jueves, 19 de abril de 2018

NO NOS HAGAMOS TARUGOS


Por Fernando Cácereres.-

Desde el 2001, cuando volvimos a elegir democráticamente a un gobierno, las pérdidas acumuladas por corrupción, según estimaciones conservadoras de Contribuyentes por Respeto, ascienden a S/136 mil millones. Una pérdida de valor equivalente al 20% del PBI y ¡nada menos que a casi un año entero de presupuesto público! Con este monto hubiéramos podido financiar 85 años de Qali Warma, ofrecer aumentos anuales a los docentes –como los del 2017– por 58 años consecutivos, construir 67 proyectos como Majes-Siguas (segunda etapa), desarrollar 8 proyectos como la línea 2 del metro, etc.  

La lucha contra la corrupción está en el tope de prioridades del gobierno de Martín Vizcarra. El riesgo, sin embargo, es que el esfuerzo para enfrentarla se quede solamente en gestos o iniciativas líricas que no logren modificar el statu quo, como ministros viajando en clase económica, funcionarios presentando su declaración jurada de intereses y declaraciones tras la Cumbre de las Américas. 

Detrás de cada espacio donde se gesta la corrupción hay muchos grupos de poder, económicos y sociales, interesados en que nada cambie, y que buscarán que solo se realicen acciones cosméticas. El presidente, cuya principal fortaleza hoy es estar limpio de Lava Jato, no puede sucumbir a esa presión. No al tener entre 57% y 71,4% de aprobación según Ipsos y CPI, respectivamente. 

Ya está claro, por lo dicho por el ministro de Economía, David Tuesta, que no debemos esperar de este Gabinete reformas que tengan alto costo social. Más bien, debemos requerir reformas que tengan alta aceptación social, precisamente como la lucha contra la corrupción, que el 33% de la población cree debe ser la principal prioridad de este Gabinete Ministerial, por delante, incluso, de la reactivación económica y enfrentar la delincuencia (El Comercio-Ipsos). 

Lamentablemente, el Perú es un país con ciudadanos altamente proclives a la corrupción, donde escasean las obligaciones éticas incondicionales. Esas que Kant llamaba “imperativos categóricos”. Aquí, la regla parece ser “la ocasión hace al ladrón”. Y si ese es el caso, la lucha contra la corrupción tiene que incluir un fuerte componente preventivo. No basta con perseguir a los corruptos. 

Para ello, no solo se necesita darle mayor poder a la Autoridad de Transparencia, que hoy tiene tan solo rango de dirección dentro del Ministerio de Justicia. Se necesita, por sobre todo, reducir los espacios en los que se otorga discrecionalidad para actuar a los funcionarios, es decir, aquellos espacios caletas que –coima de por medio, pero sin levantar demasiadas sospechas– posibilitan por ejemplo que alguien en Ositrán emita en horas certificados por avance de obras, que normalmente tardan semanas en ser evaluados (como sucedió durante la presidencia de Juan Carlos Zevallos; y que habrían servido para que el MTC pague aceleradamente las valorizaciones de los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur a Odebrecht). 

Como decía la Chimoltrufia: “No nos hagamos tarugos” para luchar contra la corrupción. En un país lleno de corruptos y corruptores, no basta con medias tintas. Hay que revisar las labores discrecionales de los funcionarios, revisar si el Estado debe intervenir o no en ciertos ámbitos, optar por el uso de la tecnología para trasladar el poder desde el servidor público y el corruptor hacia el ciudadano inquisidor, y abrir el gobierno lo más posible al escrutinio de la sociedad y al periodismo de datos. 

Esperemos que el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que el presidente ha anunciado que será aprobado en el Consejo de Ministros, no esté hecho solo para la galería, sino que pueda efectivamente marcar un antes y un después. La lucha contra la corrupción debe ser su mayor legado.

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