VIDEITOS MANDAN

Loading...

martes, 27 de junio de 2017

POLICIAS DETENIDOS EN LA BANDA LOS BABYS DE OQUENDO

El Padrino III: Confesión de Michael Corleone

ALCANCES JURÍDICOS SOBRE EL IX PLENO CASATORIO EN MATERIA CIVIL


Por: Jorge Junior Hidalgo Perea (*) 


I. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA QUE MOTIVA EL CASO

El pasado 09 de agosto de 2016, los Jueces Supremos en sesión de Pleno Casatorio, expidieron la sentencia recaída en el Expediente Casación N° 4442-2015- Moquegua, con la cual dieron origen al IX Pleno Casatorio Civil, el cual tiene como objeto uniformizar el razonamiento y las decisiones judiciales que emanen de los procesos que tengan como pretensión el otorgamiento de escritura pública. 

El pleno en mención se desprende de la demanda interpuesta por Jubert Alberto Barrios y su cónyuge Liliana Amanda Mejía García, sobre otorgamiento de escritura pública contra Ángel Gabriel Collantes Arimuya y su cónyuge Rosa Estrella Reátegui Marín, cuya pretensión principales solicita se ordene a los demandados otorgar la escritura pública de compraventa del bien inmueble ubicado en Promuvi II- Siglo XXI- Manzana “H”, Lote “10”- Pampa Inalámbrica, del Distrito y Provincia de Ilo, asimismo como pretensión accesoria la inscripción de la misma en la Partida N° PO8014826, además del pago de costas y costos. 

Se aprecia que en la celebración del contrato de compraventa intervinieron Jubert Alberto Barrios, Liliana Amanda Mejía García y Ángel Gabriel Collantes Arimuya, no participando en la misma Rosa Estrella Reátegui Marín, pues según lo argumentado por su cónyuge a la fecha la persona se encontraba mal de salud. 

Es de apreciarse que en la sentencia de primera instancia se declaró INFUNDADA LA DEMANDA la misma que fue CONFIRMADA por el superior jerárquico, las mismas que tuvieron como principal argumento las razones siguientes:

- Que en la partida registral del inmueble aparecen como propietarios Ángel Gabriel Collantes Arimuya y su cónyuge Rosa Estrella Reátegui Marín.

- Que en el contrato privado de compraventa se puede apreciar como intervinientes a la sociedad conyugal conformada por Jubert Alberto Barrios y Liliana Amanda Mejía García en su calidad de compradores y en calidad de vendedor Ángel Gabriel Collantes Arimuya, no presentándose medio probatorio idóneo para acreditar la voluntad de Rosa Estrella Reátegui Marín en enajenar su bien conyugal.

- Que conformidad con el Articulo 315 del Código Civil para disponer los bienes de la sociedad conyugal es necesaria la intervención de ambos cónyuges.

- Que la falta de intervención de uno de los cónyuges es causal de nulidad del contrato de compraventa, tal cual lo prescribe el inciso 1 y 6 del artículo 291 del Código Civil “… falta de manifestación de voluntad del agente y falta de la forma prescrita por la Ley”. 

Por esta última razón, Liliana Amanda Mejía García interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista, la misma que en principio mediante auto de calificación fue desestimada, pues la demandante pretendía una reexaminación fáctica y probatoria, pero en acto excepcional se concedió el recurso de casación en virtud del artículo 392-A de Código Procesal Civil. 

II. DELIMITACIÓN DE LA CUESTIÓN 

El IX Pleno Casatorio Civil que pretendemos analizar tiene como objeto precisar si en un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es posible o no realizar un control de validez del negocio jurídico que se pretende formalizar.

Vale mencionar que la Corte Suprema con anterioridad a este pleno casatorio, tenía pronunciamientos a favor[2] y en contra[3] de que los jueces deban o no realizar un control del negocio jurídico que se pretenda elevar a escritura pública, razón por la cual no se contaba con un criterio uniforme en sede nacional. 

Las razones en las cuales se justificaba la imposibilidad de que en un proceso de Otorgamiento de escritura pública se puede discutir la validez del negocio jurídico son:

- Que en el proceso de otorgamiento de escritura pública solo se discute una mera formalidad del negocio jurídico, en este caso elevar a escritura pública una escritura privada.

- Que por su naturaleza el proceso sumario hace imposible la discusión de la eficacia del negocio jurídico, siendo la vía idónea una de mayor lata.

- Que la nulidad del negocio jurídico se tramita en otra vía procedimental (proceso de conocimiento).

En este mismo sentido, la Corte Suprema, en reiterados pronunciamientos, sostiene que en el proceso de otorgamiento de escritura pública sí es posible realizar un control del negocio jurídico, bajo los siguientes argumentos:

- Que el hecho de que en un proceso sumario, tal es el caso del otorgamiento de escritura pública, el juez no se puede dar el lujo de formalizar cualquier documento.

- El juez debe verificar los elementos mínimos que debe contener un acto jurídico. 

De lo argumentado queda de manifiesto que efectivamente existen posturas contradictorias entorno a la posibilidad que en un proceso de otorgamiento de escritura pública sea posible analizar la validez del negocio jurídico.

III. REALIDAD PROBLEMÁTICA SUB JUDICE

Nuestro ordenamiento jurídico faculta a la partes intervinientes en un contrato el derecho a poder exigir mediante proceso sumarísimo el otorgamiento de escritura pública, la misma que tiene como objeto elevar a escritura pública una escritura privada, no siendo el contrato de compraventas el único pasible de elevar a escritura pública sino también los contratos de hipoteca, leasing, entre otros. 

Dada la naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura pública, en este solo se discute la mera formalidad del negocio jurídico, siendo la elevación a escritura pública un acto de publicidad registral, lo cual le quita prevalencia a la necesidad de poder discutir la valides del negocio jurídico, pues su mayor argumento radica en que el mismo se tramita ante proceso sumarísimo, pues si queremos discutir la valides o no del negocio jurídico esta debe ser tramitada ante proceso de conocimiento. 

Dicho argumento escapa de la realidad pues a criterio de la jurista Eugenia Ariano Dejo el problema radica en la vía procedimental en el cual se discute la Litis, pues mientras el otorgamiento de escritura se ventila en la vía sumaria, en el que no cabe la reconvención, la nulidad del acto jurídico se tramita en una vía más implica. Considera que hay que diferencias “cognición sumaria” de vía sumaria[4], argumento que creemos es el más adecuado.

Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico faculta al Juez para que de oficio pueda declarar la nulidad de determinados actos, tal cual lo estipula el artículo 220 del Código Civil, que a la letra prescribe que “La nulidad absoluta… puede ser declarada por el juez cuando resulte manifiesta…”, ante tal circunstancia resulta necesario preguntarse si el juez debe realizar el control de validez del negocio jurídico únicamente teniendo en cuenta la nulidad manifiesta o también la nulidad no manifiesta. 

En base a estas consideraciones, los jueces supremos tuvieron a bien realizar el IX Pleno Casatorio Civil, para que a partir de la presente se pueda uniformizar y dilucidar la contradicción que existía si es que en los procesos sumarios de otorgamiento de escritura pública, es posible realizar un control de validez del negocio jurídico, dado a que ni la doctrina, jurisprudencia ni otras normas de rango legal han podido legar a una postura uniforme. 

IV. CUESTIONES PUNTUALES SOBRE EL PLENO CASATORIO

La sanción del IX Pleno Casatorio Civil tiene como objeto uniformizar el razonamiento y las decisiones judiciales que emanen de los procesos que tengan como pretensión el otorgamiento de escritura pública. Dicha medida tiene como finalidad, dilucidar si en un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es posible o no realizar un control de validez del negocio jurídico que pretende ser formalizado.

El problema se presenta cuando se discute sobre la vía procedimental en la cual se ventilará la Litis, de igual forma la controversia nace si en el caso en concreto se aplicará taxativamente lo prescrito por el artículo 220 del C.C el cual prescribe que el juez de oficio puede declarar la nulidad manifiesta o si por lo contrario el juez también podría declarar la nulidad de actos jurídicos no manifiestos. 

Al mismo tiempo nace la duda que si el juez debe solo limitarse a analizar la validez del acto jurídico o en todo caso pueda declararla. 

Ahora, atendiendo al panorama expuesto podemos apreciar que el problema no solo recae en la aplicación de una norma material, sino que por lo contrario el derecho procesal tiene su carta de presentación, por lo cual creemos necesario abordar algunas instituciones jurídicas, tales como: el objeto del proceso de otorgamiento de escritura pública, el proceso según su función y su grado de cognición, la validez del acto jurídico que se pretenda elevar a escritura pública y por último que principios se estarían vulnerando si se declara la nulidad del acto jurídico.

Veamos algunos de ellos. 

4.1 Objeto del proceso de otorgamiento de escritura pública

El otorgamiento de escritura pública debemos entenderlo como el perfeccionamiento del contrato, con la cual se pretende elevar a escritura pública una escritura privada, la misma puede ser por carácter imperativa de la ley o por decisión de las partes intervinientes. 

Teniendo como finalidad dar una mayor seguridad a la celebración del acto jurídico, brindándole solemnidad o solemnidad revestida de garantías.[5]

4.2 El proceso según su función y su grado de cognición 

Tal cual lo planteamos, el problema sustancial radica que en la vía procedimental en la cual se ventila la Litis, en este caso proceso sumarísimo, por lo cual creemos necesario diferenciar entre un proceso sumarísimo no es sinónimo de proceso sumario, lo cual pasaremos a exponer:

Que el proceso según su función: pueden ser declarativo, ejecutivo y cautelares. El tema a abordar son los concernientes a los procesos declarativos, que a su vez pueden ser ordinarios y especiales, entendiendo por el primero como aquel proceso que pretender resolver una incertidumbre en la cual se pueden conocer cualquier dilema sin limitación alguna salvo que exista una tramitación con margen especial; a su vez los procesos ordinarios dentro de nuestro ordenamiento se constituyen en el proceso de conocimiento, abreviado y sumarísimo. 

En cambio los procesos especiales son aquellas pretensiones que por su naturaleza necesitan reglas o normas especiales para su buen llevar, tal es el caso de los procesos de alimento, divorcio, desalojo entre otros. 

En los procesos por su grado de cognición: pueden ser procesos plenarios y procesos sumarios, entendido el primero como aquel proceso en el cual las partes no tienen limitaciones respecto a sus alegaciones y los medios probatorios que pueden ofrecer, la cual lleva al juez a una cognición plena cuya decisión tienen el carácter de cosa juzgada material. Los procesos plenarios se encuentran divididos según su amplitud, entre las cuales encontramos el proceso plenario propiamente dicho, el proceso plenario rápido o abreviado y el proceso plenario rapidísimo o sumarísimo, cada uno de ellos sin distinción alguna crea en el juez una cognición plena.

El proceso sumario se caracteriza por las limitaciones en las alegaciones y la incorporación de medios probatorio al proceso, la misma que crea una cognición parcial en la cual existe ausencia de cosa juzgada brindando a las partes la posibilidad de ventilar su incertidumbre en un proceso posterior.

4.3 La validez del acto jurídico

Ahora toca analizar si lo prescrito en el artículo 220 del C.P “La nulidad absoluta… puede ser declarada por el juez cuando resulte manifiesta…”, resulta argumento suficiente para que el juez declare de oficio la nulidad del negocio jurídico, siendo necesario entender los alcances del concepto de manifiesta. Teniendo en cuenta que “por el carácter de orden público de la nulidad es posible que esta sea declarada de oficio por el juez, esto es, sin una petición del interesado, siempre que el juez la advierta sobre la base de los actos y no por efecto de ciencia privada”[6].

Estamos ante una nulidad manifiesta cuando la misma es palpable y apreciable a simple vista sin necesidad de que las partes del proceso lo hayan advertido, de igual forma puede ser el resultado del examen de algunos de los medios probatorios incorporados al proceso. Por su parte LUCA DE TENA sostiene que la nulidad manifiesta “puede ser aquello ostensible, patente, que se expresa, muestra, expone, evidencia y revela por y en el acto mismo y que, por tanto, no requiere de prueba extrínseca de su demostración” [7].

En consecuencia el juez podrá declarar la nulidad de oficio siempre y cuando contravenga lo prescrito en el artículo 219 del C.C[8] el cual hace referencia a las causales de nulidad del acto jurídico, por lo contrario el juez se abstendrá de declarar la nulidad cuando resulte no manifiesta mucho más aun no podrá extender a verificar las causales de anulabilidad del acto jurídico prescrito en el artículo 221 del C.C. 

Ahora, atendiendo al parámetro expuesto, resulta pertinente preguntarse: ¿es posible discutir la nulidad manifiesta en un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública? 

Como se aprecia de lo anteriormente expuesto estamos ante un proceso plenario rápido, en el cual no existe limitación alguna en cuanto a las alegaciones y la incorporación de medios probatorios, por lo cual el juez tendrá un grado de cognición plena. 

Pero determinados autores critican que en el proceso sumarísimo no cabe la reconvención y mucho menos la prueba en segunda instancia lo cual menguaría el derecho de defensa, lo cual no es cierto del todo pues a falta de reconvención existen las excepciones prescritas en el artículo 446 del C.P.C, del mismo modo la Ley N° 30293 la misma que modifica el C.P.C eliminó la imposibilidad de poder actuar medios probatorios en segunda instancia.

4.4 Principios que se vulneran si se declara la nulidad del acto jurídico.

Ahora bien, si fuera el caso que el juez declare de nulidad del acto jurídico de oficio: ya sea esta por nulidad manifiesta, por nulidad no manifiesta, que la nulidad sea declarada en parte considerativa de la sentencia o en su defecto en la parte resolutiva; estos entrarían en colisión con principios rectores del proceso, tales como el principio de congruencia, principio de contradicción[9], principio dispositivo y principio de doble instancia. 

Tal circunstancia fue materia de debate por parte de los jueces supremos, motivo por el cual creyeron a bien acogerse al sistema español, el cual plantea dos tesis:

- Tesis civilista la cual faculta al juez a declarar la nulidad del negocio jurídico en cualquier etapa del proceso sin importar la instancia, la misma que genera la calidad de cosa juzgada eliminando el juez el derecho al contradictorio: en nuestra opinión esta tesis estaría vulnerado todos los principios antes mencionándolos, ergo la sentencia emitida seria pasible de nulidades. 

- Tesis procesalista, la cual se encuentra dividida en dos posturas: la primera de ellas faculta al juez a apreciar la invalidez del negocio jurídico, en consecuencia desestimaría la demanda, dejando la posibilidad de que las partes procesales discutan la valides del negocio jurídico en la vía idónea (proceso de conocimiento), la segunda teoría faculta al juez a declarar la nulidad del negocio jurídico de oficio, brindando a las partes el derecho al contradictorio por lo cual la sentencia emanada tendría la calidad de cosa juzgada, resulta preciso mencionar que los jueces supremos se acogen a esta última tesis lo cual resulta muy discutible. 

Respecto al principio dispositivo[10], los jueces supremos creen conveniente otorgar al juez facultades para poder agregar al debate situaciones no argumentadas por las partes. En cuanto al principio de congruencia[11], manifiestan que la nulidad de oficio del negocio jurídico guarda íntima relación con el otorgamiento de escritura pública, pues la misma nace de un acto jurídico.

Con relación al principio de contradicción, argumenta el tribunal que el juez debería advertir la nulidad antes de saneamiento procesal pues de esta manera se facilita a las partes mecanismos de defensa (excepciones), además de ellos una vez advertida la nulidad manifiesta deberá conceder igual plazo al de contestación de demanda para que las partes puedan alegar su defensa y ofrezcan los medios probatorios que cree pertinente, la calificación de los medios probatorios y deducción de excepciones serán resueltas en audiencia única, si el juez advierte la nulidad manifiesta durante la audiencia promoverá el contradictorio en la continuación de la misma. Dado el caso en que el juez advierta la nulidad manifiesta después del saneamiento procesal y antes de emitir sentencia este deberá conceder igual plazo al de la contestación de la demanda para que de esta manera las partes procesales aleguen su defensa y ofrezcan los medios probatorios pertinentes, los mismos que serán discutidos de ser el caso en audiencia pública. 

Por último, con razón al principio de doble instancia el tribunal cree conveniente en el caso que el juez Superior advierte la nulidad manifiesta deberá declarar la nulidad de la sentencia apelada ordenando al juez de primera instancia promueva el contradictorio entre las partes, brindándoles plazo para alegar y presentar los medios probatorios que crean pertinentes. Por su parte si la Corte suprema advierte la nulidad manifiesta declarará la nulidad de la sentencia de vista y la inobservancia de la sentencia apelada, ordenando al juez de primera instancia apertura plazo para el contradictorio.

Ahora resolviendo la pregunta, si el juez solo debe advertir la nulidad manifiesta del negocio jurídico en la parte considerativa de la sentencia o su defecto deba declarar la nulidad manifiesta en la parte resolutiva; los jueces supremos consideran que si el juez considera que el negocio jurídico es manifiestamente nulo este deberá advertirlo en la parte resolutiva además de declarar infundada la demanda de otorgamiento de escritura pública. Por lo contrario si el juez advierte la nulidad no manifiesta, este deberá motivar la misma en la parte considerativa, solo pronunciándose sobre el otorgamiento de escritura pública en la parte resolutiva.

En particular, creemos que en el pleno casatorio materia de estudio tanto el principio de contradicción y de doble instancia se encuentran indebidamente protegidos pues el argumento respecto a que la nulidad manifiesta tiene íntima relación con el otorgamiento de escritura pública al igual que las facultades otorgadas al juez para agregar al debate situaciones no argumentadas, no hicieran otra cosa más que incurrir en una sentencia extra petita pues resolvería una pretensión no discutida en el proceso. 

V. CONCLUSIONES.

1. De lo argumentado por la Corte Suprema queda de manifiesta la diferencia que existe entre un proceso de cognición sumaria y un proceso sumario, siendo el primero un proceso en el cual se limita a las partes en cuento a sus alegaciones y los medio probatorios que se puedan ofrecer lo cual crea en el juez una cognición sumaria no existiendo la calidad de cosa juzgada; por el contrario, un proceso sumario es aquel proceso declarativo ordinario en la cual del grado de cognición del juez es plena dado que nos limita las alegaciones de las partes y mucho menos los medios probatorios, la cual genera la calidad de cosa juzgada. 

2. Que el juez en aplicación al artículo 219 del C.C deberá declarar la nulidad manifiesta del acto jurídico en la parte resolutiva de la sentencia, declarando infundada la demanda de escritura pública; por lo contrario si el juez advierte la nulidad no manifiesta o de inadmisibilidad[12], esta deberá ser advertida en la parte considerativa, limitando la parte resolutiva a pronunciarse sobre el otorgamiento de escritura pública. 

3. En salvaguarda al principio de contradictorio, se faculta al juez la posibilidad de realizar audiencia complementaria para poder discutir nuevas alegaciones y medios probatorios incorporados por las partes al momento de que el juez advierta la nulidad del negocio jurídico.

4. Otra de las novedades es la protección al principio de doble instancia, pues de ser advertida la nulidad en Sala, este declara la nulidad de la sentencia apelada ordenando al juez del juzgado de origen promueva el contradictorio. De ser el caso que la Corte Suprema advierta la nulidad, esta deberá declarar nula la sentencia de vista y la inobservancia de la sentencia apelada, ordenando al juez del juzgado de origen promueva el contradictorio. 

5. Creemos conveniente que la Corte Suprema haya tenido a bien realizar este IX Pleno Casatorio pues nos encontrábamos ante jurisprudencias contradictorias, uniformizando criterios respecto a que si el juez en un proceso sumario de otorgamiento de escritura pública puede realizar un control de validez del negocio jurídico. Pues creemos que el juez no puede elevar a escritura pública negocios jurídicos plagados de nulidad, dado que los mismos transgreden derechos de orden público. 

6.- Finalmente, aplaudimos y ratificamos lo expuesto en el presente Pleno Casatorio pues resultó pertinente que la Corte Suprema uniformice los alcances jurídicos de las demandas de otorgamiento de escritura pública, recomendando a los operadores jurídicos una correcta interpretación del mismo. 

* Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego- sede Trujillo. 

Bibliografía:

[2] Casación N°2406-2014- Ayacucho. 
[3] Casación N°2952-2003- Lima. Publicado el 31/03/2005. 
[4] IX PLENO CASATORIO CIVIL. Casación N° 4442-2015-Moquegua. Pág. 17. 
[5] Casación N°2069-2001- Arequipa, publicado el 03/07/2002. 
[6] MESSINEO, Francesco. Manual de derecho civil y comercial. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1954, T. II, Pág. 492. 
[7] LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. La nulidad manifiesta. Su declaración judicial de oficio. Citada por Roxana Jiménez Vargas-Machuca en el artículo “LA NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO DECLARADA DE OFICIO POR EL JUEZ”. En: Ius et Veritas, N° 24, Lima, 1992, Pág. 59. 
[8] Artículo 219º.- El acto jurídico es nulo: 1.- Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 2.- Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el Artículo 1358º. 3.- Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 4.- Cuando su fin sea ilícito. 5.- Cuando adolezca de simulación absoluta. 6.- Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 7.- Cuando la ley lo declara nulo. 8.- En el caso del Artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca l sanción diversa. 
[9] La bilateralidad de audiencia por la cual nadie puede ser condenado sin ser oído; no hay juicio que se siga a espaldas de la parte a quien eventualmente perjudica, y n hay sentencia válida sino se han dado a las dos partes, por igual, la garantía de defensa necesaria. COUTURE, Eduardo. Estudios de Derecho Procesal. Editorial Depalma 1979. Tomo I. Pág. 310. 
[10] Por este principio se entiende que la tutela jurídica no lo otorga el Juez de oficio, la tutela jurídica que otorga el Estado dependerá de una voluntad particular, siendo así este principio se desprenderá del aforismo nemo iudex sine actore, es decir no hay Juez sin actor. HURTADO REYES, Martín. Fundamento de Derecho Procesal Civil. Editorial IDEMSA. I edición, 2009. Pág. 111. 
[11] “El Juez Civil no tiene facultad para afectar la declaración de voluntad del pretensor (demandante) y concederle más de lo que este ha pretendido en su demanda”. MONROY GÁLVEZ, Juan. Editorial TEMIS. 1996. Pág.91. 
[12] Artículo 221º.- El acto jurídico es anulable: 1.- Por incapacidad relativa del agente. 2.- Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. 3.- Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero. 4.- Cuando la ley lo declara anulable.

lunes, 26 de junio de 2017

Nirvana - Heart-Shaped Box

LEY DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE TENDRÁ IMPACTO LIMITADO



La semana pasada se publicó el reglamento de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable que tiene por objetivo la “promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas”, según su publicación en El Peruano. La discusión de la ley se ha limitado a analizar los parámetros nutricionales para indicar si los alimentos son considerados “altos” en sodio, azúcar y grasas saturadas. Sin embargo, el efecto de la aprobación del reglamento de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable en la decisión de compra de los consumidores será acotado. La reducción en el consumo sería de corto plazo y se daría sólo en algunas categorías. El reglamento se aprobó la semana pasada.

CASOS SIMILARES EN OTROS PAÍSES

Así ha sucedido en otros países luego de aprobarse leyes y recomendaciones que buscaban reducir el consumo de ingredientes que, ingeridos en exceso, son dañinos para la salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el consumo excesivo de embutidos incrementaría la probabilidad de contraer cáncer, las ventas en el Perú cayeron 20% (en S/.2.6 millones) en un mes, según un estudio de Kantar WorldPanel (KWP). Luego de tres meses las ventas comenzaron a recuperarse. “El consumidor se olvida y sigue con su hábito normal”, dijo Celso Cáceres, gerente de cuentas de KWP.
Los consumidores modificarían su consumo según el producto. En Chile, cuando se publicó la ley de etiquetado —similar a la peruana— en junio del 2016, la reducción de las ventas se dio en las categorías dirigidas a niños: galletas y chocolates. “Los productos fueron marginados de quioscos y vendedores cercanos a centros educacionales”, dice Alfonso de los Reyes, gerente de investigación de Euromonitor International. Otro es el caso de categorías que ofrecen indulgencia como gaseosas y helados. Pese a que son altos en azúcar, el consumidor no toma en cuenta su valor nutritivo, dijo Jhoan Vega, director comercial de Arellano Marketing.

Más allá de los hábitos saludables que busca impulsar la ley, el factor determinante es el precio. “El consumidor quiere menos grasa, sal y azúcar, pero el precio es decisivo”, añade Cáceres de KWP. Las empresas tienen 39 meses para adaptarse a los parámetros finales. Éste es un tiempo más que suficiente para el cambio de etiquetado y manejo de inventarios, según Max Vidal, exdirector de Alicorp y profesor de posgrado de la UP. Vidal sostiene que podría lograrse incluso en seis meses.

IMPACTO PUBLICITARIO

El reglamento también contempla que se deberá comunicar las advertencias de los productos en el material publicitario. Su impacto se limitará a los paneles exteriores. El reglamento exige que las advertencias se publiquen en el 15% del tamaño de todos los avisos visuales. “Ello le quita glamour [a un panel] si se le pone parches que digan alto en sodio, azúcar y grasas saturadas. El objetivo de los paneles es generar awareness e intención de compra, sólo llamar la atención.”, comenta Eduardo Velasco, managing director de MEC Global.

Para el caso de los avisos en radio y televisión el impacto sería menor, aunque el reglamento no detalla sobre las exigencias. “Las advertencias publicitarias deberán ser consignadas en forma clara, destacada, legible y comprensible. Las leyendas escritas deberán tener una duración proporcional al tiempo que dure la publicidad”, indica el reglamento. En casos anteriores, los medios se han adaptado a las exigencias legales en beneficio de las empresas publicitarias. “Las radios sacaron promociones donde la empresa pagaba el aviso por 20 segundos y le daban los segundo de legal gratis”, añade Velasco.

domingo, 25 de junio de 2017

ENTREVISTA A CLAUDIO ZOLLA

DEMOCRACIA Y PERIODISMO



El periodismo es imprescindible para la convivencia en una sociedad libre, para el equilibrio de poder necesario en una democracia. Sin el periodismo desaparecería la crítica ordenada, y sin la crítica caeríamos en el imperio de la arbitrariedad y el miedo. Los abusos de poder no son monopolio de los regímenes autoritarios; se dan también en las democracias, y aunque el periodismo independiente no los puede evitar, la denuncia de esos abusos cumple en sí misma una función extraordinariamente valiosa.

La prensa ha cometido muchos errores; eso es indudable. Aunque la prensa ha sido un componente esencial de las democracias liberales desde su nacimiento, también es cierto que, sobre todo en las últimas décadas, el periodismo ha vivido en ocasiones en un pedestal de éxito, se ha separado en exceso de la sociedad a la que se dirigía y ha utilizado de forma algo arrogante el enorme poder del que ha gozado.

A este fenómeno se le ha llamado de distintas formas. La más difundida últimamente es la de posverdad. La posverdad se corresponde con el nacimiento de una era en la que la verdad, como todo, es relativo y todo depende del cristal ideológico con el que se mire y el propósito que se busque con su difusión.Esa arrogancia es muy visible hoy en algunos entornos dominados por periodistas que pontifican, toman partido y dan lecciones de moral en cualquier plató, a todas las horas del día y sobre cualquier asunto que se tercie. Pero el problema principal al que hacemos frente hoy es el intento de eliminación del periodismo, es la sustitución del periodismo por lo que ahora se llama “el relato”, es la sustitución del esfuerzo serio, profesional de la enumeración de los hechos, por la imposición de una narración creada al gusto del consumidor.

La posverdad es peor que la mentira, en el sentido de que la mentira puede llegar a descubrirse, pero la posverdad es incuestionable en la medida en que no necesita ser corroborada con hechos. Los responsables de comunicación de la Casa Blanca le han llamado también “hechos alternativos”, como si lo ocurrido se pudiera manipular como plastilina para darle la forma que más convenga a los intereses que se defienden. Tradicionalmente, a todo esto se le ha llamado así: manipulación. Y la función de la moderna posverdad es la misma que la de la vieja manipulación: impedir que los ciudadanos estén bien informados, que conozcan la verdad, que sean auténticamente libres.

Estamos, pues, ante un fenómeno, que lejos de ser anecdótico o pasajero, tiene una gran profundidad. Como advierte Timothy Snyder: “Abandonar los hechos es renunciar a la libertad. La posverdad es el prefascismo”. Estamos, probablemente, ante la mayor amenaza que existe contra las democracias en estos momentos. Porque la negación de los hechos, la manipulación de los hechos o la creación de relatos que satisfacen los prejuicios y el sectarismo no es una actividad inocente, tiene un propósito que siempre está ligado con el control del poder.

En parte esto se debe al desgaste de las instituciones, de todas las instituciones, por culpas propias y ajenas. En parte esto se debe al desprestigio de la autoridad, de toda autoridad. Es lo que Moisés Naím llama “el fin del poder”. Hay muchos ángulos positivos de este deterioro del poder en su concepción tradicional. El mundo se ha democratizado extraordinariamente. La iniciativa individual, el emprendimiento, la solidaridad encuentran hoy canales muy accesibles por los que desarrollarse. Google, Facebook… la revolución tecnológica nos ha permitido saber más, saberlo antes, comunicarnos mejor, más rápidamente. Viajamos más, conocemos a más gente, tenemos acceso a más puntos de vista.

Eliminada la función crítica de la prensa se puede deformar la realidad al capricho del consumidor. Exagerar los problemas, torcer los datos y prometer soluciones fáciles y paraísos inexistentes. Vivimos tiempos en que lo emocional lo invade todo, lo justifica todo. Yo “siento” que las cosas van mal, luego van mal. Yo “creo” que las cosas ocurrieron así, luego ocurrieron así. Es la demagogia del “todas las opiniones merecen respeto”, ya sea la de un profesional como la de un iletrado. Tanto vale mi impresión como una estadística. Tanto vale una emoción como un dato.

Junto a la magnífica erupción de oportunidades, la revolución tecnológica ha traído también una proliferación de nichos ideológicos, de sectarismo que actúa como caldo de cultivo del odio, la xenofobia y el racismo. Desgraciadamente, es muy frecuente que los usuarios de las redes sociales no las usen para acceder al extraordinario mundo de conocimiento que ofrecen, sino para interactuar entre el reducido círculo de los que son como yo, de forma que los prejuicios se retroalimentan y adquieren categoría de doctrina incuestionable.

Algo similar ocurre con muchas de las páginas web, blogs y confidenciales que circulan en nuestro entorno. Como periodista, entiendo como una oportunidad magnífica la de poder poner en marcha un periódico sin apenas recursos económicos y una tecnología básica y al alcance de cualquiera.

No hay duda de que todos tenemos que felicitarnos de las enormes posibilidades de pluralismo que esto representa. Pero también tenemos que admitir que muchos de esos confidenciales se han convertido en armas de destrucción de los rivales políticos o económicos, en propagadores de rumores, medias verdades o rotundas mentiras con propósitos espurios.

El periodismo no solo no está muerto sino que se encuentra ante un gran momento y una gran oportunidad. Pero el buen periodismo es caro, muy caro. Contar bien una historia exige desplazarse hasta el lugar de los hechos, hablar con una diversidad de fuentes que frecuentemente no quieren hablar, corroborar los datos obtenidos, someterlos a una edición rigurosa. Cumplir con ese deber es más necesario que nunca, pero también es más difícil que nunca.Bienvenidos sean los nuevos medios, bienvenidos sean al periodismo todos aquellos que puedan contribuir a la diversidad y al pluralismo. Pero, bienvenidos al periodismo, con sus normas y sus reglas y su código deontológico, no a la selva de demagogia y calumnias en la que algunos están convirtiendo el panorama de la información.

La amenaza a la libertad de expresión y al periodismo de calidad no se produce en sí mismo por las nuevas tecnologías. El periodismo de calidad y la libertad de expresión están amenazados porque algunos políticos han descubierto que quizá la nueva política se puede hacer mejor y con mucho más éxito sin periodismo exigente. Y porque algunos políticos prefieren periódicos que les den razón y no los sometan a la investigación y la crítica.

AUDITORES HUNDEN A ALARCON

MARCELO ODEBRECHET SOBRE OH



JUEGOS MENTALES: LA ESTAFA

viernes, 23 de junio de 2017

PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS- PRÁCTICA GRUPAL- CASA DE LA EMANCIPACIÓN


Los alumnos de Practica Grupal del Consevatorio Carlos Valderrama Lic Alfredo Estrada Zavaleta, interpretaron obras de su repertorio en la Casa de la Emancipacion el viernes 23 a las 9:30 p.m.; asi: Due e pupile amabili, A cantar, Casamiento de negros y otras. 





lunes, 19 de junio de 2017

NUEVO AVANCE: Game of Thrones | Season7 (Subtitulado)

Contralor Edgar Alarcón presenta denuncia constitucional contra Thorne

CRECE RÉGIMEN DE CONVIVENCIA EN LA LIBERTAD


La Libertad es la segunda región con más inscripciones de uniones de hecho en el Registro de Personas Naturales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) al registrar entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año 191 parejas, informó la Sunarp.

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2017, se inscribieron Mil 348 uniones de hecho –a nivel nacional- en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp. Lima, con 300 inscripciones, encabeza el listado, seguido de La Libertad (191), Arequipa (117), Puno (96), Pucallpa (67) y San Martín (67).

A continuación se ubican los departamentos de Ica (55), Piura (52), Pasco (51), Iquitos (39), Cusco (39), Huaraz (39), Junín (38), Lambayeque (33) y Cajamarca (33).

Cabe señalar que la inscripción de uniones de hecho en el Registro de Personas Naturales creció en un 58.03 % en relación al mismo periodo del 2016, al pasar de 853 anotaciones en el 2016 a un total de Mil 348 convivencias inscritas en lo que va del 2017.

En ese sentido, es importante precisar que la inscripción de convivencias creció en la mayoría de departamentos del país, destacando Pucallpa (136.36% de crecimiento), Puno (128.57%), Tacna (128.57%), La Libertad (101.05%), Ayacucho (94.4%), Lambayeque (83.3%) y Lima (64.84%).

¿Qué es la unión de hecho o convivencia?

La unión de hecho es la forma legal de reconocer el concubinato, y es la convivencia libre y voluntaria entre un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial, que haya durado por lo menos dos años continuos, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio.

En el matrimonio existen dos regímenes patrimoniales: la separación de patrimonios o el régimen de sociedad de gananciales. La separación de patrimonios se puede dar antes del matrimonio o durante el matrimonio. El régimen de sociedad de gananciales se presume solo durante la duración del matrimonio y lo constituyen todos los bienes y rentas obtenidos durante la vigencia del matrimonio, los cuales pertenecen a los cónyuges en partes iguales.

La ley reconoce que una unión de hecho es compatible con la sociedad de gananciales. Para ello la convivencia debe estar reconocida en la vía notarial o judicial. En el caso del concubinato los convivientes no pueden decidirse por el régimen de separación de patrimonios.

¿Por qué debemos inscribir una unión de hecho en la Sunarp?

Al inscribir la convivencia en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp, la pareja precisa la fecha de inicio de la relación así como la de su finalización, en caso se produjera, ello con el objetivo de diferenciar con exactitud los bienes muebles e inmuebles que les corresponden a cada uno y evitar una injusta redistribución de su patrimonio.

En consecuencia, al inscribir la unión de hecho en la Sunarp, los convivientes garantizan la preservación de sus derechos patrimoniales o de propiedad, lo cual se puede hacer valer frente a cualquier tercero, ya que la inscripción da certeza de cuáles son los bienes que están sujetos al régimen patrimonial de la sociedad de gananciales por la que se rigen los integrantes de la unión de hecho.

¿Cómo inscribir una unión de hecho en la Sunarp?

El primer paso para formalizar una unión de hecho es acudir a un notario público o al Poder Judicial. En el caso de acudir a una notaria, se debe tramitar los siguientes documentos:

- Presentar una solicitud que incluya los nombres y firmas de ambos solicitantes, así como el reconocimiento expreso que conviven no menos de dos años de manera continúa.

- Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según sea el caso.

- Certificado domiciliario de los solicitantes.

- Certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer, expedido por la oficina registral donde domicilian los solicitantes.

- Declaración de dos testigos indicando que los solicitantes conviven dos años continuos o más.

- Otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo menos dos años continuos.

Completados estos requisitos, el notario mandará a publicar un extracto de la solicitud en el diario oficial ‘El Peruano’ y en otro diario de amplia circulación.

Transcurridos quince días útiles desde la publicación del último aviso, y si no se hubiera formulado ninguna oposición, el notario extenderá la escritura pública con la declaración del reconocimiento de la unión de hecho entre los convivientes y lo remitirá al Registro de Personas Naturales de la Sunarp del lugar donde estos domicilian para su respectiva inscripción.

MUCHO OJO: Si cualquiera de los solicitantes proporcionara información falsa para sustentar su pedido ante el notario, será pasible de responsabilidad penal.

EL DATO: El costo de inscripción de una unión de hecho en la Sunarp es de S/. 20.00 (los costos notariales no están incluidos); y el plazo de inscripción es de 7 días útiles.

La crisis Thorne: El elevado costo de Chinchero

domingo, 18 de junio de 2017

EUROPA, EL CAMBIO DE PIEL



Las elecciones británicas han sido el mayor desafío al que se ha enfrentado Theresa May tras convertirse en primera ministra por casualidad. May llegó tras la dimisión de David Cameron, quien después de haber ganado las elecciones por mayoría absoluta en 2015, convocó un referéndum que nunca creyó que prosperaría y, sin embargo, al día siguiente de su celebración se encontró con que el Brexit era un hecho y que Gran Bretaña estaba en el camino para dejar de pertenecer a la Unión Europea. 

Casi un año después de aquello, May tomó dos decisiones: que “Brexit significa Brexit” y que, para negociarlo, necesitaba más fuerza política que la mayoría absoluta que ya poseían los tories.

En el subconsciente de Theresa May parece ahora que operaban dos ideas. Por una parte, obtener la legitimidad de los votos que no tenía, ya que su mandato había sido consecuencia de un error de cálculo y de un pronunciamiento histórico para el que nadie estaba preparado, incluida ella misma que se había pronunciado contra el Brexit cuando era ministra del Interior. Y por otra, la de volver a instaurar el toque femenino en el Gobierno y en los asuntos públicos de Gran Bretaña, recuperando la sombra del legado de Margaret Thatcher.

Corbyn puso en evidencia un curioso fenómeno que ya se había producido en las elecciones de Estados Unidos que llevaron a Donald Trump al poder, en las que un senador muy mayor —como Corbyn— llamado Bernie Sanders consiguió canalizar y atraer la atención de los votantes más jóvenes que buscaban depurar y humanizar el sistema capitalista, rompiendo de alguna manera las disciplinas de la autoridad y las catarsis colaterales de la interminable crisis económica global de 2008.Sin embargo, al primer error se sumó otro, que va a tener un peso decisivo en el futuro de Europa. En primer lugar, el Brexit, que llegó con un Gobierno de mayoría, tendrá ahora que empezar a negociarse con un Ejecutivo en minoría que sólo tendrá los votos suficientes si forma una coalición. Y en segundo, revivió a quien parecía enterrado en términos generacionales y políticos, el líder laborista Jeremy Corbyn, que a veces no se sabe si molesta más a los conservadores o a sus compañeros socialdemócratas.

Mientras tanto, en Francia el fenómeno Macron continúa tras obtener la mayoría en las elecciones legislativas, logrando aumentar su base y legitimidad democrática, pero cimentándola sobre una altísima abstención. Un problema que explica también en parte la razón por la que Emmanuel Macron llegó al Palacio del Elíseo, es decir, el agotamiento del sistema político tradicional francés, el entierro de la V República y el nacimiento de otra manera de representar los intereses sociales y económicos de Francia que no estén tan ligados transversalmente al futuro de la Unión Europea.

En cualquier caso, Macron y su VI República —porque eso es lo que ha iniciado con su llegada al poder— no puede y seguramente sabe que no debe, de acuerdo con el mandato de sus electores, seguir con la política de entendimiento total con Alemania y sus recetas de austeridad económica y sacrificio para los países del Sur de Europa.

Macron tiene un mandato débil, pero claro, en un sentido: para que el sistema sobreviva es necesario cambiarlo. Gran Bretaña ya dio el paso de la ruptura total y ahora no es que tenga miedo, sino que los discursos y los supuestos políticos de ayer no encarnan ni las aspiraciones ni las decisiones que los europeos de hoy demandan.Con la salida de Europa de los británicos y la reconfiguración del mapa político francés, aquellos Gobiernos que, como el español, lo hacen todo en nombre de la ortodoxia europea, deberían estar atentos al cambio de piel que se está produciendo en Europa, porque, al margen de la influencia que tienen los problemas internos, es la determinación absoluta con que se aplican las políticas de austeridad económica marcadas desde Bruselas y Berlín —la doble B—, la que está desafiando la lógica de la evolución social y la legitimidad democrática de la Unión.

FERIA DE CAJAMARCA EN TRUJILLO

LA GLORIA DEL EMPRESARIADO NACIONAL



La crisis que afronta el Grupo Gloria esconde un tema bastante más profundo que un problema de etiquetado, crisis comunicacional o mala praxis empresarial. El problema de fondo está vinculado a la manera en la que algunas grandes empresas en el Perú actúan tratando de burlar las normas para lograr situaciones de excepción que los beneficien económicamente a costa de los competidores y consumidores.

Una de estas situaciones irregulares es la relación de los grandes grupos empresariales con los organismos reguladores. En la práctica y a vista de todos, los reguladores son controlados por estas grandes empresas. Prueba de ello es el caso Pura Vida. La misma denuncia que hoy se convirtió en escándalo por venir de Panamá era conocida por Indecopi y Digesa desde 2015, cuando Juan José Julca Preciado presentó la denuncia. Julca no tenía acceso a medios ni poder económico, y esta fue desestimada. Esta vez, ante la avalancha de protestas y difusión mediática, Indecopi y Digesa tuvieron que actuar.

No es el único caso. Latam –con el 52% del mercado de vuelos nacionales– logra que Indecopi cancele el Libro de Reclamaciones, mecanismo de defensa de los consumidores. Movistar decide un cobro ilegal por alquiler de decodificadores de cable y Osiptel se lo permite. ¿Se acuerda de Ositran, la adenda de Chinchero y Kuntur Wasi? Estos son ejemplos de grandes empresas que tienen comportamientos mercantilistas, prácticas monopólicas y que actúan libremente porque controlan a los organismos reguladores. ¿Cómo lo hacen? Con funcionarios públicos que entran al Estado a servir intereses privados y luego regresan al sector privado a las empresas a las que sirvieron.

El sector privado tiene que comprometerse con el desarrollo del país. Y eso pasa por romper prácticas mercantilistas y la captura de rentas. Y para ello, los ministros y funcionarios públicos deberían dejar de representar intereses de privados.

Joan Manuel Serrat, ESOS LOCOS BAJITOS



viernes, 16 de junio de 2017

miércoles, 14 de junio de 2017

Tom Cruise y La Momia en Perú

La Mujer Maravilla - Detrás de cámaras (Extra)

GATO POR LIEBRE



Incluir una vaca en un producto que solo tiene 60% de leche fresca me parece publicidad engañosa. Incluir la palabra ‘leche’ para describir una mezcla láctea no. Pero solo un estudio del público objetivo puede –a ciencia cierta– determinarlo, como alguna vez se presentó en el Indecopi. Lo que no debe ocurrir es que esta coyuntura, vinculada con el etiquetado de productos alimenticios, sea aprovechada para ‘empujar’ temas que nada tienen que ver con Pura Vida.

Hay quienes están afirmando que la palabra ‘leche’ ni siquiera debería poderse utilizar en la etiqueta de productos que no sean 100% hechos con leche entera fresca (LEF), y ya hay proyectos de ley para prohibirlo porque –supuestamente– los consumidores no pueden leer ni hacerse responsables de nada. ¿Lo siguiente será prohibir que se use la palabra ‘chocolate’ para describir productos que no son hechos 100% con cacao y azúcar? Absurdo.

Luego, hay quienes dicen que si los alimentos llevaran advertencias de salud como en Chile o Ecuador o si ya se hubiera aprobado el reglamento del etiquetado alimenticio, este ‘engaño’ no se habría producido. Esto es falso. Las advertencias solo indican si el producto es alto en grasa, azúcar o sodio. Y en nada hubieran cambiado el estado mental de los consumidores que creían que Pura Vida era 100% LEF o que sabían era una mezcla.

Por último, hay quienes están usando el caso Pura Vida para proponer medidas para proteger a los ganaderos locales de la “competencia desleal”, que en realidad es competencia internacional. Y proponen prohibir el uso de sustitutos de la LEF –como leche en polvo– en yogurts, quesos, etc., en beneficio de los ganaderos locales; sin reparar que el hecho de que haya un oligopolio en la compra de la leche solo empeoraría si restringimos la competencia a nivel de los insumos (y los precios podrían subir). No al gato por liebre.

REQUIEM- LUIS ABANTO MORALES

lunes, 12 de junio de 2017

Contralor Edgar Alarcón declara sentirse confiado

El Presidente de INDECOPI en vivo sobre escándalo Gloria

LA GLORIA DE SIEMPRE


-LA CLÁSICA LECHE GLORIA EN LATA CONTIENE LOS ESTABILIZANTES SIN 339 Y SIN 407 (CARRAGENINA) QUE PRODUCEN HÍPER AGUDA IRRITACIÓN DE COLON Y EFECTO CRÓNICO LAXANTE. CON LOS AÑOS HAY CÁNCER.

-LA LATA TAMBIÉN CONTIENE EMULSIFICANTE (Lecitina de soya) QUE TIENE LA PROPIEDAD DE AGRUPAR LAS GRASAS EN UN LÍQUIDO, PERO LAMENTABLEMENTE TAMBIÉN LAS AGRUPA EN LAS VENAS, CAUSANDO OBSTRUCCIÓN Y PROVOCANDO INFARTO.

-El estabilizante se coloca para que la mezcla de líquido lechoso no pierda su textura y apariencia con los meses que pasa guardado. Es un poderoso tóxico.

-El emulsificante agrupa, en la lata de 400 gramos, a las grasas totales (12%), saturadas (24%), y colesterol (7%), es decir, 39 % de grasa dañina que el organismo consume y que lleva a la obesidad mórbida.


Audio completo entre el contralor, Edgar Alarcón y el ministro de Economía