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viernes, 8 de abril de 2016

PANAMÁ PAPERS


Por Lia Patricia Hernández (Abogada especializada en derecho mercantil y nuevas tecnologías).

El 3 de abril fue un día histórico para Panamá en las redes sociales. Nos convertimos en ‘trending topic’ mundial, hecho jamás acontecido en un pequeño istmo de casi cuatro millones de habitantes. La razón: se desvelan los resultados de una investigación periodística llamada: Panamá Papers.

Los llamados papeles de Panamá (o mejor conocidos con los ‘hashtags’ en inglés #PanamaPapers y #PanamaLeaks) son más que una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Son el resultado de una filtración masiva de información que, a través de un tercero anónimo, llegó a manos de este consorcio periodístico, el cual, por meses, se encargó de recibir, revisar, clasificar, estudiar y analizar más de 11,5 millones de documentos provenientes de la base de datos de uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Panamá. Los papeles de Panamá son considerados la fuga de información más grande de la historia, luego de Wikileaks, Cablegate, Swissleaks y Luxleaks.

El problema consiste en el acceso a información confidencial de una firma de abogados con más de 40 años de experiencia en el sector legal panameño denominada Mossack y Fonseca (Mossfon), cuyos principales clientes eran figuras públicas e internacionales, jefes de Estado y gobierno, miembros de casas reales, deportistas y celebridades, entre otros. Y quienes principalmente acudían directamente o a través de intermediarios a Mossfon para constituir sociedades ‘offshore’ bajo la jurisdicción panameña.

Las ‘offshore’ son un tipo de sociedad mercantil de común incorporación en lugares como Suiza, Hong Kong, Delaware en Estados Unidos, Singapur, las Islas Caimán o Luxemburgo, y tienen como principal particularidad el principio de territorialidad. Es decir, todos los ingresos generados por una ‘offshore’ fuera del territorio del país de su constitución (en este caso, fuera de Panamá) están exentos del pago de ciertos impuestos.

Constituir una sociedad ‘offshore’ en Panamá es una gestión completamente legal que solemos hacer los abogados. El punto ilícito se encuentra cuando dichas sociedades se utilizan para fines contrarios a los señalados en sus estatutos (como lavado de dinero, malversación de fondos, evasión fiscal, por mencionar algunos).

Desde el punto de vista de la relación cliente-abogado se pone de manifiesto el tema del tratamiento de los datos personales de terceros y nos preguntamos si Mossfon utiliza sistemas informáticos idóneos para la protección de los mismos. Por otro lado, es relevante destacar el tema de la transparencia y la liberación de datos de sujetos políticamente expuestos y en qué casos es posible la publicación de dicha información. 

En conclusión, ¿quién es el culpable por la difusión del contenido de los papeles de los clientes de dicho despacho de abogados panameño? Mossfon por su carencia de medidas de seguridad informática o la ICIJ y la persona anónima que filtró la información, por destinar al dominio público documentos privados y de carácter personal sin la debida autorización (tal y como señala el artículo 166 del Código Penal de Panamá).

Nuestra principal preocupación es la reputación de la marca Panamá y las repercusiones que producirá nuestra imagen como país ante organismos internacionales como la OCDE y la GAFI, que nos han excluido del listado de naciones consideradas paraísos fiscales debido a la implementación de medidas en pro de nuestra seguridad jurídica como plataforma internacional de servicios.

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