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domingo, 31 de julio de 2016

Divididos - Par Mil

Ollanta Humala y su nueva vida tras el furor del poder

Aunque la vida del ahora expresidente de la República Ollanta Humala Tasso dará un giro radical al haber concluido su gobierno, hay algunas condiciones de su etapa de jefe de Estado que mantendrá y que son parte de los derechos adquiridos por haber servido a la Nación.

Su pensión vitalicia será de S/15,600 mensuales. Además, se le asignará un vehículo con chofer y vales de gasolina por S/5000 cada mes, así como un seguro de salud en una entidad prestadora de salud (EPS). Estos últimos son solventados por el Poder Legislativo, según explicó el ex oficial mayor del Congreso José Cevasco.

También, como es tradicional, continuará siendo resguardado por la Policía. Según fuentes de Palacio de Gobierno, serán 14 policías, divididos en dos turnos, los que brindarán seguridad al exmandatario, a su esposa Nadine Heredia y a los tres menores hijos de ambos.

DESPEDIDA. El expresidente Ollanta Humala empezó a despedirse de Palacio de Gobierno hace dos meses. De la Casa de Pizarro, en la cual no vivió en sus cinco años de gobierno, empezó retirando los juguetes de sus hijos. Luego se llevó los regalos que le hicieron autoridades y comunidades. Senecesitaron dos camiones para mudar dichos objetos.

En los últimos días, Humala solo contó con material mínimo en su despacho, según informaron fuentes de Palacio, para culminar la mudanza.

NUEVA VIDA. El excongresista nacionalista Santiago Gastañadui reafirmó que Humala se dedicará a fortalecer al Partido Nacionalista. “Esto implicará que viajará por todo el país para crear nuevas bases en la organización”, expresó.

Sobre la pensión vitalicia que recibirá Humala, Gastañadui recalcó que el exmandatario solo puede recibir la de excomandante del Ejército o la de expresidente. “El presidente tiene que elegir entre una de las dos. Yo escogería la pensión de expresidente. Él tiene carga familiar; además, tiene algunas investigaciones y tiene que contratar abogados”, sostuvo Gastañadui.

sábado, 30 de julio de 2016

viernes, 29 de julio de 2016


RASU ÑITI EN CONCIERTO


EL ABRAZO OBAMA- CLINTON



AGUA PARA TODOS, PERO DE VERDAD



Al resumir las prioridades de su gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski mencionó en primer lugar el agua: que en el 2021 todos los peruanos tengan servicios de agua y desagüe que funcionen las 24 horas del día. Un buen comienzo. No vamos a discutir si debió poner primero a la seguridad o a la educación. Por su impacto en la salud y en la calidad de vida, el agua tiene que ser uno de sus objetivos primordiales.

Un 20% de peruanos no tiene una conexión de agua dentro de su casa, o sea, seis millones de personas. Entre la población rural la proporción se duplica. Hay además un 35% a nivel nacional y un 85% a nivel rural que no tiene desagüe. Peor aún, todos esos porcentajes son engañosos porque, aunque haya conexión, la disponibilidad de agua puede no ser de más de dos horas al día.

Es difícil decir a priori cuánto costará alcanzar la meta trazada por el Presidente en su discurso inaugural. Todo depende de qué se necesite hacer en cada sitio. En algunos habrá que construir una planta y una red de tuberías; en otros, arreglar lo que ya existe, darle el mantenimiento adecuado o simplemente mejorar la operación. El Ministerio de Vivienda debería comenzar con un diagnóstico rápido y factual. (Si empieza diciendo que “en el marco del proceso…”, no va a llegar a nada útil.) Sobre esa base, se puede costear el plan de inversiones. Ya será cuestión del liderazgo que ejerza el Presidente que el presupuesto de la república asigne, año tras año, los recursos necesarios.

Pero no menos importante que presupuestar las inversiones es pensar cómo se va a hacer para que la nueva infraestructura se utilice eficientemente. Uno de los grandes problemas de los servicios de agua y desagüe, donde los hay, es que las empresas que los prestan están bajo control de las municipalidades. Y las municipalidades, por razones políticas, suponemos, se resisten a cobrar tarifas que cubran los costos de operación y mantenimiento. No debe sorprender a nadie que los servicios sean deficientes, que haya cortes de agua, que la pureza no sea la esperada.

Asegurar una buena operación será un reto mucho mayor que construir las plantas y las redes. Dudamos de que el gobierno central disponga de medios eficaces para conseguirlo. Si el Presidente es reacio a la idea de la privatización de las empresas de agua o la encuentra políticamente inviable, tendrá, por lo menos, que impulsar las concesiones. Es más factible obligar a un concesionario privado a cumplir con los estándares de servicio y calidad que a una empresa pública.

Son varias las experiencias exitosas de concesiones privadas. La planta del Río Chillón, por ejemplo, que desde hace quince años le da a Lima entre uno y dos metros cúbicos por segundo; las obras de trasvase de Huascacocha; la recientemente inaugurada planta de tratamiento de aguas residuales de La Chira; la de Taboada. Y hay otros proyectos esperando una decisión del gobierno, como las Obras de Cabecera para Sedapal y varias iniciativas privadas a lo largo del país. Habría que encargarle a Proinversión que diga pronto si son o no buenos proyectos y, de ser el caso, ponerlos en ejecución.

Otra cosa antes de terminar. En la avenida República de Panamá, en Miraflores, hay en ciertas esquinas unos carteles que dicen “Roosvelt” (sic). ¿Para qué quieren ponerle un nombre que ni siquiera saben deletrear?

jueves, 28 de julio de 2016

EL DISCURSO BONACHÓN


Por Johnson Centeno.-

Bonachón: De genio dócil, crédulo y amable, según el DRAE. Francamente, si este va a ser el talante del Gobierno de PPK, desearía que el tándem Ollanta- Nadine se quedara en Palacio por el próximo quinquenio: nadie mejor que ellos para representar un estilo timorato, acomplejado y en automático. Y es que después de vendernos la hoja de ruta y deshonrar sus propuestas de campaña, estando como estamos en azul, nada peor podría pasarnos.

PPK, pues, ha debutado con cantos de sirena en su mensaje presidencial. Un país que demanda reformas urgentes y necesarias no pierde el tiempo buscando la zalamería desde las tribunas. En el mismo instante que el gringo pedía que sus principales alfiles se pusieran de pie y ensayaran su mejor sonrisa, en el sur los niños y animales se siguen muriendo de hambre, la gente de a pie casi no quiere salir de sus casas por la inseguridad, el trabajador ya no tiene voz para reclamar el reconocimiento de sus beneficios laborales, y los procesados en el Poder Judicial esperarán sentados un año más para que les dicten —por fin— sentencia. Quienes están felices desde el mediodía del mensaje son los nuevos agentes que rodean Palacio, los nuevos ‘Blumes’ que asesorarán para que “no haya más pobreza”, y los salientes, claro, que ya desfilan en olor de inmunidad. A ellos estuvo dedicado su tocada de flauta, y son ellos lo que le harán ‘olas’ en los próximos cinco años.

PPK ha sentido la pegada de los keikistas en el Congreso, y ha decidido replegarse como un bufón, apocado, pusilánime. No ha querido entrar al juego de tronos: su altura no le alcanza para ser un Tyrion Lannister en el camino del poder; más lo siento representando al secundario Varys, el eunuco. 

PPK debió comprometer a los del grupo naranja, dado que su concurso es vital para el buen manejo del país. Invitarlos a la fiesta. Pero no. Ninguna referencia, ninguna mención a sus votos absolutos. Comprometer su visión con toda la fauna política es la primera gran reforma que se esperaba; de otro modo, PPK jugará a ser una víctima permanente, y ya tenemos mucho de cierre de congresos y tanques en las calles. Si es inteligente, al reo más preciado lo tendrá reservado para un canje mayor, o lo mandará al desgaire como hizo Ollanta. Menudo trabajo el de Zavalita, su primer ministro.

Llevar agua y desagüe a todos los peruanos, prestar un servicio de salud pública de calidad, formalizar el país hasta el máximo posible, construir una infraestructura para el desarrollo, liberar a nuestra patria de la corrupción, discriminación e inseguridad, luchar con transparencia contra estos flagelos históricos es el estribillo que se repite cada cinco años, es la misma “agenda democrática” para el cantante de turno. Palacio debería patentarlo junto con una coreografía de los Húsares de Junín, así tendríamos un nuevo campo en el Escudo del Perú, junto con la vicuña, la quina y la cornucopia.

Sus alusiones al bicentenario siguen el mismo patrón emocional. El futuro no existe, o sirve tanto como el pasado. Es incierto como su existencia física de aquí a unos años. Hay problemas que resolver ahora mismo, no mañana. Lo de mañana déjalo para el Papa argento. 

Un discurso bonachón como el enunciado no es un mensaje inaugural en un país como el nuestro, sino para un templo mormón o para los viejos rotarios. PPK apostó por el aplauso fácil, por la palmadita en el hombro y el brindis con tinto Tabernero. Mejor se lo hubiera encargado al ‘PPKuy’.


#Perú2016: ANÁLISIS DEL DISCURSO PRESIDENCIAL - PARTE 1/3



Mensaje a la Nación de Ollanta Humala

miércoles, 27 de julio de 2016


Chicha Dust - Como un Ave

DOCENTE UNT SEGUNDO RIVERA TICILIA EXIGIÓ SEXO A SU ALUMNA


El conocido catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y exdirigente del Apra en La Libertad, Segundo Rafael Rivera Ticlia (65), está en graves problemas con la Justicia.

La noche del lunes fue capturado por la Policía tras ser denunciado por una de sus alumnas por supuestamente haberle exigido relaciones sexuales a cambio de aprobarla en su curso.

Al docente se lo detuvo a las 8 de la noche del lunes al interior de la habitación N.º 129 del Hotel Miami, de la Mz 21, lote 9 de la urbanización El Bosque, hasta donde citó a la estudiante de iniciales C.O.C.C. (20), para que cumpla con su pedido, y de esta manera colocarle la nota aprobatoria.


VER INFORME COMPLETO

Bertin En tu casa o en la mia Alejandro Sanz

domingo, 24 de julio de 2016

OLIGARQUÍA Y DEMAGOGIA



Por qué no volvemos a los clásicos y aceptamos que la democracia no es viable en territorios extensos con sociedades complejas? El reciente referéndum del Brexit,así como anteriores experiencias de referendos y plebiscitos a grandes escalas sobre problemas importantes y difíciles, así lo sugieren. De hecho, en varios casos en la Unión Europea, el resultado de un referéndum ha sido revocado por representantes electos (como la Constitución de la UE o el rescate de Grecia).

La toma de decisiones directas por todos los miembros de una comunidad es un mecanismo propio de la asamblea popular en un barrio o ciudad, una asociación profesional u otros grupos pequeños cuyos miembros se conocen directamente, los problemas que se abordan son simples y fáciles de entender y todo el mundo sabe cuál es el objetivo común que la acción colectiva a ese micronivel debe perseguir. No funciona en ámbitos más amplios en los que hay diferencias y conflictos de intereses y valores cuya resolución requiere competencia técnica, un cierto distanciamiento emotivo de los problemas, negociaciones, pactos y apertura mental.

Esta forma de gobierno siempre se consideró viable solo en comunidades pequeñas y homogéneas y no en unidades de mayor escala, como la mayoría de los Estados modernos. Esta fue sin duda la doctrina griega clásica. Platón creía que una comunidad política debe ser pequeña para poder ser “coherente con una unidad” de propósito entre sus miembros. Aristóteles observó que “todas las ciudades que tienen una reputación de buen gobierno tienen un límite de población”. 

Aun en los albores de los regímenes liberales y representativos modernos, la democracia era un concepto difícil de reciclar. Jean-Jacques Rousseau afirmó que un gobierno democrático presupone “una comunidad muy pequeña, donde las personas pueden reunirse fácilmente y donde cada ciudadano puede conocer con facilidad a todos los demás”, mientras que, por el contrario, “cuanto mayor es un país, menor es la libertad”.En la democracia clásica antigua, basada en la ciudad, el pueblo, en primer lugar, votaba sobre las políticas públicas y, en segundo lugar, seleccionaba delegados por sorteo para que ejecutaran sus decisiones. Los delegados no eran representantes del pueblo, sino solo mandatarios para ejecutar instrucciones imperativas de la asamblea. Rendían cuentas de su trabajo y podían ser sancionados por su desempeño.

Cuando se deliberaba sobre las posibles fórmulas institucionales para la nueva gran entidad política que se llamaría Estados Unidos de América, James Madison introdujo una prudente distinción entre “democracia” y “república”. La primera, “una democracia pura”, requeriría un pequeño número de ciudadanos “que se reúnen y administran el gobierno en persona”. La segunda, “la república”, fue concebida como un gobierno representativo en el que algunos funcionarios electos se reúnen y administran el gobierno en nombre de los ciudadanos. La expresión “democracia representativa”, estándar durante el siglo XX, se consideraba una contradicción.

Mientras tanto, en Gran Bretaña, un miembro de la Cámara de los Comunes, Edmund Burke, había enunciado la doctrina de la independencia de los representantes que se consagraría en todas las Constituciones modernas. A sus votantes de Bristol les dijo: “La de los votantes es una opinión de peso y respetable, que un representante siempre tiene que escuchar con placer y debe siempre tener en cuenta. 

Pero las instrucciones imperativas, los mandatos vinculantes que un representante debería estar obligado a obedecer ciegamente, a votar y a defender… se basan en un error fundamental de todo el orden y tenor de nuestra Constitución”. Burke sostuvo, por el contrario, que los parlamentarios debían actuar de acuerdo con su buen juicio y en conciencia, de modo que el Parlamento fuera independiente de sus votantes.

En Estados grandes y sociedades complejas, la fórmula moderna del gobierno representativo comportó, pues, la sustitución de la democracia como el gobierno de las masas por la promesa del gobierno de los mejores, es decir, la clásica aristocracia. Primero se eligen representantes sin ningún mandato imperativo sobre políticas públicas y luego los representantes electos toman decisiones en nombre del pueblo.

En la práctica, los electos actúan con un gran margen de discrecionalidad y con nulo control posterior de su gestión; solo se someten a un posible rechazo de su reelección. Ya a principios del siglo XX, el sociólogo alemán Robert Michels observó ácidamente que era la organización de partido “la que engendra el dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los que delegan[...]. Vemos en todas partes que el poder de los líderes electos sobre las masas electoras es casi ilimitado”. Los procesos más recientes han confirmado y ampliado tal diagnóstico.

Cuando la eficiente formación de políticas públicas, así como la cualificación y la honestidad de los representantes, fallan, la clásica promesa aristocrática del gobierno de los mejores queda incumplida. Como reacción, la mayoría de los estudiosos han convergido en torno a una concepción minimalista de la democracia, que implica una retirada con respecto a las expectativas fundacionales. Winston Churchill anticipó la idea con su famosa ocurrencia. No se suele recordar que la completó con la observación de que “las multitudes permanecen hundidas en la ignorancia de los hechos económicos más simples, y sus líderes, cuando les piden sus votos, no se atreven a desengañarlas”. El criterio de evaluación que queda es simplemente que, a diferencia de las guerras civiles y las dictaduras, los gobernantes pueden ser destituidos por los gobernados sin derramamiento de sangre, por decirlo en palabras de Karl Popper.

En territorios grandes con sociedades complejas y problemas difíciles, la democracia directa y participativa degenera en demagogia, como vemos en los referendos y populismos de diversa factura en el momento actual. Pero con el monopolio de la representación y la gestión pública por los partidos políticos, en muchos lugares el gobierno representativo también ha degenerado en oligarquía. Las actuales alternativas de formas de gobierno no son, pues, las clásicas democracia y aristocracia, sino que se parecen más a sus versiones perversas: la demagogia y la oligarquía. Como decía G. Bernard Shaw, “la actual democracia sustituye las elecciones por las masas incompetentes por los nombramientos por la minoría corrupta”.

De acuerdo con la visión aristotélica, entre esas dos fórmulas, la aristocracia oligárquica podría ser considerada relativamente menos mala, ya que con “el gobierno de la turba” el demagogo populista tiende a implantar una tiranía, la cual es ciertamente la peor forma de gobierno. La observación encaja muy bien con los dilemas del mundo actual.

(*) Josep M. Colomer es profesor en la Universidad de Georgetown y autor de El gobierno mundial de los expertos (Anagrama).

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL


Tenemos a bien informar que se programó fecha para la Audiencia de Juicio Oral del Caso la Bonita para él 24 de Agosto del presente año en la provincia de Huamachuco, se espera el respaldo de la sociedad civil y solidarizarnos con nuestros hermanos integrantes de las Rondas Campesinas quienes vienen sufriendo un proceso judicial injustamente por parte de la empresa minera Consorcio Minero Horizonte y merecen nuestro total apoyo y respaldo para sobre llevar esta difícil situación que afecta a nuestras familias del ande liberteño. 

Como se recuerda la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad declaró nula la irregular sentencia a 35 años contra los ronderos Omar Castillo Manrique, Andrés Jara Zegarra y Segundo Castañeda, por participar de una marcha cívica de indignación en el marco de una protesta contra la empresa minera horizonte, atribuyéndoles injustamente la comisión de secuestro durante los actos de protesta social del 15 de Marzo del 2013, la Segunda Sala de apelaciones al declarar nula la irregular sentencia dispuso se deje sin efecto las ordenes de captura contra los integrantes de las rondas campesinas.

Así mismo los abogados defensores de los ronderos Danny Diaz y Mario Deza sostuvieron que solo esperan que el presente caso se resuelva dentro del marco de la Constitución y la Ley.

Atentamente:

Lily Fernández Lopez

Las "pintas" y "fintas" de la nueva juramentación


Sobrinos de Maduro detenidos en EE UU admiten integrar una red de narcotráfico


Dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, acusados de intentar transportar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos han admitido estar involucrados en una red de narcotráfico, según documentos judiciales. Los familiares del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuerondetenidos el pasado noviembre en Haití por la policía haitiana y agentes de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés), que los trasladaron a Nueva York. Ambos podrían ser condenados a cadena perpetua.

Los documentos de la fiscalía, registrados el viernes en el tribunal federal de Nueva York que lleva el caso, incluyen sumarios de las entrevistas que agentes de la DEA hicieron, durante el vuelo desde Haití, a Franqui Francisco Flores de Freitas, de 30 años, y Efraín Antonio Campo Flores, de 29. Según los registros de la DEA, explicaron que planeaban obtener la cocaína de un individuo que la recibía de la guerrilla colombiana de las FARC.

Las autoridades estadounidenses creen que la mayor parte de la cocaína producida en Colombia se distribuye a Europa y EE UU desde Venezuela. La detención, que fue criticada por el Gobierno de Maduro, tuvo lugar en un momento de crecientes investigaciones de EE UU sobre el supuesto papel de altos cargos venezolanos en el narcotráfico de cocaína. En diciembre, la fiscalía estadounidense acusó de tráfico de drogas al jefe de la Guardia Nacional de Venezuela, Néstor Reverol.

El juicio a los dos familiares de Maduro, que están detenidos sin fianza, se iniciará en noviembre. Los dos se han declarado no culpables. Su defensa pide que no se tenga en cuenta su testimonio a los agentes de la DEA porque, esgrime, no entendían completamente sus derechos bajo la ley estadounidense de permanecer en silencio.

Los documentos judiciales muestran cómo los dos acusados estaban involucrados en un plan para tratar de transportar cientos de kilos de cocaína desde Venezuela hasta Honduras para trasladarla desde allí a Estados Unidos. La cocaína la iban a comprar narcotraficantes mexicanos que en realidad eran informantes de la DEA. Los documentos incluyen fotografías de un vídeo que, según la fiscalía, muestra a uno de los detenidos con un bloque de cocaína.

Los sobrinos de la primera dama hablaron en reuniones en Venezuela, Honduras y Haití de transportar la cocaína a EE UU mediante aviones privados. Flores de Freitas admitió que su objetivo era “ganar dinero” y que esperaban recaudar cinco millones de dólares en la primera carga, con una ganancia personal de 560.000 dólares. Según los fiscales, esperaban ingresar hasta 20 millones de dólares en una serie de cargamentos.

Los dos detenidos dijeron a los agentes estadounidenses que, por ser quienes eran, no necesitarían ayuda del Gobierno, policías o militares venezolanos para sacar la droga por avión desde Venezuela, según el diario The Wall Street Journal. También explicaron que sus guardaespaldas los ayudarían en la operación.

Según los registros, Campo dijo inicialmente a los agentes estadounidenses que el objetivo de la operación de narcotráfico era ayudar a financiar la campaña electoral de su tía, la primera dama venezolana. Pero más adelante se desdijo y explicó que su familia desconocía sus planes, que “lo matarían” si se enteraran y que en realidad lo hacía por “el dinero”.

miércoles, 20 de julio de 2016

ANDANZAS DE SENSEI ELMER RODRÍGUEZ: ISLAS GUAÑAPE


SISMO DE 4.7 GRADOS DE MAGNITUD EN TRUJILLO NO OCASIONA DAÑOS


Un sismo de 4.7 grados de magnitud, con epicentro ubicado a 29 Kilómetros al Sur de Salaverry en La Libertad, con una profundidad de 88 kilómetros, se registró hoy a las 11:49 horas, según información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordinó con las autoridades locales de Defensa Civil y Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) quienes informaron que hasta el momento no se reportan daños personales ni materiales.

El INDECI, recomienda que en caso de sismo, se mantenga la calma y evite el pánico. Asimismo, elabore un plan de evacuación familiar y verifique las vías de salida, del mismo modo ubique las zonas de seguridad internas y externas.

El Perú, se encuentra ubicado en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. 

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, monitorea las zonas vulnerables en coordinación con las Oficinas de Defensa Civil.

23 Cosas Que No Sabías: Perú

GHOSTBUSTERS - Official Trailer (HD)


lunes, 18 de julio de 2016


SOBRE EL GOLPE EN TURQUÍA



El trágico balance de muertos en la intentona del pasado viernes y sábado, 265 según las últimas cifras oficiales, ensombrece la alegría por el fracaso de un golpe de Estado tan insensato como inaceptable desde cualquier parámetro democrático. Por muchos y muy graves que sean los problemas que enfrenta Turquía, que lo son, tanto en el frente interior como en el exterior, ninguno de ellos se hubiera solucionado con una toma del poder por parte de los militares. 

Al contrario, en las actuales circunstancias el triunfo del golpe y la eventual puesta de los destinos del país en manos de una junta militar sin duda habría generado una espiral de violencia, represión y abuso de los derechos humanos de incalculables consecuencias.

El fracaso del golpe demuestra que la democracia turca ha dejado atrás los tiempos en los que los militares podían hacer y deshacer a su antojo, ignorando la voluntad de la ciudadanía democráticamente expresada en las urnas, una madurez que debe inspirar ahora en el presidente Erdogan y sus seguidores el deseo de unir al país bajo un liderazgo abierto y en interés de todos, partidarios o no de Erdogan y su partido, el AKP.

Hay que alabar la reacción tanto de la población turca, que no se dejó amedrentar por los militares y salió a la calle a desbaratar el golpe, como la firmeza de las principales fuerzas de oposición, que no dudaron en ponerse inmediatamente del lado de la institucionalidad y la democracia; sin olvidar el papel de los medios de comunicación, que una vez más han demostrado cuán esenciales son como baluartes de la democracia y las libertades de los ciudadanos.

Erdogan, que sin duda sale notablemente reforzado de esta falida intentona, tiene todo el derecho a investigar y depurar, hasta las últimas consecuencias, a todos los elementos que desde los aparatos del Estado, valiéndose de los instrumentos que los ciudadanos han puesto en sus manos para garantizar sus derechos y libertades, se hayan vuelto contra ellos. 

Por el futuro de Turquía, y en honor a la memoria de los que han perdido la vida oponiéndose al golpe, debe quedar claro que ninguna institución ni persona puede estar por encima de la democracia ni la Constitución.

Una máxima esta que el propio Erdogan y sus partidarios también deberán aplicarse a sí mismos. Una vez pasado el momento del desbordamiento de la tensión, que ha dado lugar a algunas deplorables imágenes de linchamiento de los militares sublevados, es necesario que sea la justicia la que, con plena independencia, asuma la causa contra los golpistas y aquellos que les hayan apoyado. 

Nos preocupa en este sentido la destitución, el día después del golpe, de miles de jueces y fiscales, y la detención de diez magistrados del Tribunal Supremo. Son hechos que podrían minar aún más una separación de poderes que ya estaba en entredicho antes del golpe debido al continuo acoso de un Erdogan en clara deriva autoritaria. El fallido golpe debería servir para profundizar la democracia, consolidar el Estado de derecho y unir al país ante los graves desafíos que enfrenta, no para polarizar aún más a la sociedad.

domingo, 17 de julio de 2016

PRESENTACIÓN CORO CALL


El Coro del Colegio de Abogados de La Libertad, dirigido por Alfredo Estrada Zavaleta, participó como invitado en las actividades del Festival, organizado por la Parroquia La Noria, el sabado 16 de julio a las 7.00 p.m. con motivo del 42 aniversario institucional; interpretaron los temas: Las flores de mi bandera, Dame un nuevo corazón, Noche criolla, Veni baila tarantella y El sueño de Pochi.

El nuevo léxico que creó la Web



Advertencia para l@s amig@s lectores: para disfrutar completamente de esta nota hace falta un mínimo conocimiento del inglés, cosa que en tiempos de smartphones, apps y sales no requiere demasiado esfuerzo. Y si no, allí está Google translator para buscar ayuda. Claro, se trata de la Web, que también globaliza los juegos de palabras, más allá de los idiomas. 

Así, los estadounidenses, que ya inventaron el phubbing (prestarle más atención al celular que a las personas que uno tiene alrededor) y el ghosting (acción de desaparecer de la vida del otro dejando de mandarle mensajes y/o bloqueándolo de las redes), siguen dando muestras de su inagotable creatividad.

He aquí un pequeño glosario. Masturdating: ir en soledad al cine o a comer afuera. Hiberdating: freezar a los amig@s para salir solamente con un nuev@ novi@. Errorist: persona que no para de cometer errores. Nonversation: conversación banal, acerca de nada. Textpectation: sentimiento de ansiedad que aparece mientras se espera respuesta a un mensaje de texto o WhatsApp. Carcolepsy: condición de las personas que se quedan dormidas no bien comienza a viajar en auto o colectivo. Askhole: aquel que solo hace preguntas estúpidas u obvias. Internest: Nido de sábanas, frazadas, almohadas y almohadones que una persona junta a su alrededor mientras pasa muchas horas en la cama con Internet.

Y para el final, una bien gráfica. Karmasurta: cuando el destino abusa sexualmente de uno en mil formas, a cual más creativa.


sábado, 16 de julio de 2016

Lucho Miró Quesada presidente del Directorio de América TV

Andrés Badra gerente general de Latina Perú: Los mejores noticieros

Cancelan título de Notario Público Lina Amayo



Lima, 11 de julio de 2016

VISTOS, el Oficio N° 915-2016-JUS/CN/P, de la Presidenta del Consejo del Notariado; el Informe N° 115-2016-JUS/CN/ST, de la Secretaria Técnica del Consejo del Notariado; y, el Informe N° 574-2016-JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 460-89-JUS, de fecha 19 de julio de 1989, se nombra a la señora abogada Lina del Carmen Amayo Martínez como Notario Público de la provincia de Trujillo, expidiéndosele el título correspondiente;

Que, con el Oficio N° 915-2016-JUS/CN/P, de fecha 24 de mayo de 2016, la Presidenta del Consejo del Notariado, comunica la sentencia recaída en el Exp. N° 06891-2013 (Recurso de nulidad 04031-2013) de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 18 de marzo de 2015, que declara no haber nulidad en la sentencia de 24 de octubre de 2013 en los extremos que condena a Lina del Carmen Amayo Martínez y otros por el delito tributario – defraudación tributaria, y delito contable, en agravio del Estado, imponiéndole entre otras condenas, a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente;

Que, en el Informe N° 115-2016-JUS/CN/P, de fecha 16 de mayo de 2016, la Secretaria Técnica del Consejo del Notariado opina que al haberse emitido una nueva sentencia judicial firme por la comisión de un delito doloso, ha operado la causal de cese de la Notaria Lina del Carmen Amayo Martínez;

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1232, Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, el notario cesa por “haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme, independientemente de la naturaleza del fallo o la clase de pena que haya impuesto el órgano jurisdiccional”, por lo que habiendo operado dicha causal, resulta necesario expedir la correspondiente Resolución Ministerial de cancelación de título de notario otorgado en virtud al nombramiento efectuado a la señora abogada Lina del Carmen Amayo Martínez por Resolución Ministerial Nº 460-89-JUS, de fecha 19 de julio de 1989;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, modificado por Decreto Legislativo N° 1232, Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado; la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto Supremo N° 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Cancelar, por causal de cese por haber sido condenada por delito doloso mediante sentencia firme, el título de Notario Público del distrito Notarial de La Libertad, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, otorgado a la señora abogada Lina del Carmen Amayo Martínez.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución al Consejo del Notariado y al Colegio de Notarios del Distrito Notarial de La Libertad, y a la interesada, para los fines que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

viernes, 15 de julio de 2016

lunes, 11 de julio de 2016

Queen - Body Language (Official Video)

LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y EL CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN: APRECIACIONES SOBRE UNA PROBLEMÁTICA


Por Johnson Centeno.-

La presente investigación se orienta a la determinación de los principales puntos controvertidos que se pueden observar en la ejecución de los contratos de asociación en participación y consorcio, en función a su recurrencia de uso entre los que se dedican a los emprendimientos de construcción, particularmente en sus matices jurídicos y tributarios. Como puede fácilmente constatarse, estas modalidades contractuales han experimentado un particular apogeo en su celebración en nuestro país, estimulado especialmente por la dinámica económica que atraviesa el sector construcción. Los objetivos de este trabajo se dirigen a la identificación del estado de la cuestión y problemática de la práctica misma de este tipo de contratos y sus derivaciones tributarias, con el fin de ofrecer a los interesados un pormenorizado vademécum en torno a los intereses de la administración y las atingencias respecto de los contribuyentes frente a un proceso de fiscalización.

LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

1.- ANTECEDENTES

Uno de los tópicos en el mundo jurídico y económico que más se ha desarrollado en los últimos años es la contratación, trayendo consigo una serie de consecuencias en las distintas esferas donde se desarrollan las actividades humanas, lo cual demanda una crítica desde los diversos tópicos que lo abordan, no solo jurídicamente, en propiedad, sino también tributariamente. Como se constata en cualquier sociedad civilizada, la legalidad necesariamente debe estar acompañada por la legitimidad, la cual es proporcionada por la vigencia o validez social de las normas legales.

La primera Ley de Sociedades Mercantiles en nuestro país, de 1966, reguló el contrato de asociación en participación en sus artículos 398º al 406º, bajo la forma legal de un contrato nominado y típico. Tal como hoy la tenemos en la actual normatividad, se trataba de un contrato asociativo, en el cual las partes se unían para alcanzar un fin común a todos, sin dar nacimiento a una persona jurídica y sin afectar los intereses individuales de cada uno. Sin embargo sus caracteres esenciales lo convertían en una figura contractual que no era adecuada para los casos en que todos los contratantes deseaban actuar abiertamente.

Desde entonces se concibe a la asociación en participación como un acuerdo mediante el cual, el asociante permite, a cambio de una determinada contribución, el ingreso de un asociado a uno o varios negocios que el primero realice, por lo cual, podrá este último participar en los resultados del o de los mismos[1].

Luego de estos breves antecedentes recogidos por la vigente Ley General de Sociedades, y siendo nuestro tema su análisis tributario, debemos señalar desde ya que su regulación ha venido modificándose en los últimos años, especialmente con la dación de La Ley Nro. 27034, generándose posiciones encontradas en cuanto a su debida interpretación y/o aplicación. 

2.- DEFINICIÓN

Como ha quedado entendido líneas arriba, los Contratos de Asociación en Participación pueden entenderse como aquellos por los cuales un empresario denominado asociante, concede a una o más personas naturales o jurídicas, llamadas asociados, una participación en los resultados de una o más empresas o negocios específicos, a cambio de contribuciones o aportes en dinero, bienes o servicios, sin que el contrato de lugar a la formación de una nueva persona jurídica.

La finalidad de esta modalidad contractual es la de obtener la mayor posibilidad competitiva en el mercado: “si este es el objetivo del asociante, por el asociado la finalidad será participar en las ganancias de una empresa comercial sin verse obigado a intervenir en su gestión ni arriesgar mayor capital que el aportado”[2].

En este sentido, efectivamente, el artículo 440º de LGS define al contrato de asociación en participación legalmente como uno por el cual una persona, denominada asociante, concede a otras u otras personas, denominadas asociados, una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios o empresas del asociante, a cambio de una determinada contribución.

En esta línea de pensamiento, se puede entrever hasta dos tipos de intereses, a saber: uno común y otro individual; es decir, tanto asociante y asociado, persiguen la consecución de un determinado negocio que les brinde beneficios: el interés inmediato particular del asociante, será el de obtener capital sin las necesidad de recurrir a un préstamo, mientras que el estímulo del asociado, será el de invertir sus bienes sin tener que realizar actos de gestión alguno[3].

La participación del asociado ha quedado bien precisado en los alcances de esta modalidad empresarial, dado que participa en el riesgo y en el resultado del negocio determinado o de la empresa, pero no en la gestión: “El elemento «participación» en la sociedad consiste en el poder de formación de la voluntad social, en el poder de ingerencia y en el igual derecho a las utilidades frente al ente social”[4], con todas las ventajas que ello comporta para sus contratantes.

Respecto a terceros, los bienes aportados pertenecen en propiedad al asociante, a no ser que por la naturaleza de la aportación, fuere necesaria alguna formalidad, o que se estipule lo contrario y se inscriba la cláusula en el Registro respectivo donde el asociante ejerce el comercio[5].

3.- CARACTERÍSTICAS.

A continuación las principales características[6]:

a) Es un contrato, pues no se encuentra presente el affectio societatis, que es indispensable para la constitución de una sociedad. Valga mencionar que respecto de esto, nuestro ordenamiento señala que la Asociación en Participación no es una persona jurídica distinta a sus partes contratantes, que carece de razón o denominación social, ni requiere inscripción en los Registros Públicos.

b) El asociante actúa y responde en nombre propio, pues el negocio continúa siendo del asociante, por lo que, éste actuará en nombre propio. Asimismo, al tratarse de una figura que no requiere de inscripción alguna, la responsabilidad frente a terceros recaerá exclusivamente en el asociante.

c) Existe la presunción de propiedad los bienes aportados a la Asociación, es propio de la naturaleza de este contrato que, el asociante, gestor único del negocio o empresa, aparezca ante terceros como el propietario exclusivo del negocio y, por ende de los bienes que tengan la condición de contribuidos a favor de la asociación. Consecuentemente, los terceros tienen acción contra el asociante y contra los bienes referidos, mas no contra los asociados.

La LGS, en su artículo 443º contiene una norma de protección en favor de terceros que contraten con el asociante, al determinar que, respecto de terceros, los bienes contribuidos por los asociados se presumen de propiedad del asociante. Sin embargo, dicha presunción no opera si se trata de un bien que figure inscrito en el Registro a nombre del asociado.

d) El convenio sobre participación en los resultados del negocio o empresa, esto es respecto de la distribución de las utilidades y pérdidas del negocio, el que se encuentra libre de limitación y sometido a la autonomía de la voluntad de los contratantes. 

Sin embargo, en el supuesto que no hubiera pacto expreso entre las partes, se regirán por lo dispuesto en el artículo 444º de la LGS, que establece lo siguiente:

- Los asociados participan en las pérdidas en la misma medida que hayan pactado para las utilidades.

- Las pérdidas que afecten a los asociados no pueden superar el importe de sus contribuciones a la asociación en participación.

- Es válido pactar: que un asociado participe en las utilidades sin participar en las pérdidas; y, que se atribuya a un asociado una participación en las utilidades o en las pérdidas sin que realice ninguna contribución.

4.- TRATAMIENTO TRIBUTARIO.

4.1.- Según Decreto Legislativo Nro. 774- Ley del Impuesto a la Renta.

Atendiendo a esta regulación, para efectos de este impuesto los ingresos de los Contratos de Asociación en Participación se regulaban bajo el régimen de “atribución de rentas” a sus partes contratantes, lo que suponía, los resultados del contrato debían ser atribuidos a las partes integrantes, incorporándolos a sus respectivos y propios resultados. En tal sentido, los ingresos mensuales se consideraban atribuidos a las partes contratantes en la misma proporción en la que hubieran acordado participar en el contrato sobre las rentas anuales.

El Art. 14 señalaba:

“Son contribuyentes del impuesto… en el caso de las sociedades de hecho, asociaciones en participación, joint ventures, consorcios, comunidad de bienes y demás contratos de colaboración empresarial, las rentas serán atribuidas a las personas naturales o jurídicas que las integran o sean parte contratante”.

Cabe resaltar que hasta hace algunos años, coexistían contratos que llevaban contabilidad independiente a la de sus partes y asumían la condición de contribuyentes del impuesto a la renta, obteniendo para estos efectos, un número del Registro Único de Contribuyentes, empero, que finalmente sus ingresos, también se regulaban por el régimen de atribución de rentas mencionado.

4.2.- Respecto de la Ley Nro 27034 que modifica el D. Leg. 774.

Mediante esta ley se estableció que sólo se considerarán como contribuyentes del impuesto a la Renta a los contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente, excluyendo toda referencia a los contratos de Asociación en Participación, quedando redactada la parte pertinente del artículo 14º del D.Leg. 774, de la siguiente manera:

“Art. 14º: Son contribuyentes del impuesto…

En el caso de las sociedades irregulares previstas en el Artículo 423° de la Ley General de Sociedades, excepto aquellas que adquieren tal condición por incurrir en las causales previstas en los numerales 5 y 6 de dicho artículo; comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y demás contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, las rentas serán atribuidas a las personas naturales o jurídicas que las integran o que sean parte contratante".

De esta forma, se eliminó del texto de la Ley del Impuesto a la renta, todo mención regulatoria en materia tributaria los contratos de Asociación en Participación. Corresponde entonces al Asociante registrar en su contabilidad los ingresos totales y todos los gastos correspondientes al negocio, siendo que para determinar las utilidades del ejercicio deberá deducir la participación del Asociado, “quedando el remanente gravado bajo su cargo conjuntamente con los resultados de sus demás actividades de tercera categoría”[7].

4.3-. Respecto del Decreto Supremo Nº 194-99-EF que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado mediante Decreto Supremo Nº 122-94-EF.

Este nuevo dispositivo señaló expresamente que lo regulado mediante Ley Nº 27034, respecto de la exclusión de los contratos de Asociación en Participación, resulta aplicable incluso para el ejercicio gravable de 1999 y para aquellos contratos de Asociación en Participación existentes a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma, prescribiendo para tales efectos:

“Sétima.- Precísase que lo establecido en la Ley No 27034, es aplicable en el ejercicio gravable de 1999, incluso para aquellos contratos de colaboración empresarial y asociaciones en participación existentes a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma”. 

Tratándose de las Asociaciones en Participación que hubieran llevado contabilidad independiente de la de sus partes contratantes y atribuido los correspondientes ingresos, durante el referido ejercicio, será aplicable a dichas partes lo dispuesto en el párrafo anterior en lo que se refiere a la presentación de las declaraciones rectificatorias y el numeral 1 del Artículo 170o del Código Tributario.”

Por lo que, en aquellos casos en que los contratos de colaboración empresarial durante 1999 hubieran atribuido sus ingresos a las personas naturales o jurídicas que las integren o sean partes contratantes para efecto de los pagos a cuenta del impuesto, se deberá presentar las declaraciones rectificatorias y el pago respectivo hasta el vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual del ejercicio 1999. Para este efecto, será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 170 del Código Tributario.

En ese sentido, como lógica consecuencia de la disposición bajo comentario, el asociante realizaría lo siguiente:

- El registro en su contabilidad de los ingresos totales por las ventas.

- La deducción de los gastos en que incurriera el negocio.

- Los pagos a cuenta del impuesto.

- La liquidación y determinación del Impuesto a la Renta a pagar.

Por tanto, la participación de la asociada sería entregada luego de haber sido detraída sobre la misma, el Impuesto a la Renta, por lo cual, se le estaría haciendo entrega de una renta desgravada.

4.4-. Respecto de la Resolución de Superintendencia Nº 042-2000/SUNAT que aprueba normas sobre declaración jurada anual de los contratos de colaboración empresarial y procedimiento para que asociaciones en participación soliciten baja del RUC:

En relación a la situación de los contratos de Asociación en Participación que durante 1999 hubieran llevado contabilidad independiente a la de sus partes contratantes e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes, esta resolución publicada el 21/03/00, reguló aspectos como los siguientes:

- Estableció en su artículo 3º, que los contratos de Asociación en Participación que al haberse considerado sujetos del Impuesto a la Renta o haber llevado contabilidad independiente a la de sus partes contratantes hubieran solicitado su inscripción en el RUC, debían solicitar su baja de dicho registro.

- Señaló en su artículo 4º, que el asociante debía presentar su Declaración Jurada Anual del ejercicio gravable 1999, para lo cual debía determinar el Impuesto a la Renta que le correspondía pagar. A efectos de cumplir con esta obligación, el asociante debía considerar como parte de sus ingresos y gastos, los correspondientes a la Asociación.

- Estableció en su artículo 5º que, el asociado podía utilizar la totalidad de los pagos a cuenta que hubiese realizado durante el ejercicio gravable 1999, incluso, los realizados por concepto de los ingresos que le atribuyó la Asociación contra el pago de su propio impuesto.

- Dispuso en su artículo 6º que, el asociado debía declarar la participación en el contrato como renta de tercera categoría del impuesto a la renta y el asociante la debía deducir como gasto o costo, según correspondiera.

De lo expuesto, se colige que esta resolución regula únicamente la situación de los contratos de asociación en participación que durante 1999, hubieran llevado contabilidad independiente a la de sus partes contratantes contando con inscripción en el RUC.

EL CONTRATO DE CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN

1.- ANTECEDENTES.

La Ley General de Sociedades anterior no regulaba a los consorcios, pues consideraba que el contrato de asociación en participación era lo suficientemente amplio y dúctil como para englobar a todos o a la mayoría de lo contratos asociativos, lo que en la práctica no ocurrió así. 

Por ello, este sistema se fue abandonando, siendo reemplazado por contratos innominados que eran verdaderos pactos asociativos en los cuales todas las partes asumían las responsabilidad integral e inclusive, en la mayoría de los casos, las gestión conjunta del negocio. Entre otras denominaciones, muchas veces estos contratos fueron llamados “consorcios”.

La doctrina manifiesta que el Consorcio surgió en la corriente italiana “a propósito de la tendencia de las empresas de coordinar sus acciones y a regular sus recíprocas relaciones para afrontar de manera conjunta al mercado”[8].

De a cuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades, “el contrato de consorcio es una modalidad de contrato asociativo en virtud del cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía”[9], haciendo además incapié que esta modalidad contractual no genera una persona, debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro Público.

2.- DEFINICIÓN.

Se trata, pues, de un contrato conforme al cual dos o más personas convienen en participar activa y directamente en un determinado negocio, con el propósito de obtener un beneficio económico. Como hemos dejado establecido, el consorcio recién ha merecido regulación expresa con la LGS. Hasta antes de la promulgación de esta norma societaria, el consorcio estaba librado a la autonomía de la voluntad de las partes intervinientes, quienes le daban contenido y obligatoriedad[10].

Vale mencionar en este contexto, que la doctrina distingue hasta dos tipos de contratos de tipo asociativo: en sentido lato y en sentido propio. Entre los primeros se advierte un asociante y un asociado (o más); entre los segundos, todos los intervinientes son asociados entre sí y no existe la figura del asociante.

Precisamente, los contratos de consorcio de construcción se ubican entre los contratos en sentido propio, dado que “no existe un asociante y uno o más asociados, sino que cada parte participa directamente y a título jurídicamente igualitario en el negocio de la empresa (…). Aquí son todos asociados entre sí”[11].

Textualmente el Art. 445º de la Ley General de Sociedades, lo define de la siguiente manera: 

“Es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía.

Corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del consorcio que se le encargan y aquéllas a que se ha comprometido. Al hacerlo, debe coordinar con los otros miembros del consorcio conforme a los procedimientos y mecanismos previstos en el contrato.”

Queda establecido por tanto, que este tipo de contrato no genera “un ente dotado de personería jurídica distinta a la de sus partes intervinientes, las cuales mantienen como tales su propia identidad y autonomía”[12].

3.- CARACTERÍSTICAS.

a) Es un contrato y no una sociedad comercial, porque carece de personalidad jurídica, por lo que se considera que no existe la affectio societatis requerido, pues eso se traduce en disposiciones tales como la responsabilidad a título particular o la vinculación individual.

b) Cada consorciado responde en nombre propio, pues cada miembro adquiere derechos y obligaciones frente a terceros a nombre propio.

c) La propiedad de los bienes aportados por los consorciados, la Ley General de Sociedades ha establecido que mientras el Contrato de Consorcio se encuentre vigente, los bienes que se hayan designado a efectos del cumplimiento de la empresa, continuarán siendo de propiedad de cada uno de los consorciados.

Asimismo, en el supuesto que durante la ejecución del referido contrato se adquirieran determinados bienes, ellos se encontrarán sujetos al régimen de copropiedad.

d) El contrato establece los sistemas de participación de los miembros en las utilidades y en las pérdidas del consorcio, pues dependerá de la voluntad de las partes, la determinación de los sistemas y del régimen de distribución de las utilidades y de asunción de las pérdidas del consorcio entre las partes, limitándose la Ley General de Sociedades a establecer una regla de carácter supletorio: a falta de normas contractuales, se entiende que ello se produce por partes iguales.

e) Hay gestión en el negocio, característica diferenciadora del Contrato de Asociación en Participación, toda vez que en el Contrato de Consorcio las partes integrantes actúan de manera directa en el manejo del negocio.

4.- TRATAMIENTO TRIBUTARIO.

El último párrafo del artículo 14º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que, “los joint ventures, consorcios y demás contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente” serán considerados contribuyentes, ostentando para efectos tributarios la calidad de Persona Jurídica, atribución dada al amparo de la denominada Autonomía del Derecho Tributario. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 65º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, la regla general es que los joint ventures y los consorcios (de construcción) lleven contabilidad independiente de la de sus partes contratantes, concibiéndose como únicas excepciones las siguientes:

- En los que por la complejidad de la operación no fuera posible llevar de dicha forma la contabilidad, debiendo solicitar la autorización ante la Administración Tributaria.

- Cuando el plazo de vencimiento del contrato no supere el año, para lo cual bastará con comunicar esta situación a la Administración Tributaria.

4.1.- Consorcio de construcción con contabilidad

En el país existen muchos consorcios con contabilidad. Por ejemplo, tres empresas del sector metalmecánica, cada una formalmente constituida, decidieron formar un consorcio con contabilidad a través de un contrato[13]

Bajo este contexto, respecto a los Contratos de Consorcio de construcción que no lleven contabilidad independiente, tanto las rentas obtenidas como las pérdidas en que se incurran con motivo de la ejecución del contrato se considerarán de las partes contratantes en función a la participación que se haya convenido con ocasión de la celebración del mismo.

4.1.- Consorcio de construcción sin contabilidad independiente

En los últimos años se viene incrementando el número de consorcios sin contabilidad independiente. Por ejemplo, tres empresas dedicadas a la venta de artesanía de diferentes líneas decidieron conformar un consorcio sin contabilidad independiente para atender pedidos del mercado exterior. 

PROBLEMÁTICA TRIBUTARIA Y ENFOQUE LEGAL

En esta parte de nuestro ensayo, exponemos la problemática que nos convoca en cuestiones tributarias alrededor de estas dos figuras jurídicas, a la vez que precisamos el enfoque legal tanto de la asociación en participación como del consorcio de construcción de cara a inferir algunos razonamientos observados en la práctica.

En primera instancia, la ejecución de un contrato de asociación en participación plantea algunos puntos controvertidos en cuestiones del Impuesto a la Renta. Por ejemplo, tal como hemos visto, en el análisis de la Resolución 042- 2000 SUNAT, dado que el asociante es la persona quien dirige el negocio, a éste es a quien debería requerirse los pagos de impuestos; sin embargo, al no estar regulado los pagos a cuenta por resultados del contrato, se generan diversas posiciones entre la administración y los sujetos obligados, máxime si los ingresos netos se calculan sobre ingresos que no pertenecen íntegramente al asociante, pudiendo perjudicar los nuevos emprendimientos del asociante.

De otro lado, tal como están las normas, el asociado no puede depreciar ni deducir los bienes afectados al contrato; en el primer caso, dado que el asociado no transfiere en propiedad los bienes cuando celebra un contrato de asociación en participación y se termina quedando con una depreciación que no puede aplicar como gasto, con todo lo que ello implica en su ejercicio futuro; y el asociado tampoco tampoco puede deducir sus gastos, pues, considerando que el asociado percibiría del contrato renta desgravada, no podría deducir los gastos en que hubiere incurrido respecto de bienes afectados al contrato, pues no contaría con renta bruta gravable contra la cual deducirlos.

Esta modificación legal tiene su sustento en que es el Asociante quien lleva a cabo, bajo su nombre y responsabilidad ante terceros, los negocios que dan origen al contrato de Asociación en Participación, por lo que dichas operaciones deben registrarse en su contabilidad, “careciendo de sentido entonces establecer para este contrato la obligación de llevar contabilidad independiente a la de sus partes, como ocurre en el caso del joint ventures o consorcio que por su naturaleza y operatividad si les resulta razonable aplicable tal obligación”[14].

Agreguemos a ello las complicaciones que pueden presentarse tratándose del Impuesto a las Ventas, pues como sabemos quien lleva todo el peso negocial y de representación frente a terceros es el asociante, gozando del crédito fiscal que se desprenden de todas las adquisiciones necesarias para la ejecución del contrato; no obstante, esta prerrogativa puede resultar perjudicial para el asociado, pues le impediría en iguales términos gozar del crédito fiscal si acaso ocurre que el asociante no estaría destinando adecuadamente a favor del contrato de asociación en participación.

En cuanto a la figura del consorcio de construcción, el Impuesto a la Renta no permite efectuar una compensación efectiva de pérdidas si lleva una contabilidad independiente, dado que ello implicaría que los resultados económicos que este contrato genere, ostentarán independencia propia, motivo por el cual dichos resultados no podrán ser compensados, contra los resultados económicos de las partes contratantes menos aún con resultados económicos de otros contratos de consorcio en los cuales la parte contratante también forme parte.

Como hemos señalado oportunamente, el consorcio de construcción no origina una persona jurídica, es decir, no genera un ente dotado de personería jurídica distinta a la de sus partes intervinientes, las cuales mantienen como tales su propia identidad y autonomía. 

Asímismo, se presenta el impedimento de efectuar depreciaciones, dado que la deducción de la depreciación de un bien sólo puede ser efectuada respecto de renta bruta (Art. 37 de la Ley) pues lo que perciben las partes contratantes resulta ser una forma de distribución de utilidades y por consiguiente se trata de renta inafecta. Por esta razón, el consorcio de construcción no podrá deducir la depreciación, pues no es el propietario de los bienes, y los consorciados tampoco lo podrán hacer, debido a que ellos perciben renta inafecta y no renta bruta, aún cuando los bienes no han dejado de ser sus activos.

Finalmente, en lo que respecta a este tributo, hay una clara dificultad para conseguir créditos bancarios pues supuestamente esta modalidad contractual no ofrece la suficiente garantía, obligando muchas veces a los asociados que consigan un préstamo por su lado; situación que les origina muchos inconvenientes, toda vez que la deducción de los intereses que se paga por el préstamo, resultaría improcedente, ya que las inversiones realizadas con ese dinero obtenido del banco, no le generan una renta bruta gravable contra la cual deducirlos.

En consecuencia, a efectos de que la entidad financiera encuentre completamente garantizado el préstamo otorgado y el consorcio de construcción tenga la posibilidad de efectuar la deducción de los intereses que deberá pagar, el banco deberá considerar que, las partes contratantes respondan individualmente por los créditos o en todo caso, asegurarse de verificar, que el contrato establezca responsabilidad solidaria de las partes contratantes frente a terceros.

En lo que respecta al Impuesto General a las Ventas, el Artículo 5º del Reglamento de la Ley del IGV, dispone que tanto la asignación como la adjudicación de bienes se encuentra gravada. La afectación de bienes a los contratos de consorcio de construcción, que en estricto resultaría ser un “retiro y transferencia gratuita de bienes”, se encontraría gravada con el IGV. En ese sentido, si las partes contratantes decidieran entregar en propiedad determinados bienes al consorcio para su explotación, cada parte contratante se verá obligado a tributar por dicha enajenación.

Otra de las cuestiones pendientes de afirmación definitiva en relación a estas modalidades contractuales se presenta cuando la administración tributaria persigue los pagos en atención a determinados supuestos de hecho, que a la postre terminan declarándose su nulidad a nivel del Tribunal Fiscal.

Es el caso de la muy frecuente persecución contra los asociados de un contrato de asociación para la construcción de edificios de departamentos para su posterior venta, asumiendo que están obligados a pagar tributos por las utilidades que dicho contrato genera (en su calidad de constructor individual y no como asociado de un contrato de asociación en participación) a pesar de tener en vista el documento contractual, y a su favor la regulación jurídica por la cual el obligado no se encuentra obligado a presentar declaraciones ni a pagar ningún tributo por las utilidades que generase dicho contrato[15].

Hay que precisar que la Ley General de Sociedades, aprobada por Ley Nro. 26887, así como la norma precedente, establecen que en el caso de los contratos de asociación en participación, le corresponde al asociante la gestión del negocio, sin que exista relación jurídica entre los terceros y los asociados, descartándose su responsabilidad en supuestas omisiones del Impuesto a la Renta y del IGV, dado que se supone fueron cumplidas por el asociante.

Igual razonamiento se aplicaría para el caso del IGV, dado que es el asociante la persona que se encarga de las operaciones de venta de los inmuebles, a título personal, según cláusula del contrato de asociación en participación.

No obstante estas prerrogativas en favor del asociado, se constata que en muchos casos, la administración apunta en su fiscalización a los sujetos asociados, requiriéndoles el pago de tributos por diversos ejercicios fiscales. ¿Por qué ocurre esta situación?, cuál es la base legal del requerimiento?, ¿se encuentra justificado el rol fiscalizador de SUNAT en este extremo?, ¿resulta provechoso dedicar recursos de la administración en el requerimiento, aún cuando en la práctica se declaran su nulidad en la última instancia del Tribunal Fiscal?

Antes de continuar con estas disquisiciones, es menester citar una entrevista personal que sostuvimos con el Decano del Colegio de Contadores- Filial La Libertad, y abogado, Dr. Miguel Arancibia[16], quien frente a estas inquietudes nos manifestó que es muy frecuente este tipo de situaciones donde la administración no tiene la suficiente competencia para calificar a los sujetos contratantes, y presume una calidad que al final no encuentra una base legal para la determinación eficaz de los tributos.

Esta situación, agregó el Dr. Arancibia, está llevando a que se imponga una desconfianza en la administración tributaria, resultando a la larga perjudicial para sus intereses, que son los intereses de todos los peruanos; por lo que se hace necesario un sinceramiento y revisión de las normas tributarias ad hoc.

Otro punto por esclarecer se presenta cuando la administración tributaria resta importancia probatoria a la presentación del respectivo contrado de asociación en partitipación, en el entendido que las cuestiones de hecho constituyen venta de inmuebles en copropiedad, en consecuencia, obliga al asociado a corresponder con la parte proporcional de las ventas efectuadas.

De acuerdo al Art. 441 de la LGS, las características de la asociación en participación son: que el asociante actúe en nombre propio y que la asociación no tenga razón social ni denominación; que la gestión negocial corresponda únicamente al asociante, y que no existe relación jurídica entre los terceros y los asociados; finalmente, que el contrato pueda determinar la forma de fiscalización o control a ejercerse por los asociados sobre los negocios o empresas del asociante que son objeto del contrato. 

Agreguemos a ello como, hemos visto en su oportunidad, que después de las modificaciones introducidas por la Ley Nro. 27034, el Art. 14 del Impuesto a la Renta, no se consideró a las asociaciones en participación como contribuyentes de tal impuesto, al no haberlas mencionado expresamente, según criterio establecido en la Resolución del Tribunal Fiscal, por lo que en consecuencia corresponde al asociante la determinación y pago de los tributos.

Estas consideraciones no pacíficas en la dinámica de la administración tributaria se generan a partir de la desconfianza que puede existir entre los documentos que se presentan en la fiscalización; y de otro lado, la limitada capacidad logística con que se cuenta para una debida fiscalización de los contribuyentes, agregándose a ello la intención manifiesta, de no pocos potenciales deudores, de sacarle provecho a los vacíos o lagunas jurídicas que permiten tales situaciones. 

CONCLUSIONES

1.- La dinámica jurídico-económica ha generado una serie de formas contractuales con el propósito de facilitar el intercambio civil y comercial de los sujetos, entre los que se encuentran los contratos de asociación en participación y el consorcio de construcción, de gran uso en los últimos años en nuestro país.

2.- La finalidad del contrato de asociación en participación es obtener la mayor ganancia en el mercado, para lo cual se ha dispuesto competencias diferenciadas para los sujetos participantes: dirección directa del negocio para uno (asociante), e inversión limitada de capital para otro (asociado).

3.- La finalidad del contrato de consorcio de construción es la asociación de dos o más personas con el objeto de obtener un beneficio económico, salvaguardando cada quien su autonomía, resultando ser jurídicamente todos asociados entre sí.

4.- La tributación es el conjunto de pagos obligatorios que deben hacer las personas naturales y jurídicas de acuerdo a la disposiciones legales vigentes, debiendo, la administración tributaria, interpretar sus normas para el requerimiento de los tributos en función a los principios que corresponden a los sujetos contribuyentes.

5.- La problemática tributaria que se advierte en la praxis de los contratos de asociación en participación y el consorcio de construcción obedecen a múltiples factores, entre ellos la poca claridad en las normas regulatorias y las limitadas capacidades de la administración para una real fiscalización.

6.- Las normas regulatorias de los contratos en participación y consorcio de construcción deben ser revisadas con el fin de transparentar su ordenamiento y ser previsibles para los contribuyentes.



[1] NAVARRO PALACIOS, Indira. Anáisis tributario de los contratos de asociación en participación y de consorcio. Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Nro 54, p. 90.
[2] VILLANUEVA ENRIQUEZ, Martha. Contratos de colaboración empresarial. Casos práticos. Centro de Especialización en contabilidad  y finanzas. Lima, 2015, p. 63.

[3] GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Derecho y mercado. Gaceta Jurídica. 2015, p. 55.
[4] CALDERÓN AGUILAR, Lourdes. Algunas implicancias tributarias del contrato de Joint Venture. Actualidad empresarial. Lima, 2002, p.3.

[5] RESA GARCÍA, Manuel. Contabilidad de sociedades. Edit. Thomson. 2011, p. 181.
[6] NAVARRO PALACIOS. Op., cit., p. 91 y ss.
[7] BISBAL VICANCO, Jaime. Tratamiento tributario de las asociaciones en participación. En: http://estudiomanini.blogspot.pe/2011/09/tratamiento-tributario-de-las.html. Accesado: 22-04-16.
[8] CALDERÓN AGUILAR, Lourdes. Algunas implicancias tributarias del contrato de Joint Venture. Actualidad empresarial. Lima, 2002, p.4. 

[9] CACHAY CASTAÑEDA, José Andrés. Los contratos de consorcio y su tratamiento fiscal en el Perú. Revista Asesoría Tributaria. Informe práctico. Gaceta Jurídica. 2014, p. 6.

[10] ALDEA CORREA, Vladik. Los acuerdos de accionistas y socios. ECB ediciones. Thomson Reuters. Lima, 2012, p. 221.

[11] VILLANUEVA ENRIQUEZ, Martha. Contratos de colaboración empresarial. Casos práticos. Centro de Especialización en contabilidad  y finanzas. Lima, 2015, p. 71.

[12]CACHAY CASTAÑEDA, Op.  cit., p. 6.
[13] Cartilla informativa CRECEMYPE. Consorcios. Ministerio de la producción. 2013, p.5.
[14] BISBAL VICANCO, Jaime. Tratamiento tributario de las asociaciones en participación. En: http://estudiomanini.blogspot.pe/2011/09/tratamiento-tributario-de-las.html. Accesado: 22-04-16.
[15] Ver Exp. Nro. 9794- 2007. Resolución del Tribunal Fiscal Nro. 01846-8-2011.
[16] Entrevista con Miguel Arancibia Cueva, sostenida el día 18-04-16 en su despacho.