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lunes, 2 de noviembre de 2015

INFORME PROJUSTICIA: LA LIBERTAD: LA CORRUPCIÓN SÍ EXISTE



Hace unos días, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de La Libertad, encabezada por el juez superior MANUEL LUJAN TUPEZ, recibió por segundo año consecutivo el Premio OCMA en mérito a haber implementado un conjunto de innovaciones en materia de control que –a decir del magistrado- habían convertido a esta Corte Superior en la sede judicial “con el nivel más bajo de corrupción del país”, reflejado además en una disminución continua de quejas contra los magistrados y en que solo el 0,013% de las quejas tramitadas por dicha oficina estaban vinculadas a temas de corrupción[1].

Sin embargo, LUJAN denunció también la existencia de “malos profesionales del Derecho” que laboran en Trujillo y “que se dedican a defender a miembros de peligrosas mafias delictivas”, aseverando que “en cada organización criminal hay, por lo menos, un abogado de estas bandas que planifica, intenta sobornar o ‘arreglar’ con los jueces o secretarios de juzgado”, agregando ante ello que “yo no he asumido este cargo para ser amigo de los jueces”[2].

Esperamos que estas palabras del juez LUJAN sean sinceras y firmes, porque el presente informe apunta, precisamente, a mostrar lo contrario: que sí existe corrupción judicial en la Corte Superior de La Libertad. Sin embargo, a diferencia de lo afirmado por dicho magistrado, esta corrupción no parece estar enquistada solamente en el área penal ni está vinculada solamente a bandas criminales, sino que la podemos encontrar en otras áreas aparentemente “limpias” de toda corrupción, como es el caso de la justicia laboral.

Ya hace un par de años, ProJusticia descubrió que en esta Corte existía una red de abogados que se aprovechaban de las “fallas” del nuevo proceso laboral –regulado por la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)- para imponer lo que llamamos entonces “un patrón consistente de circulación de documentos falsificados o falsos en su contenido que están siendo utilizados de manera más o menos indiscriminada para construir casos fraudulentos de enfermedades profesionales”[3]. Este informe cambió un poco las cosas, pero no fue suficiente. Hoy, nuevas redes de abogados siguen haciendo de las suyas mediante la presentación de demandas laborales millonarias que están poniendo en jaque no solo a muchas empresas prestigiosas de La Libertad, sino incluso a la única universidad del norte que ha sido incorporada en el ranking de las mejores Universidades del país, como es la Universidad Peruana Antenor Orrego (UPAO). Por ello, el presente informe apunta a ser más preciso sobre el “modus operandi” de estos abogados, develando además –con nombres y apellidos- la red de jueces que apoya sus malas prácticas.

LOS INICIOS DE UN “MODUS OPERANDI”

Usualmente, cuando un profesional culmina su carrera, suele estar agradecido con la Universidad que lo acogió y con los profesores que le brindaron sus enseñanzas, buscando resaltar a través de su carrera profesional el prestigio de su “alma mater”. ¿Qué puede pensarse sin embargo de un profesional que, por el contrario, parece empeñado en destruir a su “alma mater” y enriquecerse con dicha destrucción? Como veremos, esta ha sido la carrera profesional seguida por LUIS MANUEL RAYMUNDO IBAÑEZ, abogado que hoy vive en una de las zonas más exclusivas de Trujillo y conduce una camioneta del año, todo a costa de las sumas millonarias que ha obtenido litigando contra la UPAO y de otras respetables empresas.

Esta “carrera” se inició el año 2000, cuando apenas culminados sus estudios en la Facultad de Derecho de la UPAO, el joven y flamante abogado fue recomendado por sus profesores para trabajar como asistente en el Área Legal de dicha Universidad, encabezada por el Dr. ALEJANDRO QUISPE VILLANUEVA. Para entonces, el joven RAYMUNDO IBAÑEZ ya tenía muchas ambiciones y sueños de éxito, aunque para alcanzarlos tuviera que sacrificar los valores y enseñanzas éticas que le habían tratado de inculcar en dicho centro de estudios.

En tal sentido, RAYMUNDO no pudo encontrar mejor “escuela” que la que le ofreció el “todopoderoso” QUISPE VILLANUEVA. En los años que estuvo al frente del Área Legal de la UPAO, éste se dedicaba a colocar, cambiar y sacar a docentes a su antojo, además de presionar a empresas que prestaban servicios en este centro de estudios en beneficio propio. De acuerdo a fuentes entrevistadas, se sabe de un caso en el cual QUISPE VILLANUEVA solicitó 50 mil soles a una empresa de limpieza para validar su carta fianza y asegurar su contratación; no contento con ello, le cobraba 3 mil soles mensuales por mantener sus pagos al día, además de pedirle plata cada vez que se le antojaba, enviando como mensajero a su joven aprendiz RAYMUNDO IBAÑEZ.

De este modo, el joven abogado aprendió pronto a aprovecharse de su cargo para ir abriendo su propio “negocio”. Así, por ejemplo, a pesar de que RAYMUNDO IBALÑEZ contaba con poderes para negociar ante la Dirección Regional de Trabajo, él prefería no hacerlo cuando las quejas eran presentadas por “services”; luego, buscaba a los trabajadores de estas compañías para ofrecerles interponer demandas laborales contra la propia Universidad, a pesar del claro conflicto de intereses que ello implicaba por seguir siendo parte del staff de abogados; sin embargo, nunca fue quejado ni sancionado por este motivo.

En el 2010, poco tiempo después de que el entonces Rector de la UPAO, GERARDO (SIC) GUERRA CRUZ –quién dirigió la Universidad todo el tiempo que estuvo allí RAYMUNDO- perdiera las elecciones frente al doctor VICTOR LOZANO IBAÑEZ, el abogado fue despedido de la Universidad por la nueva gestión, que conocía bien sus malas prácticas. Este, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y denunció a la UPAO por una serie de derechos laborales presuntamente no reconocidos, como la falta de pago de horas extras, CTS, vacaciones, etc. Y si bien en el marco de este proceso se demostró, por ejemplo, que RAYMUNDO aprovechaba que asistía los días sábados a una maestría de derecho en dicha Universidad para “marcar tarjeta” –por lo que no existían tales “horas extra”- la Sala Laboral Liquidadora -integrada entonces por los jueces superiores ROCIO AGUIZA DIAZ, VICTOR ANTONIO CASTILLO LEON y JAVIER ARTURO REYES GUERRA- resolvió a su favor mediante resolución dictada el 11 de marzo del 2011, siendo la primera sentencia dictada dentro del marco de la NLPT.

No contento con ello, RAYMUNDO demandó posteriormente a la UPAO por “equivalencia de remuneraciones”, reclamando que cuando él entró a trabajar en el área legal de la Universidad se le fijó un sueldo que era mucho menor al de la persona que había ocupado dicho cargo hasta entonces. Nuevamente, la Universidad buscó demostrar que, mientras él era un abogado recién salido de sus mismas canteras cuando asumió el puesto, la abogada que lo ocupaba entonces había trabajado en el Poder Judicial por varios años y tenía una vasta experiencia laboral, por lo que no correspondía fijar remuneraciones similares. Cabe señalar que este abogado sustentó entonces su pedido con copias de los recibos de pago hechos a la ex trabajadora, recibos que obtuvo de manera irregular cuando trabajaba en el Área Legal de la UPAO y que guardó por años. Estas no fueron, sin embargo, las únicas “pruebas” que RAYMUNDO fue acumulando y guardando celosamente gracias a su paso por dicha Universidad, hechos que muestran cómo fue urdiendo todo un “modus operandi” que sería aplicado exitosamente en los siguientes años.

EL ATAQUE A LA UPAO

Las demandas laborales que RAYMUNDO IBAÑEZ interpuso contra la UPAO a su favor, así como su paso por esta Universidad, le permitieron a este abogado identificar cuáles eran los “puntos débiles” que tenía ésta en materia laboral. Como veremos, este conocimiento fue debidamente aprovechado en las más de 100 demandas laborales que aquel ha patrocinado contra este centro de estudios, demandas que le han permitido no solo ganar sumas millonarias sino también afinar su “modus operandi” y aplicarlo con igual éxito contra otras empresas de la región, incluyendo el propio Poder Judicial.

Ahora bien, entre las demandas hechas contra la UPAO cabe resaltar dos: la del ex Rector GUILLERMO GUERRA CRUZ por pago de vacaciones y otros beneficios sociales, y las presentadas por ALEJANDRO QUISPE VILLANUEVA. Con respecto a este último, por ejemplo, en diciembre del 2010 la UPAO le inició proceso de despido por abandono injustificado de su centro de trabajo, dirigiéndole una carta de pre-despido que el citado docente debió absolver en el plazo de ley, lo que no hizo. Una vez fuera de la Universidad, QUISPE VILLANUEVA inició un proceso de amparo contra la UPAO por considerar que se había violado el debido proceso y su derecho al trabajo, solicitando además unamedida cautelar innovativa.

Cabe señalar que, con motivo de ese proceso, la OCMA emitió en el 2011 un informe preliminar acusando a QUISPE VILLANUEVA del re-direccionamiento de su expediente (5199-2010) con fines “no éticos” hacia el Sexto Juzgado Civil de La Libertad para que sea tramitado por la secretaría del servidor SEGUNDO MUÑOZ MENDOZA, “obviamente con la finalidad de favorecer a la parte demandante". Asimismo, el informe señala que el juez a cargo de dicho juzgado, JAINE AIAGA CHAVEZ, se negaba sistemáticamente a abstenerse de la causa por decoro, a pesar de la evidente falta de transparencia y oscuridad del proceso, dictando incluso una medida cautelar a favor del demandante “sin ningún tipo de consistencia jurídica”[4]. Finalmente, el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de amparo[5], lo que no impidió sin embargo que QUISPE VILLANUEVA siguiera intentando obtener algún beneficio adicional de la UPAO, aunque sin mayor éxito.

El que sí tuvo mayor éxito contra esta Universidad fue el ex Rector GUERRA CRUZ. Durante su gestión, este ordenó que se ampliara los días de trabajo de los docentes y personal administrativo a los sábados, aunque sin disponer el aumento respectivo en los sueldos de todos los obligados, además de fijar que a los docentes solo les correspondía 30 días de vacaciones por año; sin embargo, una vez fuera de la Universidad, GUERRA CRUZ cambió de parecer y demandó a ésta por el pago de beneficios sociales, solicitando que se declare la desnaturalización de su contrato y el pago de 60 días de vacaciones anuales, asumiendo entonces un criterio distinto al que él mismo había impuesto.

En primera instancia, la jueza CECILIA BENITES LA PORTILLA declaró fundada la demanda, declarando que el contrato del ex Rector era a plazo indeterminado y ordenando el pago de los 60 días de vacaciones anuales, lo que hacía un total de 1 millón 269 mil 440 nuevos soles. Por su parte, la Primera Sala Laboral –conformada por VICTOR CASTILLO LEON, JAVIER ARTURO REYES GUERRA y LOLA EMERITA PERALTA GARCIA- dio por consentida esta decisión sin mayor análisis y la declaró cosa juzgada, disponiendo incluso –contra lo señalado por ley- que los intereses legales debían ser contabilizados desde el inicio de la relación laboral y no desde el término de dicha relación, lo que elevaba el pago de los mismos de algo más de 70 mil nuevos soles a más de 800 mil nuevos soles, lo que permitió al ex Rector recibir de manera indebida más de 2 millones de nuevos soles.

De acuerdo a nuestras fuentes, fue precisamente esta sentencia a favor de GUERRA CRUZ la que le sirvió a RAYMUNDO IBAÑEZ acudir donde los docentes o ex docentes de la Universidad para proponerles iniciar demandas contra la UPAO para que se les reconozca los 60 días de vacaciones. Lo que muchos no sabían entonces es que este abogado contaba ya con registros de personal que había solicitado al área respectiva desde la época en la que trabajaba en la UPAO, en la que se identificaba a aquellos docentes y trabajadores a los que no se les había fijado un aumento por la ampliación de horas de trabajo, o que tenían vacaciones truncas, por lo que sabía claramente a quiénes acudir y con quienes podía ir como seguro ganador.

Cabe señalar que en el transcurso de estos procesos, la UPAO ha descubierto también que RAYMUNDO IBAÑEZ suele presentar documentos originales o copias de documentación que debían estar dentro de sus registros, pero que “extrañamente” han desaparecido de los archivos de la Universidad, por lo se presume que durante el tiempo que estuvo laborando dentro de esta institución destruyó, escondió o se apropió irregularmente de dichos documentos, a sabiendas de que las usaría posteriormente como pruebas. Esto muestra así una actitud mafiosa, que también se ha identificado estaría utilizando en otras empresas, donde incluso ha presentado cuadernos de control de asistencia originales que deberían haber estado –como lo establece la ley- en manos de la empresa y no del trabajador.

LA AYUDA DE UN PODER OSCURO

Sin embargo, el gran éxito logrado por RAYMUNDO IBAÑEZ en las cientos de demandas presentadas contra la UPAO y otras empresas, como SECURITAS, no se hubiera logrado si este abogado no hubiera encontrado un entorno judicial favorable a sus intereses, entorno que se explica por la presencia de un magistrado que constituye el centro de toda la red de jueces que favorece a dicho abogado: el Dr. VICTOR CASTILLO LEON.

El doctor CASTILLO LEON es natural de Cajamarca, y entró a trabajar como juez provisional en La Libertad desde julio de 1996. En junio del 2002 fue nombrado juez titular laboral, mientras en junio del 2007 fue nombrado como vocal superior provisional mediante Resolución No. 463-2007-P-CSJLL/PJ. En agosto del 2009, luego de superar el respectivo concurso de méritos, fue designado por el CNM como juez superior laboral titular de La Libertad mediante Resolución No. 387-2009-CNM. Gracias a este nombramiento, además, CASTILLO LEON fue excluido del proceso de ratificación que le correspondía gracias a lo dispuesto en el art. 97° de la Ley de la Carrera Judicial, Ley 292777. En enero del 2011, mediante Resolución Administrativa No. 001-2011-P-CSJLL/PJ, fue designado como miembro de la Primera Sala Laboral de La Libertad, ocupando dicho cargo hasta la actualidad. Es además docente en la Universidad Nacional de Trujillo y en la Universidad César Vallejo.

Para muchos de sus alumnos, el doctor CASTILLO LEON es poco menos que el eje del “nuevo laboralismo peruano” que se expresó con la NLPT. CASTILLO se considera además un férreo defensor de esta norma y de la introducción de la oralidad en el proceso laboral, mostrando en las resoluciones que dicta a través de la Primera Sala Laboral –donde permanece atornillado desde hace varios años- una posición sumamente “radical” a favor de los trabajadores y en contra de las empresas, como lo muestra claramente la presente cita de una de sus sentencias:

“la actuación de la prueba y el mecanismo de convicción judicial está marcado por el principio de la oralidad (…) de modo tal que el juez le da la razón a la parte que logra persuadirlo mediante la actuación probatoria oral; contrario sensu, el juez no da la razón a la parte que, no obstante haber comparecido al proceso oportunamente, contestado la demanda y ofrecido sus pruebas, sin embargo, no demuestra la diligencia necesaria al momento para presentarse al momento estelar del proceso, la audiencia de juzgamiento…”

“La inconcurrencia de la parte procesal a dicha efeméride (la audiencia de juzgamiento) constituye expresión de total indiferencia y desinterés con el logro de los fines de la prueba y, por tanto, con la posición misma adoptada por la parte en la fase postulatoria del proceso. Desde esta perspectiva sistémica de la prueba, la inasistencia de la parte demandada a la audiencia de juzgamiento habilita plenamente al juez a obtener las conclusiones más radicales posibles en contra de la parte incompareciente” (el subrayado es nuestro).

En otras palabras, pobre de la empresa que no acuda a una audiencia oral con el Dr. CASTILLO LEON, porque claramente pagará incluso hasta lo que no debe. Lo peor del asunto es que, además de ser cabeza visible de esta Sala –la única además que atendía hasta hace poco todos los casos iniciados bajo la NLPT[6]- este ha sido el principal responsable de la comisión distrital encargada de la implementación de la NLPT en La Libertad. Esta posición privilegiada le ha permitido a CASTILLO LEON decidir qué número de juzgados laborales se requieren o cuáles son los que se encargarán de aplicar el nuevo proceso laboral, dar su opinión en el caso de designarse o cambiar a jueces provisionales –que aún son la mayoría en el área laboral- e incluso pronunciarse respecto a la contratación de personal administrativo. En otras palabras, CASTILLO LEON tiene poco menos que la capacidad de conformar los despachos laborales a su voluntad y discreción.

Sin embargo, de acuerdo a nuestras fuentes, el poder de CASTILLO LEON en la justicia laboral liberteña no se reduciría a lo señalado (que ya es bastante poder). Pasando por encima de sus atribuciones, CASTILLO LEON suele reunir a los jueces laborales para señalar expresamente cómo deben resolver en determinados casos, imponiendo de esta manera el criterio que a él le parece mejor. Peor aún, cuando alguno de los jueces se atreve a cuestionar “su” interpretación de la ley laboral, CASTILLO LEON le pone la cruz y no para hasta cambiarlo, buscando de esta manera mantener a todos los jueces laborales bajo su control, sin permitir ninguna decisión en contra, lo que constituye una clara violación a la libertad e independencia de criterio que debe tener todo magistrado.

A decir de los entrevistados, este poder jerárquico e incuestionable podría estar ocultando entonces algunos “arreglos” bajo la mesa entre este magistrado y algunos abogados como RAYMUNDO IBAÑEZ, dado que de otro modo no podría explicarse su ahínco porque todos los jueces de la Corte apliquen su “interpretación” de la norma procesal a pesar de no ajustarse necesariamente a lo dispuesto en la ley o a una evaluación racional y sana de las pruebas. De acuerdo a lo narrado por nuestras fuentes, por ejemplo, CASTILLO LEON habría impuesto precisamente entre los jueces laborales la “interpretación” que favorecía a los ex trabajadores de Minera Quiruvilca –que detallamos en el informe mencionado- para obtener indemnizaciones mediante certificados médicos fraguados, ya que habría dicho a los jueces a cargo de esos casos que no insistieran en verificar si los certificados que se presentaban eran falsos o no solicitando las historias clínicas ante ESSALUD, aduciendo que ello solo “retrasaba” los procesos y que bastaba utilizar el art. 29º de la NLPT, referido a las presunciones legales derivadas de las conductas de las partes, para poner fin a los mismos[7].

En el caso particular de RAYMUNDO IBAÑEZ, hemos visto cómo CASTILLO LEON fue uno de los magistrados que apoyó a aquel en la primera demanda que presentó contra la UPAO para el pago de sus vacaciones extras; igualmente, la Sala a su cargo dio el visto bueno a las demandas laborales presentadas por GUERRA CRUZ y QUISPE VILLANUEVA, definiendo de esta manera una línea de interpretación –como en el caso del pago de los 60 días de vacaciones- que le ha permitido a RAYMUNDO IBAÑEZ auspiciar un torrente de demandas en contra de esta Universidad, todas las cuales han sido también oleadas y sacramentadas por CASTILLO LEON y los integrantes de la Primera Sala Laboral. Cabe señalar que la UPAO ha presentado sendas quejas a la ODECMA y a la Fiscalía Suprema de Control Interno contra CASTILLO LEON y los otros jueces superiores, sin que hasta el momento haya una investigación o un pronunciamiento claro respecto de la conducta abusiva de estos jueces.

Otros indicios recientes parecen mostrar, además, que CASTILLO LEON no sería el único magistrado que estaría asumiendo posturas demasiado favorables a estos abogados que trafican demandas laborales contra reputadas empresas. Solo hace unos días, dos juezas provisionales a cargo de juzgados laborales que ven casos del NLPT, CECILIA BENITES LA PORTILLA y OLENKA CARPIO NAVARRO, fueron repuestas en sus juzgados de origen debido a que contaban con múltiples quejas ante la ODECMA. Cabe señalar que CARPIO NAVARRO fue acusada, en agosto del 2014, por prevaricato, al haber aceptado una demanda de amparo interpuesta de manera irregular por QUISPE VILLANUEVA contra la UPAO. Junto con ellas, la jueza KARLA CASTILLO CASTRO –a cargo del Tercer Juzgado Laboral- tiene también una queja ante la ODECMA por impedir sistemáticamente que se eleve a la Sala la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se precisa que los docentes universitarios solo gozan de un período vacacional de 30 días, a pesar de existir una orden expresa para ello del juzgado constitucional de La Libertad, dado que ello le cerraría parte del “negocio” a RAYMUNDO IBAÑEZ.

LA EXPANSIÓN DE UN “MODUS OPERANDI” MAFIOSO

Sin embargo, no solo las demandas que RAYMUNDO IBAÑEZ presenta en contra de la UPAO son las únicas que de manera extraña vienen siendo atendidas rápidamente por algunos jueces de la especialidad laboral de la Corte Superior de La Libertad. Hasta donde hemos averiguado, otras empresas que se han visto afectadas por el “modus operando” de este abogado son SEDALIB (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad), la empresa de seguridad privada SECURITAS y el propio Poder Judicial.

En el caso de SECURITAS, por ejemplo, las fuentes consultadas señalan que RAYMUNDO IBAÑEZ ha tomado contacto con ex supervisores de esta empresa que, sea por iniciativa propia o a pedido de éste, han sacado copias de los cuadernos de control de asistencia de los vigilantes que son enviados a trabajar en empresas mineras, las que de acuerdo a ley son solidariamente responsables por las obligaciones laborales de dichos trabajadores. Inicialmente, estas demandas pretendían reconocer alguna liquidación mal calculada o algún involuntario error administrativo que afectaba los derechos laborales de; sin embargo, estas demandas han derivado en demandas millonarias que están poniendo en jaque a dicha empresa.

De acuerdo a los abogados de la empresa, el problema central es que para los jueces laborales de La Libertad, los trabajadores solo tienen que probar la existencia de vínculo laboral, mientras que a las empresas les exigen probar el cumplimiento estricto de sus obligaciones laborales, además de no recaer en ninguno de los supuestos en que se aplican las presunciones señaladas. Así, siguiendo la postura “radical” de CASTILLO LEON, los jueces entienden que las empresas “obstaculizan” la actuación probatoria simplemente por decir que no cuentan con o no encuentran los cuadernos de control de asistencia, bastando con que los trabajadores presenten copia simple de una hoja de dicho cuaderno para que los jueces asuman que la empresa está ocultando información y, con ello, dando por ciertas todas las afirmaciones de los trabajadores sobre el vínculo laboral.

Esto ha llevado incluso a que algunos jueces asuman pedidos que van más allá de lo que exige la ley –por ejemplo, que presenten cuadernos de control de años anteriores a los señalados expresamente por el trabajador, solo para “comprobar” si entonces no hubo vínculo laboral- o que no se pidan pruebas simples que podrían favorecer a la empresa, como ocurrió en el caso SANCHEZ ABANTO, caso que dicha empresa perdió por no entregar copia de los certificados de salud del trabajador cuando ello pudo ser solicitado por el juez a ESSALUD. Lamentablemente, este sería un problema que no solo está enfrentando SECURITAS sino diversas empresas de la región, lo que está siendo aprovechado hábilmente por algunos abogados –como RAYMUNDO IBAÑEZ- para poder sacar buenas tajadas a estas empresas, debido a la interpretación laxa que siguen los jueces en favor de los trabajadores, interpretación que además suele ser defendida por CASTILLO LEON y los miembros de su Sala, cerrando de esta manera un círculo por demás vicioso.


ALGUNAS PREOCUPANTES CONCLUSIONES

Los hechos presentados son, como puede verse, bastante preocupantes, y merecen a nuestro entender una necesaria intervención de parte de la OCMA y de instancias como el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a fin de ir corrigiendo una serie de irregularidades que estarían permitiendo el funcionamiento de una red de corrupción dentro de la justicia laboral de la Corte Superior de La Libertad.

Esta red estaría prosperando merced a tres factores que es necesario atacar: primero, la ubicación de una Sala Laboral que ve de manera única y exclusiva casos relativos a la NLPT, lo que impide contrastar criterios que permitan una visión más ponderada de dicha norma; segundo, la presencia de un juez todopoderoso e intocable que no solo dirige dicha Sala sino que tiene injerencia –formal y fáctica- en el funcionamiento y decisiones de los juzgados laborales de menor nivel, lo que le permite imponer su criterio por más antojadizo que éste sea; y tercero, la presencia de un abogado que cuenta con un “modus operandi” que le permite atacar las debilidades de las empresas o universidades –debilidades que, valgan verdades, derivan también de incongruencias de la propia normativa laboral como es el caso de las vacaciones a docentes- para obtener sumas millonarias, sumas que no llegan siempre a manos de sus supuestos beneficiarios.

De esta manera, si bien el cambio del modelo procesal en materia laboral no deja de ser aplaudido, lo cierto es que la implementación de esta norma viene facilitando la presencia de entornos como el señalado, frente al cual las empresas tienen poca o ninguna protección. De esta manera, si antes el error de la legislación laboral era ser muy laxos con las empresas que no cumplían con sus obligaciones laborales –especialmente en el período fujimorista- hoy el péndulo se ha ido a extremo opuesto, igualmente peligroso y dañino, al abrir espacios para que las empresas se vean desbordadas por demandas sin sustento real alguno que en muchos casos las llevan a la quiebra a las fuerzan a pagar sumas millonarias que afectan su economía.

Hoy, esta situación está llevando a que muchas empresas prefieran no contratar a trabajadores a tiempo completo o incluso a volverse informales, ya que el riesgo de una demanda laboral que las deje sin recursos es muy grande. Una salida evidente es poner mayor cuidado en el registro de sus obligaciones laborales, pero ello implica también costos que muchas empresas no pueden asumir. Por ello, y a fin de no llegar a una situación en la cual la calidad del empleo y de las inversiones no se vea afectada, parece necesario romper con este círculo vicioso en el que se ha caído en la justicia laboral. Para ello, también es necesario que la comunidad de abogados de La Libertad deje de mostrar indiferencia hacia lo que viene ocurriendo, si es que quieren realmente que su Corte sea digna de ser mostrada como una corte con baja corrupción, en vez de recibir premios que no reflejan la magnitud de lo que viene funcionando en sus narices.

[1] Ver “ODECMA La Libertad gana por 2do. año consecutivo Los Premios OCMA 2015”, Diario Nuevo Norte, 28 de octubre del 2015, pág. 2.

[2] Ver “Mafias pretenden quebrar la débil mano de la justicia”. Diario La Industria, 28 de octubre del 2015, pág. 2.

[3] Ver Informe ProJusticia “Quiruvilca: La Trampa de los Certificados Médicos”. Este informe, publicado a fines del 2013, puede ser encontrado en nuestra web: www.projusticia.org.pe.

[4] Ver “Alejandro Quispe pierde medida cautelar contra la UPAO”. Tomado de: http://nnperu.blogspot.pe/2012/04/alejandro-quispe-villanueva-pierde.html.

[5] Ver “destapes de la Audiencia TC Alejandro Quispe-UPAO”. Tomado de: http://nnperu.blogspot.pe/2012/04/destapes-de-la-audiencia-tc-alejandro.html.

[6] Hace solo unas semanas, la Segunda Sala Laboral de esta Corte, integrada actualmente por los jueces EDUARDO ALONSO PACHECO YEPEZ, RICARDO ARTUTO MIRANDA RIVERA y JOSE MARTIN BURGOS ZAVALETA, ha sido facultada también para ver casos regulados por la NPTL.

[7] Artículo 29.- Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes.- El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes.

Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o responde evasivamente.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Bueno habría que diferenciar dos cosas: El primero: El conocimiento jurídico de la NLPT y por ende una buena defensa (oí alguna vez que la defensa de Upao, en algunos casos tuvieron que suspender la audiencia y reprogramar porque no sabía lo que era la casilla electrónica(pensaba que era lo mismo que el correo electrónico-) Sin embargo, en el segundo caso, al margen del informe que pareciera haber sido redactado en la propia Upao, por el gran contenido "político" contra ex funcionarios, hasta dónde sé también por fuentes cercanas, en el caso del ex rector Guerra Cruz, si ganó dicha suma de dinero, fue porque la defensa de la Universidad no apeló la sentencia (la idea si no está ajustada a derecho, es no pagar e impugnar). Lo peor de todo, si luego te hacen el cálculo de intereses legales, basados en lo que aceptaste pagar como capital, podrían fácilmente haberse opuesto, y presentar los recursos que la ley faculta; tampoco lo hicieron (cito fuentes del PJ, de juzgados laborales, quienes murmuraron por buen tiempo, no solo la mala defensa que tenía la UPAO, sino el hecho de llegar al extremo de no haber apelado-según comentan-, lo curioso de todo es que, en casos donde las sumas eran altas, en varias "venció el plazo para apelar")

Anónimo dijo...

Es facíl culpar a otros de sus errores e incapacidad, los docentes que iniciamos juicios contra la UPAO por beneficios sociales, ganamos nuestros derechos (después de cuatro años) en base a una buena defensa, teniendo en contra el manejo oscuro y el poder político que tiene la Universidad. Derechos que los reafirma la nueva ley Universitaria.

Es muy seguro que el actual asesor legal después que lo saquen del cargo por inepto, también inicie sus juicios por beneficios sociales.

Si no es legal lo que pedimos, según comentarios de administrativos de la Universidad ¿por que la mujer del difunto rector sin necesidad de juicios laborales y con la anuencia del asesor legal, el Ing Reyes; ya cobro sus benéficos por vacaciones no pagadas?