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domingo, 20 de septiembre de 2015

Polémica por labor de jueza en el caso de Fernando Gil

Han pasado casi dos meses desde que la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Virú, Hilda Isabel Cevallos Bonilla, dictara comparecencia restringida contra el ahora exmilitante aprista Fernando Gil Palacios, conocido como “Ñato Gil”.

Ahora, como es sabido, el último jueves 17 de setiembrela Primera Sala de Apelaciones revocó dicha comparecencia, situación esta que, a decir del propio jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP César Gentille Vargas y del congresista y extitular de la Tercera Dirtepol, Octavio Salazar Miranda, configura un hecho cuestionable por la decisión de la magistrada del Poder Judicial, dado que por tal medida ahora “Ñato Gil”, junto al efectivo policial Carlos Silva Martínez, se encuentran prófugos de la justicia luego que dictaran orden de captura sobre ellos, por presuntamente integrar la peligrosa banda criminal “Los Plataneros”.

ENFÁTICO. En esa línea, Gentille Vargas, de manera enfática recordó que durante el megaopertivo que hicieron el pasado 15 de julio, en coordinación con el Ministerio Público, pusieron a disposición de los entes judiciales “con mucho esfuerzo” a 13 individuos, aparentemente coludidos con dicho grupo delincuencial, y que ahora es “contradictorio” que las órdenes judiciales hayan cambiado, cuando bien se pudo tener una mejor ponderación a la hora de dictaminar en primera instancia.

“A merito de una resolución de comparecencia restringida se les puso en libertad. Pero es contradictorio que se dé no solo un caso, sino más de uno, y que luego de revisar bien el tema, en la apelación se determine que sí deben tener prisión preventiva y el problema, obviamente, es que ya esos sujetos están practicamente alertados porque no concurren a las diligencias, (solo) envian a sus abogados y se ocultan muy bien para evitar la captura”, expresó.

PIDE REFLEXIÓN. El mando policial remarcó que debe hacerse un llamado a la “reflexión” por parte de los jueces para que ya no vuelvan a ocurrir estos episodios que -según dijo- revierte en problema a la labor policial.

“Es aquí lo contradictorio y el llamado a una reflexión, esto es, que se dicte desde un inicio la medida que debió prevalecer. Si es prisión preventiva, que sea prisión preventiva, no podemos estar capturando, salgan en libertad y luego nos ordenen la recaptura; y que el problema y el esfuerzo operativo lo haga solo la Policía. Ese es un tema sobre el que hay que reflexionar y en todo caso poner mayor cuidado”, sostuvo.

“GENERA SUSPICACIAS”. A su turno, Octavio Salazar indicó que es cierto que con estos vaivenes de los magistrados, provoca que los denunciados pasen a la clandestinidad y que sea muy difícil encontrarlos.

“Los magistrados tienen necesariamente que evaluar bien antes de tomar una decisión sobre el particular. Hay que ver antecedentes. Es necesario que tengan que dar todo de sí, a efectos de que la resolución que ellos tomen, no tenga un rechazo ciudadano, porque eso es lo que ha pasado, hay un rechazo ciudadano a una medida de esa naturaleza y consecuentemente se genera la suspicacia sobre la probidad de la determinación de un juez”, explicó.

SOSPECHA. En tanto, manifestó que la acción de la jueza, Hilda Cevallos Bonilla, podría ser sospechosa, dado que durante la explicación del Ministerio Público se dijo que sobre Fernando Gil pesaban pruebas muy similares que otros personajes a quienes sí dictaron prisión preventiva por 18 meses.

“La pregunta sería ¿porqué para unos si y para otros no? Esa sería la pregunta. La suspicacia va estar permanentemente en este tipo de hechos cuando se toman las decisiones no adecuadas. Se tiene que evaluar muy bien los expedientes. Hoy en día la ciudadanía está muy atenta a estos hechos y las instituciones tienen que hacer todo lo posible por no equivocarse, porque de lo contrario, entran en la sospecha como si fuesen hechos de corrupción”, acotó.

Finalmente, dijo que la decisión de un magistrado -en este caso la de la jueza Cevallos- no debe comprometer a toda la institución judicial, precisando que se debe separar “la paja del trigo”. “Los hechos de corrupción hay que separarlos de la institución en sí. Y sobre quienes se equivocan que caiga todo el cuestionamiento ciudadano, y por ende, también las sanciones de parte de las instituciones a las que pertenecen”, agregó.

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