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miércoles, 13 de diciembre de 2017

LA PRUEBA DE OFICIO: ¿UN MAL NECESARIO?

 
Por: Jorge Junior Hidalgo Perea

1. INTRODUCCIÓN. 

Durante mi formación universitaria el tema probatorio siempre ha llamado mi atención de una forma vigorosa, pues considero que representa categóricamente el pilar fundamental para el buen llevar del proceso, instrumento sin el cual las partes no podrían demostrar fehacientemente lo reclamado en el petitorio. En esta línea de pensamiento se expresa el profesor Bustamante Alarcón, quien manifiesta que “dado que a través de los diversos medios de prueba los hechos que configuran una pretensión o una defensa pueden dejar de ser simples afirmaciones para pasar a ser hechos sobre los cuales el juzgador adquirió convicción o certeza”[1], resaltando la gravitación de la prueba en el discurrir procesal.

Ahora bien, nuestro C.P.C manifiesta puntualmente que la finalidad de los medios probatorios es acreditar los hechos manifestados por las partes, con lo cual buscarán crear convicción en el juez; siendo los llamados a acreditar los hechos las partes intervinientes en el proceso. No es ajena a la realidad, sin embargo, que en ocasiones las partes no logran acreditar de manera contundente e indubitable sus pretensiones; es aquí donde nace la necesidad de poder hacer del proceso un instrumento con el cual se logre pronunciamientos justos, en donde la búsqueda de la verdad de los hechos tenga primordial relevancia. 

Por tal motivo, el legislador decidió dar potestades probatorias al juez, en la cual de manera excepcional tiene la potestad de ordenar la actuación de medios probatorios adicionales a los ofrecidos por las partes, todo ello con la finalidad de crear convicción y resolver la controversia de la manera más justa de acuerdo al Derecho y a sus convicciones. Dicha potestad, no obstante, resulta muy controvertida dentro de la dogmática procesal, pues un primer sector afirma que juez se encuentra entre la delgada línea de la parcialidad e imparcialidad, pues se corre el riego que el juez supla a las partes en el proceso; un segundo sector asevera que el juez en su calidad de director del proceso cumplirá la función de armonizar el proceso, siendo la prueba de oficio el instrumento idónea para poder llegar a la verdad de los hechos.

Asimismo, se agudiza la problemática si nos encontramos ante una potestad del juez o ante una obligación, dado que con la reciente modificatoria (Ley N°30293), agrega al Art. 194 el término “ordenará”, tomando a esta atribución no como una facultad propiamente, sino más bien como una obligación. De igual forma se expresa el tema de la inimpugnabilidad de la resolución que ordena de actuación de la prueba de oficio, dado que está en la última modificatoria se aprecian salvedades al caso, la misma que serán detalladas con posterioridad.

En este orden de ideas, nace pues la necesidad de dedicar el presente ensayo al estudio de la llamada “Prueba de Oficio”, pretendiendo analizar aspectos dogmáticos sobre la prueba, prueba de oficio y otras instituciones que nos permita dilucidad si la prueba de oficio resulta ser efectivamente “¿un mal necesario?” para el buen llevar del proceso, o si en todo caso nuestro ordenamiento procesal civil necesita de modificatorias.

II. CONCEPTOS BÁSICOS: PRUEBA, PRUEBA INSUFICIENTE, FUENTE Y MEDIO DE PRUEBA, PRINCIPIO DE PERTIENENCIA.

Para comprender a cabalidad el tema sobre la Prueba de Oficio, resulta necesario abarcar temas como el concepto de prueba, prueba insuficiente, diferencias entre fuente y medio de prueba y, por último, los alcances jurídicos del principio de pertinencia en materia probatoria. Todo ello con la finalidad de facilitar al lector conceptos breves pero claros que ayuden a profundizar el tema sobre la prueba de oficio. 

2.1. Concepto de Prueba:

El vocablo prueba es usada de manera constante dentro de nuestra vida cotidiana, tanto es así que cuando queremos demostrar la veracidad de un hecho, solemos usar dicha palabra como instrumento idóneo para acreditar determinados hechos. 

El profesor italiano Taruffo, sostiene que el proceso tiene como finalidad resolver una incertidumbre que versa sobre la verdad o falsedad de los enunciados postulados por la partes procesales, manifestando que “la prueba, es el instrumento que utilizan las partes desde hace siglos para demostrar la verdad de sus afirmaciones, y del cual se sirve el juez para decidir respecto a la verdad o falsedad de los enunciados facticos”[2].

Tal es la importancia de la prueba que sin ella sería imposible poder demostrar los hechos alegados por las partes; en consecuencia, el proceso se convertiría en un rito sin mayor sentido; por dichos motivos ya nuestra Constitución le asigna la calidad de derechos fundamentales, pues manifiesta que la prueba forma parte implícitamente del derecho al debido proceso, siendo por tanto el derecho a la prueba reconocido como aquel que pertenece al grupo de los llamados derechos fundamentales inherentes a todo sujeto por el simple hecho de serlo, el cual le faculta poder presentar cualquier medio de prueba en el proceso o procedimiento que forma parte, con el único fin de hacer de su defensa técnica la más sólida posible, siendo este el instrumento por excelencia que permitirá introducir los hechos hacia el mundo procesal, buscando con ello crear convicción en el juez de la causa. 

2.2. Prueba Insuficiente:

En el proceso, y en particular en el proceso civil, los llamados a acreditar los hechos son las partes, tanto en su demanda postulatoria como en su contestación de demanda, siendo los mismos los encargados de ofrecer los medios probatorios idóneos, los cuales ayudarán al juez a llegar a la convicción sobre la veracidad o no de los hechos materia de controversia. 

La insuficiencia de la prueba quedará en la potestad del juez, pues será este, en su calidad de director del proceso, el único facultado de solicitar la actuación de medios probatorios ajenos a los presentados por las partes. En este sentido, Alsina afirma que “la sentencia del juez, debe ser, en lo posible, la expresión de la verdad; esto es lo que interesa a la sociedad; para ello, debe tener facultades para investigar por sí mismo en la medida necesaria para completar su información o aclarar alguna situación dudosa; aquí radica el deber del juez, respecto de la carga de la prueba”[3], aquí radicaría el porqué de la potestad otorgada al juez para actuar de oficio medios probatorios no ofrecidos por las partes intervinientes en el proceso, doctrina que un gran sector de la doctrina comparte pero que al mismo tiempo resulta harto discutible.

Debemos entender como prueba insuficientes a aquellas pruebas ofrecidas por las partes intervinientes en el proceso que no son suficientes para causar en el juez convicción sobre la verdad falsedad de los hechos discutidos. Ante ello nuestra legislación faculta al juez poder solicitar de oficio la actuación de medios probatorios no ofrecidas por las partes, que en palabras de profesor Hurtado Reyes “si no se presentan situaciones en el proceso que acrediten una deficiencia probatoria por las partes, el juez se encontraría limitado (impedido) para ordenar prueba de oficio, pues de lo contrario se estaría convirtiendo en abogado de una de las partes, perdiendo la condición de sujeto imparcial en el proceso, quebrantando en consecuencia el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva de las partes”[4].

2.3. Fuente y Medio de Prueba:

Podemos apreciar que el tema de fuente y medio de prueba en la praxis jurídica no se encuentra del todo claro, pues existen muchos que suelen confundir los conceptos, tal es el caso que muchos hacen alusión a medios de prueba como si se tratara de fuentes de prueba; ante tal equivoco creemos conveniente hacer mención a pequeños conceptos que ayuden a dilucidar y poner en claro el concepto de cada uno de ello. 

Es así que debemos entender que fuente de prueba está referida a un plano netamente extraprocesal, cuya realidad es anterior al proceso, los mismos que para ser introducidos al proceso necesitarán del medio idóneo. Por su parte, entenderemos como medios de prueba a aquellos instrumentos que se encuentran incorporados dentro de nuestro marco legal, siendo los mismos los encargados de la introducción del plano material hacia el plano procesal los hechos que pretenden acreditar las partes. Nuestro CPC contempla estos medios probatorios en los artículos 192 y 193.

En la doctrina clásica podemos encontrar posturas firmes sobre la diferencia entre fuente y medio de prueba, tal es el caso del profesor Francesco Carnelutti, quien manifiesta que fuente de prueba “son los hechos percibidos por el juez y que le sirven para la deducción del hecho a probar”[5]; mientras que, por su parte, Hugo Alsina, manifiesta que medio de prueba “es el instrumento, cosa o circunstancia con los que el juez encuentra los motivos de su convicción. La prueba se produce por algunos de los medios que la ley admite y así es motivo de prueba la declaración por un testigo veraz del hecho por el presenciado”[6].

2.4. Principio de Pertinencia de la Prueba:

La Ley N°30293, publicada en El Peruano con fecha 28 de enero de 2015, modificó el artículo pertinente a la prueba de oficio, incorporando al mismo: “Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso…”[7].

Pues bien, Bustamante Alarcón manifiesta que el Principio de pertinencia tiene dos campos de aplicación: el primero, referido a los hechos que pueden constituir el objeto concreto de prueba; el segundo, referido a los medios probatorios que pueden ser admitidos o incorporados para probar los hechos[8]; los mismos que pasaremos a exponer brevemente:

- Respecto al primer campo de aplicación debe existir una relación lógica – jurídica entre los hechos y el petitorio, además de existir una relación lógica – jurídica entre los hechos y el supuesto factico que se lidia en el proceso. En consecuencia los hechos que no tengan una relación directa con el petitorio y el supuesto factico que se lidia en el proceso, tendrán que ser excluidos pues los hechos impertinentes no causan ningún efecto en la litis. 

- En el segundo campo de aplicación referido a los medios probatorios, la doctrina nos manifiesta que los medios probatorios ofrecidos por las partes intervinientes en el proceso tienen que tener una relación lógica – jurídica con los hechos, la razón justificante parte de la premisa que el objeto de la prueba son los hechos, pero no cualquier hecho, sino los jurídicamente relevantes que tengan relación tanto con el petitorio y con el supuesto fáctico. 

En consecuencia, ¿qué debemos entender por pertinencia de la prueba?, dentro de la teoría general de la prueba podemos encontrar principios rectores que coadyuvaran al buen funcionamiento de esta institución procesal, es así que para que los medios probatorio ofrecidos por las artes sean admitidos tiene que existir una relación directa entre el medio probatorio y los hechos que se pretenden probar.

III. LA PRUEBA DE OFICIO EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

La iniciativa probatoria del juez dentro de nuestro ordenamiento Procesal Civil propiamente dicho tiene sus primeras luces en el antiguo Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852, y desde la fecha mucha agua ha fluido sobre el cauce del río, por tal motivo resulta necesario poner los puntos sobre la íes. A fin de entender a cabalidad las potestades probatorias que nuestro CPC otorga al juez, resulta propio hacer una reseña histórica, culminando con un estudio sobre los alcances jurídicos sobre dicha potestad.

3.1. Reseña histórica sobre la iniciativa probatoria del juez en el sistema normativo Peruano:

La mal llamada prueba de oficio nunca fue extraña dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tal es el caso que ya en el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 se abarca el tema de la actividad oficiosa del juez, pero con ciertas limitaciones, precísese la misma:

Artículo 670. Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de sentencias; fijando un término breve y perentorio, si se decreta después de vencido el ordinario. Exceptúese la prueba de testigos, que no puede ordenarse de oficio.

Es de apreciar que en el tenor del articulo prescribe “puede”, convirtiendo al mismo en una potestad propiamente dicho y no en una obligación, todo ello con una finalidad especifica el esclarecimiento de la verdad de los hechos argumentadas por las partes, postura que nos parece muy atinada; dichos medios probatorios podían actuarse en cualquier estadio del proceso, pero antes de la emisión de la sentencia.

Ahora bien existe limitación en cuanto a la actuación de medios probatorios, la misma prescribe que el juez no podrá ordenar de oficio la actuación de prueba de testigo, que a palabras del profesor Luis Alfaro “el legislador de dicha norma buscaba evitar que su uso pueda generar dilación o aplazamiento de una manera extraordinaria (o descomunal por decirlo menos) en el desarrollo del procedimiento judicial”[9]; en cuanto al auto que ordene la prueba de oficio, el mismo era inapelable[10]

Con posterioridad en 1912 se promulgo el Código de Procedimientos Civiles, el cual no tuvo mayores cambios en cuanto a la prueba de oficio, por lo contrario tuvo ciertas limitaciones, no solo gramaticales sino en cuanto a las pruebas que se podían actuar en el proceso, véase la misma:

Artículo 340. Los jueces en cualquier estado de la causa pueden ordenar de oficio las pruebas que jueguen necesarias, excepto la de testigos y el juramento decisorio,

Es inapelable el auto en que el juez ordena prueba de oficio.

Se aprecia que el Código de Procedimientos Civiles, justifica la actuación de la prueba de oficio con la finalidad de un mejor resolver por parte del juez, indicando que el mismo puede ordenar dicha actuación en cualquier estadio del proceso, entendiendo la misma con que esta se producirá después de la actuación de los medios probatorios ofrecidas y admitidas por las partes pero antes de sentenciar.

Las limitaciones en comparación con el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 son notables pues esta no permitía al juez actuar tanto los testigos y el juramento decisorio, en el cual encontramos lo novedoso. En cuanto al auto que ordenaba la actuación de la prueba de oficio no existe ninguna novedad pues la misma era inapelable, la misma que a nuestro criterio vulnera nuestro derecho a la doble instancia y contradictorio.

Estos dos Códigos son los predecesores y los que le dieron la razón de ser al Código Procesal Civil de 1993, el cual contiene a la fecha una versión mejorada sobre la prueba de oficio, la misma que pudo llegar a buen puerto gracias a su reciente modificatoria mediante la Ley N°30293 publicada en el Diario Oficial el Peruano con fecha 28 de enero de 2015, la misma que forma parte de nuestro objeto de estudió. 

3.2. La prueba de oficio en el Código Procesal Civil de 1993.

Nuestro CPC ante de su modificatoria por la Ley N° 30293, en su texto primigenio prescribía lo siguiente:

Artículo 194. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.

Excepcionalmente, el Juez puede ordenar la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial.

Véase que el marco normativo contemplaba claramente que el juez de manera excepcional y cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes, podría ordenar la actuación de medios probatorios adicionales, cuidando de esta manera que el juez no supla a las parte en el proceso, pues la actividad probatoria es única y exclusiva de las partes. 

En cuanto a que medios probatorios podrán actuarse, el citado artículo no limita al juez, pudiendo el mimo solicitar la actuación de todos los contemplados en el artículo 192 del CPC. La inimpugnabilidad del auto que contiene la disposición de la actuación de la prueba de oficio sigue siendo inimpugnables, no existiendo a nuestro criterio razón alguna para limitar nuestro derecho a la pluralizada de instancia. 

Con la nueva reforma realizada tras la publicación de la Ley N° 30293 se produjeron cambios notables, pero el tema sobre la actuación de la prueba de oficio aún sigue causando mucha zozobra a la comunidad jurídica. Observemos la nueva disposición tras la modificatoria: 

Artículo 194. Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba. 

La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo.

En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio. 

El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial.

A simple vista se observan cambios significativos, sin embargo, los mismos a nuestro criterio cuentan con déficit notables: tal es el caso que se habla de un acto excepcional por parte del juez, pero que al mismo tiempo se consigna la palabra “ordenará” entendiendo por la misma no como una facultad sino más bien como una obligación. El artículo en mención prescribe que se podrá actuar la prueba de oficio siempre y cuando la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso, la pregunta salta a la vista: ¿con este actuar el juez no suple a la partes en el proceso? Adicionalmente: ¿el juez premia la mala praxis del abogado litigante?; por último: ¿la resolución que ordena la actuación de la prueba de oficio sigue siendo impugnables, pero bajo ciertos parámetros?

Respecto a las futuras nulidades por no haberse ordenado la actuación de la prueba de oficio, en ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia pues estamos ante una facultad excepcional del juez, mas no de una obligación la cual si acarrearía futuras nulidades.

3.3. ¿Potestad u Obligación?

Para entender el tema de fondo resulta necesario precisar los tipos de sistemas procesales que existen, hablamos así del sistema privatístico y publicístico: el primero se caracteriza porque el juez adquiere la función de un simple espectador, adquiriendo el rol principal las partes intervinientes en el proceso pues son los mismos los llamados a dirigirlo; por su parte, en el sistema publicístico, el juez cumple la función de director del proceso, quien es el llamado a encaminar y dirigir el mismo; dicho sea de paso el sistema publicístico es el acogido por nuestro ordenamiento jurídico pues en palabras del profesor Monroy Gálvez “el sistema publicístico ha pasado a ser en este siglo la alternativa más común y científicamente más aceptable para el diseño de un determinado ordenamiento procesal, al punto que mantener un esquema privatístico es signo de obsolencia grave o aguda…”[11].

Con lo expuesto se aprecia que nuestro sistema procesal da al juez múltiples potestades en virtud a su envestidura de director del proceso, dichas potestades se ve reflejada en la actuación de manera excepcional de la prueba de oficio, debiendo el mismo tomar una un rol activo dentro del proceso mas no inquisitiva.

Por su parte el profesor Taruffo manifiesta que “la función “activa” del juez respecto a la adquisición de las pruebas se configura claramente como complementaria y supletoria respecto a la actividad probatoria de las partes, de modo que cuando éstas ejercen completamente su derecho a proponer todas las pruebas disponibles y, por tanto, proporcionan al juez elementos suficientes para la determinación de los hechos como ocurre frecuentemente en la práctica no hay ninguna necesidad de que el juez ejercite sus poderes”[12].

Nos queda claro hasta este punto que estamos ante una potestad del juez, mas no ante una obligación, con la salvedad que hay un error gramatical a tenor de la disposición del artículo 194, el mismo que contempla la palabra “ordenará”, tomada la misma como una obligación mas no como una potestad, teniendo en cuenta que tanto en el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil, Código de Procedimientos Civiles y el Código Procesal Civil, antes de su modificatoria, se aprecia el término “puede”, denotando antes que una obligación una facultad. A nuestro juicio, el legislador debió mantener el término “puede”, y no variarlo por la expresión “ordenará”. 

Al tratarse de una facultad, nuestro legislador decidió que en ninguna instancia o grado se deberá declarar la nulidad de la sentencia por no haberse actuado la prueba de oficio; cosa que nuestros jueces en ocasiones no ponían en práctica, dado que en oportunidades declaraban la nulidad de sentencia por no haber actuado la prueba de oficio, haciendo una mala interpretación de la norma puse la consideraban como acto obligatorio ante la falta de certeza y convicción[13]

3.4. Inimpugnabilidad de la resolución.

Resulta necesario deslindar si nos encontramos frente a una resolución inimpugnable o en todo caso ante una impugnación condicionada, como afirma el profesor Hurtado Reyes[14], dado que la misma será impugnable únicamente si el juez al dictarla no se ajusta a los límites establecidos en el artículo 194° del C.PC.

Lo elementos a los cuales el juez debe ajustarse al momento de ordena la actuación de la prueba de oficio, se encuentra taxativamente dentro de lo prescrito en el artículo pertinente, véase: 

Artículo 194. Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba. 

La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo.

En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio. 

El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial.

Adviértase que la excepcionalidad de la prueba de oficio radica, en que el juez solo ordenará de manera oficiosa la actuación de un medio de prueba siempre y cuando existe insuficiencia probatoria, teniendo en cuenta que dicho instrumento solo será posible ante duda sobre la verdad o falsedad de los hechos incoados en la demanda u contestación de demanda. 

Respecto a la insuficiencia probatoria el juez en un primer momento tiene que tener en claro si existe insuficiencia probatoria por parte de la partes, la misma que se verá manifiesta en la imposibilidad de crear convención en el juez; siendo esta limitación un impedimento al buen resolver de la causa.

Teniendo en cuenta que el juez debe tener cuidado en no reemplazar a las partes en su carga probatoria, pues los llamados a acreditar los hechos son únicamente las partes, teniendo el juez una potestad netamente excepcional. La actuación de prueba de oficio, a nuestro criterio, se encuentra dentro de una línea muy delgada entre la objetividad del juez y la imparcialidad, debiendo tener cuidado en no premiar la mala praxis del abogado litigante. 

El artículo en mención permite al juez actuar prueba de oficio, siempre y cuando la fuente de prueba haya sido citada de manera directa o indirecta, expresa o tácita[15]; en la demanda, contestación de demanda u otro escrito que apersone a un sujeto en el devenir de un proceso. Entendiendo como fuente de prueba a todo aquel hecho que tiene su origen en un plano extraprocesal y que los mismos son incorporados a través de los medios de prueba dentro del proceso.

La inquietud nace de la siguiente controversia: ¿por qué si las partes citaron la fuente de prueba y existiendo el instrumento idóneo para su incorporación al proceso, no lo ofrecieron?; la pregunta resulta tan lógica como sensata pues el juez estaría actuando como parte del proceso y estaría supliendo la carga probatoria de las partes.

Llegando a la conclusión que si el A-quo no motiva adecuadamente su resolución que ordena la actuación de la prueba de oficio, este deja puertas abiertas para que las partes intervinientes en el proceso interpongan recurso impugnatorio contra la resolución que ordena la actuación de prueba de oficio; pero al mismo tiempo, no cierra las puertas pues manifiesta que esta resolución es inimpugnable, por lo que reafirmamos nuestra postura que estamos ante una impugnación condicionada, a contracorriente de algunos especialistas, como el profesor Luis Alfaro, pues manifiesta su objeción de la siguiente forma ¿Cuál es el sentido de que un ordenamiento exija la motivación de la decisión judicial si no permite su control?...[16].

Otra de las novedades que se pueden apreciar con la reforma es el derecho al contradictorio, con la cual las partes podrán cuestionar la actividad oficiosa del juez. Si el juez de oficio ordena la actuación de un medio probatorio y este las actúa sin conocimiento de las partes, estaría realizando un acto deliberado que afectaría a las partes pues se le estaría negando su derecho a cuestionar u oponerse a los medios de prueba incorporados oficiosamente, debiendo el juez poner de conocimiento a las partes de la actuación de medios de prueba de oficio, para que así las partes puedan ejercer su derecho a contradictorio, que en palabas del profesor Hurtado Reyes se ve manifestado en: i) la posibilidad que las partes se opongan a la actividad oficiosa del juez “tomada esta oposición como la posibilidad de que las partes puedan ejercer las cuestiones probatorias” y ii) que se permita a las partes ofrecer medios de prueba que les permitan cuestionar los ofrecidos oficiosamente[17]. Las mismas que serán actuadas en audiencia complementaria de ser el caso.


IV. CONCLUSIONES: 

- Con la dación de la modificatoria de la prueba de oficio mediante la Ley N° 30293 se hicieron notables cambios, los mismos que coadyuvan a una correcta actuación en lo que a la aplicación de la prueba de oficio se refiere, pues incorpora derechos que protegen a las partes intervinientes en el proceso, ya sea respetando el derecho al contradictorio, con lo cual las partes cuestionan la actividad oficiosa del juez o la incorporación de la excepcionalidad de la actuación prueba de oficio.

- En cuanto al texto de lo prescrito en el artículo 194 del CPC, podemos observar un error del tipo gramatical que afecta una cuestión de fondo, por el cual nuestro legislador le dio la calidad de obligación a la actuación oficiosa del juez, en tanto incorpora la palabra “ordenará”. Y al tratarse de una actividad excepcional del juez el mismo tiene la calidad de potestativa mas no de obligatoria. 

- Otro tema muy discutido es el referido a la inimpugnabilidad de la resolución que ordena la actuación de la prueba de oficio, siendo la misma de carácter inimpugnable según lo prescrito por el artículo 194 del CPC. Sin embargo, la misma norma nos deja la posibilidad de impugnar la misma siempre y cuando se ajuste a los lineamientos pre establecidos, esto quiere decir, que se respete la excepcionalidad de la actuación de la prueba de oficio, siempre que los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficiente, que la fuente de prueba haya sido citada por las partes, no remplazar a las partes en la carga probatoria, respetar el derecho al contradictorio y el deber de realizar una debida motivación de la resolución. De esta suerte, estamos no antes una imposibilidad jurídica, sino ante una impugnación condicionada. 

- Finalmente, a nuestro parecer, la Prueba de oficio es y seguirá siendo una institución procesal de amplio debate donde el verdadero estudio del mismo debería girar en torno a la finalidad misma del proceso: si este busca la sola solución del conflicto de intereses o busca la verdad de los hechos controvertidos, siendo el juez en su calidad de director del proceso el llamado a direccionarlo, haciendo del mismo el instrumento para lograr a la tan ansiada paz social en justicia.

[1] Bustamante Alarcón, Reynaldo. “El Derecho a probar como elemento esencial de un Proceso justo”, 2° Edición-ARA Editores E.I.R.L.-2015, Pág. 65. 

[2] Taruffo, Michele. “La prueba, artículos y conferencias. Monografías Jurídicas Universitos”. Edit. Metropolitana, Buenos Aires, 2013, p. 56. 

[3] Alsina, Hugo. “Fundamentos de Derecho Procesal. Serie Clásicos de la teoría general del proceso”. Volumen 4, Editorial jurídica universitaria. Edición 2003, México, p. 411. 

[4] Hurtado Reyes, Martín. “La prueba de oficio a partir de la modificatoria del artículo 194° del Código Procesal Civil”, Revista N°10 – Poder Judicial del Perú, Lima, p. 413. 

[5] Carnelutti, Francesco. “La prueba civil”. Editorial de Palma 1982, Segunda Edición, Buenos Aires, p.89. 

[6] Alsina, Hugo. “Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Ediar Soc. Anon. Editorial, Buenos Aires, 1958, p. 230. 

[7] Ley N° 30293, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de enero de 2015. 

[8] Bustamante Alarcón, Reynaldo. “El Derecho a probar como elemento esencial de un Proceso justo”, 2° Edición-ARA Editores E.I.R.L.-2015, p. 128-129. 

[9] Alfaro Valverde, Luis. “La Iniciativa Probatoria del Juez – Racionalidad de la Prueba de Oficio”, Editorial Grijley, Primera Edición 2017, p. 40. 

[10] Artículo 671. Es inapelable el auto en el que el jue manda llevar a adelante la prueba decretada de oficio. Código de Enjuiciamiento en Material Civil de 1852. 

[11] Monroy Gálvez, Juan. “Introducción al Proceso Civil”, Editorial Temis S. A. 1996, p. 71. 

[12] Taruffo, Michele. “Poderes probatorios de la partes y del juez en Europa”, Universidad de Pavía. En: http://www.biblioteca.org.ar/libros/141155.pdf

[13] Casación N° 1121- 2004: “Corresponde anular las sentencias antes señaladas a fin de que se haga un pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida, declarando fundada o infundada la demanda, pudiendo el A- quo antes de emitir pronunciamiento integrar al proceso todo el material probatorio ofrecido y/o actuar pruebas de oficio de conformidad con lo que dispone el artículo 194 del Código Procesal Civil

[14] Hurtado Reyes, Martín. “La prueba de oficio a partir de la modificatoria del artículo 194° del Código Procesal Civil”, Revista N°10 – Poder Judicial del Perú, p. 431. 

[15] Hurtado Reyes, Martín. “La prueba de oficio a partir de la modificatoria del artículo 194° del Código Procesal Civil”, Revista N°10 – Poder Judicial del Perú, p. 422. 

[16] Alfaro Valverde, Luis. “La Iniciativa Probatoria del Juez – Racionalidad de la Prueba de Oficio”, Editorial Grijley, Primera Edición 2017, Pág. 91. 

[17] Hurtado Reyes, Martín. “LA PRUEBA DE OFICIO A PARTIR DE LA MODIFICATORIA DEL ARTÍCULO 194° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL”, Revista N°10 – Poder Judicial del Perú, Pág.430.

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