusión, de ver series y patrones, donde sólo hay números aleatorios y posibilidades. 

En efecto, ¿cuáles son, si no, los estudios estadísticos, sociales, de análisis económico del Derecho, según los cuales incluir la ilícita actuación de malos árbitros en el delito de prevaricato “será usado por quienes pierdan un arbitraje para presionar a los árbitros y escaparse del contrato que celebraron”? El señor Bullard, también aquí, por hacer una afirmación que carece de refrendo material que otorgue solidez y validez a sus “opiniones”, únicamente lanza palabras al viento, flatus vocis, y “razona” con especulaciones falaces.

Otra falacia es, asimismo, decir que “ya no serán los árbitros sino un juez penal el que resuelva su controversia”, porque en esta especulación se encuentra presente un bien acabado ejemplo del “argumento ad consequentiam”, o sea, el ejemplo de un argumento que concluye que una premisa, tradicionalmente una creencia, es verdadera o falsa basándose en si esta conduce a una consecuencia deseable o indeseable. ¿Quién le ha dicho al señor Bullard, pues, que penalizar la actuación de árbitros que, como los que formaban parte de la red Orellana, generará que los jueces penales terminen resolviendo asuntos comerciales y mercantiles que no son de sus competencias? Catalogar las consecuencias como deseables o no es propio de una acción subjetiva que responde al punto de vista del observador y no a la verdad de los hechos, más aún si se sabe –como lo sabe el señor Bullard por su condición de abogado– que el juez penal no podría jamás solucionar la controversia comercial o mercantil que involucra a las partes arbitrales, porque su misión es determinar y sancionar la comisión del delito que el árbitro podría cometer mientras procuraba la “solución del conflicto” para el cual fue “elegido”. Como se advierte, Bullard no sólo comete falacias, sino que gusta de distorsionar, a propósito, la realidad.

Y falacia es también, por último, sentenciar que “como suele pasar, cuando penalizas una actividad lo que haces es espantar a los honestos y atraer a los delincuentes a la misma”. Se trata aquí del “argumento cum hoc ergo propter hoc” según el cual dos o más acontecimientos se encuentran vinculados causalmente porque se dan juntos. Esta forma de “razonar” es falaz porque correlación no necesariamente implica causalidad. Además, semejante “opinión” resulta singularmente curiosa: según el parecer de Bullard el Estado crea un Derecho penal no para prevenir y sancionar la comisión de delitos, sino para atraer delincuentes y más actos delictivos. 

¿Ignora acaso el opinólogo de marras que con el Derecho penal el Estado se comunica con los ciudadanos y que, especialmente en el caso del proyecto de ley que no es de su agrado, se dirige a los malos árbitros, como en su momento lo hizo con los malos jueces y fiscales en sus respectivos ámbitos, para dejarles bien en claro que cometer conductas como aquellas en las que incurrieron los árbitros de Orellana y compañía, genera un saldo de más desventajas que ventajas al ser merecedores de una grave pena? Si ignorase esto, la condición de jurista del señor Bullard resultaría bastante dudosa, pues de qué podría quejarse este abogado que se precia de ser un buen árbitro y de ostentar una honesta y vasta experiencia en el ejercicio de sus funciones [vid. www.bullardabogados.pe/ne_abullard.htm], si con el proyecto de ley que él, de manera inexplicable, rechaza, lo que se procura, contrario sensu, es atraer a los honestos y espantar a los delincuentes de la noble labor del arbitraje.

El señor Bullard es un conocido abogado cuyo éxito profesional en un mundo de liberalismos de toda jaez, ha sido logrado en virtud de contradecir todo lo que provenga del Estado y de negar, a cualquier costo, el valor que lo público, lo estatal, pudiese desplegar a favor de la sociedad. Es sobre esa base ideológica que se ha permitido formular semejante opinión. ¡Y qué manera de opinar! Asustando, confundiendo, metiendo miedo y desconfianza entre los lectores, para provocar rechazo al proyecto de ley que procura un bien general. Flaco es el favor que con su “opinión” le hace a la protección de bienes jurídicos e intereses mayoritarios, y enorme el que le apropincua a los orellanas que vendrán y a los que aún quedan libres esperando que las aguas se calmen para regresar a sus ubicaciones desde donde podrían seguir haciendo de las suyas. Bullard, pues, no emite juicio razonablemente aceptable en sus “opiniones”, mera doxa después de todo. Sólo ofende, insulta y menosprecia, revelando su desdén de ribete racial, contra quien no piensa –¿deberíamos?– como lo hace él.

En opinión de Bullard, con el proyecto de ley que se convirtió en blanco de sus iras, el Poder Ejecutivo se ha “acongresado”. He aquí presente el eufemismo tras el cual este “intelectual” oculta una grosería que por respeto al Estado de Derecho y a los lectores no merece ser repetida aquí. Con esto y sus distorsiones en el pensamiento, resulta más que evidente que cuando los argumentos y la razón se acaban surgen las falacias y, sobre todo, emerge el lenguaje procaz y artero, herramienta de uso consuetudinario entre quienes no tienen nada constructivo que decir. En esto consiste la “opinión” del señor Bullard: nada que sirva para aportar ni para crecer. ¿Quién ofrece, pues, el mamarracho?


(*) Abogado. Profesor de Filosofía del Derecho en la USJB. Profesor de Lógica Jurídica en la UIGV.

ENCUENTRO DE FILÓSOFOS

viernes, 28 de agosto de 2015

jueves, 27 de agosto de 2015

ADAM SMITH NO SE CALLA


EEUU: Condenan a 3.318 años de cárcel a James Holmes, autor de masacre en cine en 2012


Un juez condenó este miércoles a 3.318 años de cárcel a James Holmes, culpable de matar a 12 personas en un cine de Aurora (Colorado, EEUU) en 2012 y para el que a principios de agosto un jurado pidió la cadena perpetua, que hoy formalizó el magistrado.

Holmes, cuyo ataque causó también 70 heridos, escuchó de pie y con aparente calma en los juzgados del condado Arapahoe en Centennial (Colorado) la lectura de la sentencia formalizada por el magistrado, con la que el acusado es condenado a 12 cadenas perpetuas por cada una de las 12 personas asesinadas.

“Es la decisión de esta corte que el acusado nunca vuelva a poner un pie en la sociedad”, destacó el magistrado Carlos Samour Jr., después de formalizar la decisión del jurado, que en agosto eligió enviar a Holmes, que ahora tiene 27 años, a prisión de por vida en vez de condenarle a muerte, como pedía la Fiscalía.

“Si hay algún caso que merezca una pena máxima, es este. El acusado (James Holmes) no merece ningún tipo de simpatía”, consideró el juez, que pidió a la seguridad del juzgado que escoltara fuera de la sala al acusado, vestido con el traje de presidiario.

Con la sesión de hoy, se pone fin a uno de los juicios más largos de la historia de Estados Unidos, ya que se tardó mucho tiempo en elegir a los 12 miembros del jurado encargados de decidir sobre la culpabilidad y la pena que debía recibir James Holmes.

Hace tres años, el hoy condenado lanzó gas lacrimógeno en un cine de Aurora (Colorado) en el que se proyectaba la película de Batman The Dark Knight Rises y después disparó contra los asistentes, lo que causó la muerte de 12 personas y heridas a otras 70.

James Holmes, que entonces tenía 24 años, fue detenido a las afueras del lugar por la Policía, ante la que se identificó como el ‘Joker’ (‘Guasón’), uno de los enemigos de Batman en la historia de ficción.

Imitando lo que es un clásico en los cómics de Batman, Holmes convirtió su apartamento en una trampa mortal para quien se atreviera a entrar con un entramado de cables, detonadores y material explosivo, que hizo que los artificieros tardarán más de 24 horas en desactivar ese montaje.

El pasado 16 de julio, James Holmes fue declarado culpable de 165 cargos, 24 de ellos por asesinato en primer grado, después de 11 semanas de juicio, los argumentos de 250 testigos, la muestra de 1.500 fotografías y la proyección de 24 horas de vídeo.

La de hoy era la última oportunidad que James Holmes tenía para ofrecer su testimonio y defenderse de un tiroteo que reconoció haber perpetrado, pero del que prefirió declararse no culpable por la enfermedad mental que sufre.

miércoles, 26 de agosto de 2015

R.E.M. : "Losing My Religion" (Live on TV Show Taratata 2008)

ESPECIALISTA ESPAÑOL OFRECE CONFERENCIA- UNT


El Dr. Juan Ramón de Páramo Argüelles, Decano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla – La Mancha, director del Instituto de Resolución de Conflictos de la UCLM y Catedrático de Filosofía del Derecho, ofrecerá la Conferencia “Rol mediador del abogado en la Gestión de Conflictos y Solución de Controversias” el próximo jueves 27 de agosto a las 5.00 p.m. en el paraninfo de la Universidad Nacional de Trujillo.

Experto en Dirección y gestión universitaria, Derechos humanos y Resolución de Conflictos, egresado de la Universidad Complutense de Madrid.

Entre sus publicaciones cabe destacar “H.L.A.Hart y la teoría analítica del Derecho” “Derecho y Moral. Ensayos analíticos”, “Liberalismo, Pluralismo y coacción “Tolerancia y liberalismo”, Lecciones de Teoría del Derecho, traducción, estudio preliminar y notas de The Province of Jurisprudence Determined, de John Austin (1832), con el título El objeto de la jurisprudencia, Razonamiento jurídico e interpretación constitucional, Concepto de derechos fundamentales, Libertad de expresión y derecho al honor y Convenciones y convicciones.

El evento académico es organizado por la Gerencia de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UNT, el ingreso es libre y la certificación gratuita.

TRUMP VS. JORGE RAMOS

martes, 25 de agosto de 2015

ABUSOS DE LA EMPRESA MINERA “CONSORCIO MINERO HORIZONTE” CONTRA LA POBLACIÓN DE PARCOY EN COMPLICIDAD CON MALOS JUECES Y FISCALES


Señores del blog Mundo Jurídico, por la presente les estamos alcanzando una denuncia contra la Empresa Minera Consorcio Minero Horizonte por atropellos, abusos y grave contaminación al Rio Parcoy y Laguna de Pias, atentando contra la salud de la población de Parcoy provincia de Pataz, todo ello en contubernio con malos funcionarios de la zona, con actuaciones irregulares de representantes del Ministerio Publico y Poder Judicial.

IRREGULAR PROCESO JUDICIAL A DIRIGENTES DE LAS RONDAS CAMPESINAS

Se trata de un irregular proceso que se apertura a tres integrantes de las rondas campesinas por la presunta comisión de delito de Secuestro, seguido ante el Juzgado Penal Colegiado supra provincial de Sánchez Carrión- La Libertad, que a la fecha ha merecido una sentencia de 35 años contra los mencionados señores integrantes de las rondas campesinas Omar Castillo Manrique, Segundo Castañeda Ramos y Andrés Jara Zegarra. (Por el solo hecho de participar de una marcha cívica de indignación por la matanza efectuada por efectivos de la Dinoes en contra de la población con fecha 15 de Marzo de 2013, sin embargo la denuncia sobre los muertes perpetradas por los referidos efectivos de Dinoes ha sido irregularmente archivada por La Fiscalía de Pataz, a pesar que la necropsia de Ley dio como resultado que las muertes fueron producidas por las armas de fuego empleadas durante la toma de la plaza de armas del pueblo realizada por los mencionados miembros de la Policia.

Este irregular fallo emitido con fecha 30.03.2015 se manifiesta como algo verdaderamente impresionante fáctica y jurídicamente, pues constituye un dato incuestionable que la sentencia habría sido elaborada en tan solo 92 minutos [ una sentencia de 37 hojas ], es decir, después de las 12 con veintiocho horas, momento en el que culminó la presentación de los alegatos de clausura de las partes, y hasta antes de las 14 horas, momento en el que se produjo el acto de la lectura de la sentencia. 

LA SENTENCIA MÁS RÁPIDA DE LA HISTORIA

Como se pueden dar cuenta, estos escasos 80 minutos habrían sido más que suficientes, en primer lugar, para que el nuevo integrante del colegiado, Dr. Víctor Olortegui Espinoza, realice las siguientes diligencias: pueda informarse sobre todos los hechos imputados, las proposiciones fácticas de probanza, y especialmente, para que se revise todas las actuaciones anteriores a su incorporación como magistrado para que finalmente esté en condiciones plenas de votar (algo que por cierto resulta materialmente imposible) por lo que es razonable afirmar que dicha sentencia fue elaborada esencialmente con anterioridad a todos los actos del juicio oral y al margen de los principios de Inmediación, Contradicción y Sana Crítica, que debe enmarcar el proceso penal, los referidos magistrados ya fueron debidamente denunciados y se espera que la Odecma- La Libertad los sancione de acuerdo a Ley.

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DIRIGENTES RONDERILES

Actualmente el proceso está pendiente de resolver el recurso de apelación presentado por la defensa de los ronderos, y la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad tiene la última palabra y se espera resuelva con justicia, dentro del marco de la Constitución y la Ley.

En cuanto a los hechos que se fijan en la sentencia apelada, cabe precisar que no existe evidencia alguna que permita afirmar que el dirigente Ronderil Omar Castillo Manrique y los demás ronderos hayan realizado actos de violencia en los actos de protesta social ocurridos el día de los hechos, toda vez que la población en su conjunto apoya a los integrantes de sus Rondas Campesinas, pues se sabe que este clásico accionar se trata de una represalia político social por el único propósito de vivir en armonía y pacíficamente, pero la empresa Consorcio Minero Horizonte se empeña en realizar represalias como la ocurrida con el ex alcalde Santos Quispe Alvarado quien estuvo recluido en el penal el Milagro por el delito de secuestro, siendo totalmente inocente, y también el actual alcalde del distrito de Parcoy, Francisco Zavala Franco, quien también estuvo inmerso en el presente proceso penal como represalia política, Cabe resaltar que el Rondero Omar Castillo manifestó que es una acto de represalia política, porque alberga sanas aspiraciones de ser autoridad local y por su defensa al medio ambiente, así mismo manifestó soy integrante de las rondas campesinas, soy padre de familia, y es la primera vez que me veo inmerso en un proceso penal, toda vez que nunca he sido condenado por algún delito, por lo que una condena de 35 años podría menoscabar mi proyecto de vida, con lo que queda claro que se trata de una forma maliciosa de represalia contra una población patacina que lo único que desea es vivir pacíficamente y en armonía con un medio ambiente sano. 

Lic. LILY ROSA FERNANDEZ LÓPEZ

Directora de la Asociación Patacina de Derechos Humanos
               DNI N° 40187024

EL AVIÓN DE EVO



domingo, 23 de agosto de 2015

Canción Piquete - Jorge Millones

MAMARRACHO



Creí que eso estaba reservado a los congresistas. Alguno propuso por allí que el Indecopi sancione las faltas de ortografía. Otro, llamado Becerril, creía que se necesitaba crear un derecho de apelación en el arbitraje.

Pero el final del gobierno ha “acongresado” al Poder Ejecutivo. Un gobierno mediocre acelera su deterioro cuando se le acaba el tiempo y sabe que pasará a la historia sin ningún buen recuerdo.

Entre los proyectos de decretos legislativos que están dando vueltas hay uno para modificar el Código Penal y sancionar a los árbitros por delito de prevaricato, reservado actualmente a la incorrecta aplicación de derecho o análisis de hechos por un juez o un fiscal.

Viene acompañada de una simpática, cómica e ignorante exposición de motivos.
El prevaricato sanciona a un funcionario público (el juez o el fiscal) porque ha recibido un nombramiento estatal para administrar justicia. Pero el árbitro es un privado nombrado por las partes y unido a ellas por una relación contractual. No cumple ninguna función pública y un error durante la prestación de su servicio está sujeto al contrato que celebró y no a la entrega de una potestad estatal. 

Por supuesto que si el árbitro comete un delito (estafa a las partes, participa en un esquema para privar ilegítimamente de patrimonio a terceros, se corrompe para resolver, etc.) puede ir preso, como le ha ocurrido a varios de los cómplices de Orellana. Pero es un delito diferente que se ajusta a la naturaleza de su condición.

Lo cierto es que el arbitraje peruano es una historia de éxito. Es uno de los países en los que más se arbitra per cápita. Su ley es reconocida internacionalmente como una de las mejores del mundo. Muchos de los árbitros más renombrados internacionalmente vienen a arbitrar aquí. Buena parte de la inversión y el desarrollo económico del país se ha podido dar porque los inversionistas han encontrado en el arbitraje un mecanismo rápido, especializado y seguro de solución de controversias frente al deficiente Poder Judicial.

Curiosamente, en el proyecto no hay una sola cita a algún experto internacional reconocido en arbitraje. Se cita como ejemplo una sola ley: el Código Penal argentino.

Así como el Perú es una historia de éxito, Argentina es el caso más patético de fracaso del arbitraje. Pero los autores de la norma ni siquiera se han dado el trabajo de preguntarse qué pasa en el país que usan como ejemplo. En Argentina el arbitraje simplemente no funciona y ha sido sepultado bajo mala legislación e intervencionismo judicial. Es como citar una ley de prensa cubana para sustentar un cambio legislativo dirigido a mejorar el régimen de libertad de expresión o la legislación de promoción de inversiones venezolana para mejorar la gestión de Pro Inversión.

Lo cierto es que esa herramienta del prevaricato será usada por quienes pierden un arbitraje para presionar a los árbitros y escaparse del contrato que celebraron. Ya no serán los árbitros sino un juez penal el que resuelva su controversia. Como suele pasar, cuando penalizas una actividad lo que haces es espantar a los honestos y atraer a los delincuentes a la misma. 

Incluso se habla de crear un registro de árbitros en el Ministerio de Justicia para controlarlos. No sé de dónde han sacado la idea que un registro estatal hace que baje el Espíritu Santo y el malhechor se vuelva bienhechor. El sector Justicia no solo tiene registrados a quienes están presos por cometer delitos: los tiene encerrados en la cárcel. Pero todos sabemos que en las cárceles se cometen delitos a diestra y siniestra. Si no pueden ni controlar a los presos, no me imagino cómo van a controlar a los árbitros registrados. Si pasa como en las cárceles, el registro del Ministerio de Justicia va a convertir el arbitraje en una cueva de ladrones.

Estudiantes limpian ventanas con riesgo de caer al vacío


Una grave denuncia empaña nuevamente la imagen del colegio Santa Rosa, pues tras la investigación en curso seguida contra la exdirectora Margarita Túpac Yupanqui Tolentino en la Gerencia de Educación (Grell), por vulnerar los derechos laborales de sus auxiliares, la ciudadana trujillana Zila Ortiz Reyna fotografió con su teléfonomóvil cómo las menores de dicho plantel limpiaban las ventanas del aula de un segundo piso, sin arnés ni accesorios de seguridad, y con el riesgo de precipitarse al vacío.

La denunciante Zila Ortiz registró la imagen la mañana del último viernes y la envió al WhatsApp del Rotafono de Radio Programas del Perú (RPP),estación que difundió la noticia a nivel nacional en su página web (www.rpp.com.pe/rotafono), así como en su canal de televisión por cable.

En la imagen se puede observar a tres niñas (dos con buzo y otra con uniforme único limpiando las ventanas en el segundo nivel ,incluso,una de ellas tenía la pierna derecha apoyada en el filo de la ventana. “Las niñas,al percatarse de que yo tomaba fotos, metieron las piernas(al interior del aula)”,afirmó la denunciante Ortiz Reyna para luego continuar. “Ellas (las profesoras) siempre hacen limpiar a las alumnas no sé con qué propósito" expresóla denunciante a RPP.

sábado, 22 de agosto de 2015