martes, 28 de agosto de 2018

PADRES YA PUEDEN RECONOCER A HIJOS NACIDOS FUERA DEL MATRIMONIO


Desde el pasado 25 de agosto, los padres biológicos de un niño, niña o adolescente nacido fuera del matrimonio pueden reconocer su paternidad pese a que la madre siga casada con otra persona. Así lo establece el DL N° 1377 publicado en el diario El Peruano que modifica varios artículos del Código Civil.

Antes de esta modificación, si una mujer estaba casada y tenía un hijo fuera del matrimonio, el padre biológico no podía reconocer al menor pues, ante la ley, la figura paterna no podía ser otra que el esposo. Es decir, para las leyes peruanas la mujer solo podía quedar embarazada dentro del matrimonio y aún se encontrara separada y decidiera rehacer su vida con otra persona, el padre del menor no podía reconocer a su hijo. Esta normativa ocasionaba el incorrecto registro del nacimiento y de la filiación del niño.

El Decreto Legislativo N° 1377 dispone además que los peruanos de 14, 15, 16 o 17 años, que se convierten en padres o madres, pueden llevar a cabo una serie de actos legales; entre ellos, solicitar por su cuenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) e inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas a fin de evitar la indocumentación tanto de los jóvenes progenitores como de sus hijos e hijas.

Las nuevas disposiciones recogen las propuestas formuladas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y una serie de entidades públicas y privadas convocadas por dicho organismo registral con el fin de elaborar el Plan Nacional Contra la Indocumentación.

Marilyn Monroe the subway scene (the seven year itch 1955)

RETIRAN A JUEZ COMO MIEMBRO DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL


Tras más de cuatro horas de debate, la Junta de Jueces Superiores del país decidió ayer no renovarle la confianza al magistrado Augusto Ruidías Farfán, protagonista de un audio con el suspendido juez supremo César Hinostroza, y lo retiraron como miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).

A las 9:00 a.m., Ruidías presentó una solicitud al titular de la Corte Suprema, Víctor Prado, para que deje sin efecto la sesión de la junta. Argumentó que su mandato, como representante de los jueces superiores, dura dos años y que este periodo vencía aún en agosto de 2019.

“La junta de presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú no tiene ni competencia ni facultades para llevar adelante procedimientos de ratificación o revocatoria de consejeros sino solo a elegir, en supuesto de cese o renuncia o impedimentos, que no es el caso”, explicó en su pedido.

Sin embargo, sus argumentos, que también los expuso en la sesión, no fueron tomados en cuenta y los 19 integrantes de la junta le bajaron el dedo.

En las grabaciones que involucran a Ruidías Farfán, se escucha a César Hinostroza solicitarle, como favor, que ayude a su “gran amiga” María Luisa Apaza, quien buscaba ser destacada a la Corte de Lima.

En esos audios, Hinostroza también habla con la magistrada Rosa Vera, a quien le pide el mismo apoyo.

Apaza ahora es encargada del megajuicio contra los Sánchez Paredes,una familia de empresarios norteños a quienes se investiga por el presunto delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico.

Tras difundirse esos diálogos, Vera renunció a su puesto en el CEPJ, donde representaba como consejera a los jueces de primera instancia. Ayer fue elegido Galileo Galilei Mendoza Calderón, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura-Huacho, como su reemplazo.

Pese a que contaban con el quórum, los jueces no llegaron a un acuerdo para elegir al sucesor de Ruidías. Será la Sala Plena del Poder Judicial la que decida mañana sobre la situación del juez.

domingo, 26 de agosto de 2018

LA FORMALIDAD MÁS MÁS



Uno de los privilegios del éxito personal es el de ser dueño de la historia. El exitoso explica la victoria a su manera, resaltando sus propias cualidades y borrando discretamente las manchas de sus jugadas menos limpias. Lo que queda es una versión oficial que describe un triunfo de lo correcto, celebrado apropiadamente en reuniones de alta formalidad, como en un club que exige el uso de terno. 

Con el tiempo, la virtud se enquista como explicación. La teoría es reforzada por fotos celebratorias donde lo que se percibe es el éxito acompañado de alta formalidad. Lo que también juega a favor de la teoría es la falacia lógica, “post hoc ergo propter hoc”. Esto es, si hoy el éxito se encuentra visiblemente asociado con lo correcto, entonces lo correcto seguramente explica el éxito.

Esa falacia explicativa se encuentra también en las explicaciones del éxito de los países. El club de los exitosos es la OCDE, y sus 34 socios se han comprometido a estrictas reglas de formalidad gubernamental y de mercado, reglas que reflejan una versión del éxito que premia la formalidad y las buenas prácticas de gobierno.

La explicación del extraordinario salto productivo de Corea del Sur, por ejemplo, resalta varias de esas buenas prácticas. Desde 1960 hasta la fecha, el crecimiento anual de Corea ha promediado 6% por habitante al año. Entre los factores más citados en la historia de ese éxito se menciona una distribución de ingresos muy equitativa, que habría favorecido la paz social, altos niveles educativos y un fuerte compromiso con el desarrollo de las exportaciones y la economía del mercado. La realidad, sin embargo, fue más compleja. Las versiones oficiales, basadas en cálculos deficientes de la distribución de los ingresos, exageran la igualdad social del país en su etapa de despegue. Y rara vez se menciona la existencia de una dictadura que simplemente encarcelaba a dirigentes sindicales. 

Cuando recién empezaba su desarrollo en los 60, un informe del Banco Mundial se negó a aprobar créditos citando la corrupción, la falta de infraestructura y la desorganización general del país. Y si bien Corea del Sur goza hoy de niveles educativos excepcionalmente altos, durante las primeras décadas de despegue productivo su fuerza de trabajo padecía de niveles bajos de escolaridad. En 1971, por ejemplo, apenas el 7% del grupo de edad potencial asistía a la universidad, aunque esa cifra se ha elevado hoy a 95%. La historia también tiende a omitir un recuento de la muy estrecha relación entre los grupos empresariales –los ‘chaebol’– y los funcionarios del Estado.

Otro caso que no encaja muy bien con la teoría del buen comportamiento o formalidad como clave central para el desarrollo es Italia. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Italia no ha dejado de ser un caso de “malas prácticas”, según el canon de la OCDE. 

La ineficiencia de su Estado es legendaria, la corrupción sigue controlada por poderosas mafias (que continúan enquistadas después de asesinar a los principales jueces que buscaron acabar con su poder), la desigualdad entre el norte y sur del país sigue fuerte, y la inestabilidad política ha sido tan alta que desde 1946 los jefes de Estado han rotado, en promedio, cada año. Según las teorías modernas, Italia debería haberse quedado en la cola de los países de Europa Occidental en cuanto al desarrollo. Sin embargo, Italia registró la tasa más alta de crecimiento económico por persona en el medio siglo después de la Segunda Guerra Mundial. 

¿Y qué decir del Perú? En el último cuarto de siglo, el Perú, no obstante su pésima educación, falta de infraestructura, alta corrupción, alta informalidad y fuertes diferencias sociales y económicas entre su población, ha registrado un crecimiento económico anual por persona de 3,5%, superando a casi todos los países (altamente formales) de la OCDE, cuyo promedio fue apenas la mitad de nuestro crecimiento. 

En cuanto al club de la OCDE, se me viene a la memoria una broma de Groucho Marx. “Yo no quisiera ser socio de un club que acepta a gente como yo”. Quizás debemos formar nuestro propio club, un club para los incorrectos.

Cesar Villanueva: la reforma judicial es central para combatir la corrupción

ÍÑIGO ERREJÓN habla de PODEMOS en Café Steiner

miércoles, 22 de agosto de 2018

Belmont se pronuncia por afirmación sobre migración venezolana en el Perú


Contraloría supervisa servicio alimentario que brinda Qali Warma a niños y niñas en 29 instituciones en la región La Libertad


La Contraloría General inició hoy el Operativo Nacional de Control al Programa Qali Warma para supervisar la prestación del servicio alimentario (raciones y productos) que se ofrece a niños y niñas de 29 instituciones educativas de los niveles de inicial, primaria y secundaria, en la región La Libertad, con la par
ticipación de más de 50 auditores. 

El operativo -denominado “Niños y niñas con alimentación de calidad”- se ejecutará a nivel nacional hasta el 24 de agosto de este año, bajo la modalidad de visita preventiva, y comprende una muestra representativa de 530 instituciones educativas en las 25 regiones a nivel nacional. 

Producto de las visitas, la Contraloría General elaborará un Informe del Operativo que tiene por objeto alertar oportunamente al Programa Qali Warma sobre los riesgos que podrían afectar la ejecución del servicio alimentario de calidad, a fin que adopten las acciones correctivas pertinentes. 

Entre los aspectos que se verificarán como parte del operativo, tenemos: 

- Entrega de raciones por el proveedor. 

- Condiciones de almacenamiento y/o salubridad en el servicio. 

- Distribución de desayuno y/o almuerzo a los alumnos sin afectar la jornada escolar. 

- Nivel de consumo de desayuno y/o almuerzo por parte de los alumnos 

- Destino de las raciones o productos entregados por el Programa. 

- Raciones incorporan alimentos proteicos provistos por el Programa, entre otros. 

El servicio alimentario de Qali Warma se brinda a través de dos modalidades: raciones (alimentos que no requieren preparación en la institución educativa) y productos (entrega de alimentos no perecibles para la preparación de desayunos y/o almuerzos). En ambos casos, los Comités de Alimentación Escolar - CAE se encargan de la gestión del servicio alimentario. 

Alcance 

En La Libertad, el representante de la Gerencia Regional de Control de La Libertad, Ronny Rubina Meza, dio inicio al operativo de control con la inspección a la Institución Educativa N° 80076 “Milenario Chan Chan”, ubicado en el distrito Huanchaco - Trujillo 

En otras regiones, se llegará a instituciones educativas de Amazonas (9), Áncash (33), Apurímac (8), Arequipa (9), Ayacucho (12), Cajamarca (39), Cusco (11), Huancavelica (9), Huánuco (24), Ica (17), Junín (22) y Lambayeque (17). Del mismo modo en Loreto (36), Madre de Dios (3), Moquegua (10), Pasco (5), Piura (20), Puno (20), San Martín (18), Tacna (1), Tumbes (16) y Ucayali (16). 

En la ciudad capital, el operativo inspeccionará a 128 instituciones educativas de Lima Metropolitana y el Callao; y 18 a nivel de Lima Provincias. 

Este es el cuarto operativo de control a nivel nacional que realiza este año la Contraloría General, orientado a contribuir a mejorar la prestación de servicios e instituciones públicas, en beneficio de la ciudadanía. Los resultados son comunicados oportunamente a los gestores públicos a fin que adopten las medidas correctivas que permitan subsanar o mitigar los riesgos advertidos, en los servicios de control.


martes, 21 de agosto de 2018

ATENCIÓN!!: 100 BECAS PARA COLOMBIA, MÉXICO O CHILE


Estudiantes de pregrado, doctorado, profesores e investigadores peruanos pueden postular hasta el 26 de octubre a las 100 becas que ofrece la Alianza del Pacífico para realizar estudios en universidades o institutos de Colombia, México o Chile, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

La Alianza del Pacífico, creada en el 2011, es una iniciativa de integración regional conformada por Perú, Chile, Colombia y México. En el marco de los avances en materia de cooperación, dichos gobiernos acordaron institucionalizar la Plataforma de movilidad estudiantil y académica, que realiza anualmente convocatoria de becas.

De las 100 becas ofertadas, 6 corresponden a becas de pregrado para estudiantes de institutos técnicos, 69 a becas de pregrado para estudiantes de universidades, ambas con una duración máxima de un semestre académico.

Asimismo, Alianza del Pacífico ofrece 25 becas para intercambio a nivel de doctorado, investigadores y profesores invitados, con una duración mínima de 3 semanas y máximo de 12 meses.

Los estudios iniciarán el año 2019 en las carreras de administración pública, ciencias políticas, comercio internacional, economía, finanzas, ingenierías; innovación, ciencias y tecnología; medio ambiente y cambio climático; negocios y relaciones internacionales; y turismo (gastronomía y otros relacionados).

Beca Alianza Pacífico otorga los siguientes beneficios: asignación por alimentación, movilidad local y hospedaje, transporte aéreo, seguro de salud y la exención de costos académicos (de conformidad con los convenios o instrumentos de cooperación entre la institución educativa superior de origen y la institución educativa superior de destino).

Requisitos

Entre los requisitos, el postulante deberá presentar la carta de aceptación incondicional de la institución académica receptora, certificado o constancia académica de estar matriculado como alumno regular de su casa de estudios de origen, donde se indique el semestre matriculado; consolidado de notas, carta de recomendación académica, certificado de salud, entre otros.

Los requisitos y las bases de postulación están publicadas en el siguiente enlace: Becas Alianza Pacífico. Además, se puede revisar la relación de universidades elegibles; por último, para la postulación en línea se debe ingresar a este enlace de Pronabec

Para mayor información, escribir a los correos electrónicos marco.cabrera@pronabec.gob.pe o ada.arrunategui@pronabec.gob.pe o llamar a la central telefónica 612-8230 o a la línea gratuita 0800-00018, en horario de oficina de lunes a viernes.

Culparon a personas inocentes por desaparición de niña en Cerro Azul

lunes, 20 de agosto de 2018

EXPRESIDENTE DE CORTE LIBERTEÑA IMPLICADO EN AUDIOS DE LA CORRUPCIÓN


Un nuevo audio del juez César Hinostroza remece el Poder Judicial, y en esta ocasión involucra a Augusto Ruidias Farfán, presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad entre los años 2013 y 2014. En la grabación se oye a Hinostroza pedirle favorecer a la magistrada que lleva el caso Sánchez Paredes.

Tal como señala la Plataforma de Investigación Periodística integrada por Ojo-Publico.com, La República, Convoca y Wayka, el cuestionado juez César Hinostroza se comunicó con dos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CSPJ), en este caso Rosa Vera Meléndez y Augusto Ruidias Farfán, para acelerar el pedido de traslado presentado por la jueza María Luisa Apaza Panuera, que tenía como plaza de origen la Corte Superior del Santa (Ancash) y buscaba ser destacada a Lima de manera definitiva por motivos de salud de su esposo.

“Quería, por favor, de forma muy genérica, si pudieras darle una mano de mi parte, por favor, a María Luisa”, pidió Hinostroza a Augusto Ruidías, quien aceptó el pedido. Esto ocurrió horas antes de la audiencia del CEPJ, en donde debía decidirse el cambio de plaza de la jueza Apaza.

De acuerdo al audio que publicó Ojo-Publico.com, Augusto Ruidíaz, expresidente del Poder Judicial de La Libertad, se dirige al juez Hinostroza de una forma que demuestra un alto grado de amistad. “Ya vamos a conversar, pues, para que me des algunos tips, pues”, se escucha en la conversación que sostuvieron ambos peronsajes.

De acuerdo a los audios de Ojo-Publico.com, desde inicios de este año Hinostroza buscó de manera persistente que el CEPJ acepte el pedido de la jueza Apaza, a quien citaba como su “gran amiga”.

Hinostroza, también conversó, vía telefónica, con Rosa Vera Meléndez de CEPJ y esta le respondió: “Ya coordiné con el ‘Gato’ (así es conocido Augusto Ruidias Farfán en Trujillo). Nosotros la vamos a apoyar (en el cambio de plaza)”.

Conversación entre César Hinostroza y 'Augustito' del 07/02/18

ÉXODO DE VENEZUELA- NICARAGUA PROVOCA BROTES XENÓFOBOS EN LA REGIÓN



La llegada a los países vecinos de miles de venezolanos y nicaragüenses que huyen de la crisis en sus respectivos países ha originado los primeros brotes de xenofobia y exacerbado las tensiones regionales. Brasil enviará tropas a su frontera con Venezuela tras la violenta expulsión de venezolanos de una ciudad fronteriza. Ecuador limita desde el fin de semana su entrada, una medida que Perú aplicará el sábado tras la llegada, la semana pasada, de 20.000 venezolanos. En Costa Rica una protesta xenófoba contra la presencia de nicaragüenses sacó el sábado a la calle a centenares de personas, algunas con esvásticas. La ONU estima que 2,3 millones de venezolanos han huido de su país.

Cientos de miles de venezolanos han cruzado las fronteras terrestres hacia Brasil y Colombia en los últimos meses para intentar escapar de la crisis económica, política y social que vive su país. Colombia ha dado residencia temporal a más de 800.000. Centenares emprenden cada día una trayectoria terrestre para alcanzar Perú, Chile, Argentina e incluso Uruguay. Perú, que desde hace dos años les otorga un permiso temporal de trabajo, estima que casi 400.000 venezolanos se han establecido en su territorio desde hace un año. El pico fue el 11 de agosto pasado, cuando entraron en un solo día 5.100.

En Ecuador, según datos del Ministerio del Interior, al menos un millón de venezolanos ha cruzado la frontera común, si bien los que permanecen en el país son unos 250.000. Ante las críticas, Quito ha eliminado la exigencia de pasaporte para el ingreso en el país de niños y adolescentes venezolanos siempre que lleguen acompañados de sus padres o tutores con el citado documento. Las restricciones administrativas tuvieron un efecto inmediato y ya el sábado se registró poca afluencia de venezolanos en la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando entró en vigor la exigencia de presentar el pasaporte. “Ya no hay venezolanos esperando en Rumichaca”, informó la televisión ecuatoriana Teleamazonas, en referencia al paso fronterizo entre Ecuador y Colombia.

Paralelamente, la crisis desatada en Nicaragua desde mediados de abril —una ola de protestas antigubernamentales duramente reprimida por fuerzas de seguridad y grupos armados al servicio del régimen— ha provocado el éxodo de miles de nicaragüenses, la mayor parte de los cuales se ha refugiado en Costa Rica. No hay datos oficiales del número real de llegadas, porque muchos de ellos entran por veredas, como se llaman los pasos informales en la frontera entre los dos países, pero en los cantones fronterizos su presencia resulta cada vez más visible.

La presión migratoria de venezolanos y nicaragüenses en países en delicado equilibrio a causa de la crisis económica y el aumento de la criminalidad está originando una situación muy compleja desde el punto de vista de la seguridad. La ciudad de Paracaima, en el Estado de Roraima (norte de Brasil, frontera con Venezuela), se ha convertido en una bomba de relojería. La localidad, de 16.000 habitantes, es la puerta de entrada de los venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Por ahí han llegado en los últimos meses más de 40.000 venezolanos y muchos de ellos —un millar, según distintas fuentes— se alojan en tiendas repartidas por la ciudad. El sábado, después de que un comerciante local fuera asaltado y agredido por cuatro venezolanos, según la versión de la policía local, la población reaccionó con una protesta en contra de los migrantes presentes la ciudad. Los manifestantes destruyeron sus tiendas de campaña, quemaron sus pertenencias y atacaron a los venezolanos con piedras y artefactos incendiarios artesanales

Los vídeos de los incidentes publicados en las redes sociales muestran el nivel de crispación general. “No aguantamos más a estos bandidos, que están robando nuestras casas y molestando a nuestras mujeres”, gritaba un hombre en una grabación. En otro vídeo se ve a varias personas arrojando gasolina a las tiendas de los venezolanos al grito de “vamos a prenderos fuego”. Al menos 1.200 venezolanos han abandonado Brasil en las últimas horas a raíz de los incidentes de Paracaima. El Gobierno brasileño convocó ayer una reunión para analizar los hechos.

Traslado a otras ciudades

Antes abierta a la llegada de venezolanos, que solían cruzar la frontera para comprar en sus tiendas, Paracaima es hoy una ciudad asustada por el creciente flujo migratorio desde el país vecino. Parte de los venezolanos busca oportunidades de trabajo allí y otros continúan viaje hacia Boa Vista, capital de Roraima, a 200 kilómetros de distancia. En febrero, el presidente de Brasil, Michel Temer, admitió la vulnerabilidad de los extranjeros y anunció medidas de ayuda, además de proponer llevarlos a otras ciudades del interior del Estado y otros Estados como São Paulo, a 3.500 kilómetros de Roraima. Las buenas intenciones, sin embargo, parecen haberse quedado por el camino, según Camila Astano, de la ONG Conectas Derechos Humanos. “El Gobierno se comprometió a trasladar a 18.000 venezolanos a otras ciudades y hasta el momento solo se ha evacuado a 800”, dice Astano, para quien los sucesos de Paracaima subrayan que es la escasa respuesta del Gobierno la que está alimentando la xenofobia y la crispación de los locales.

A dos meses de las elecciones que renovarán la presidencia y el Congreso, la crisis con los venezolanos puede acabar siendo utilizada políticamente. “Algunos candidatos han defendido que se cierre la frontera con Venezuela, que es algo inconstitucional”, denuncia Astano. La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) también ha alertado del riesgo de nuevos incidentes. “Está claro que el problema se agrava por la inoperancia de las autoridades. Lo que era una cuestión humanitaria ahora tiene una fuerte connotación de seguridad”, dijo Claudio Lamachia, presidente de OAB.

Mientras, países como Ecuador y Perú han endurecido los requisitos de entrada para intentar frenar el aluvión de llegadas. Desde este fin de semana Ecuador solicita el pasaporte en vigor a cualquier venezolano que quiera entrar al país; idéntica medida adoptará Perú desde el próximo sábado. Hasta ahora, los venezolanos podían entrar en los países andinos con su carné de identidad, dadas las dificultades de obtener un pasaporte en Venezuela. Desde hace dos años este trámite administrativo se ha convertido en una odisea por la carencia de materiales y porque la concesión de la cita se demora durante meses.

Otros países han comenzado a exigir visado a los venezolanos. Chile pide un certificado de antecedentes penales que debe emitir el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, además de la obligatoriedad de que el pasaporte no expire en los siguientes 18 meses a la entrada. Además, el consulado venezolano en Chile ha comenzado a solicitar el pago de 50 dólares americanos por la compulsa de certificados de penales a sus ciudadanos, una cantidad desorbitada para la mayoría de los refugiados.

Éxodo nicaragüense

Entre Costa Rica y Nicaragua también ha aumentado la tensión. Desde que estalló la crisis en Managua —una oleada de protestas contra un proyecto de reforma de la Seguridad Social— se han recibido más de 23.000 solicitudes de asilo en Costa Rica, aunque muchas corresponden a nicaragüenses llegados con anterioridad a este éxodo, cuando la colonia nica representaba el 10% de la población del país, de 3,8 millones de habitantes. Según la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), es una demanda válida en los dos casos, el de los recién llegados y el de los radicados anteriormente, porque ahora estos últimos tendrían dificultades para regresar a su país.

Para acoger a los recién llegados se han habilitado dos albergues que prácticamente no se utilizan ya que la mayoría se hospedan en casas de familiares o conocidos gracias a la existencia de amplias y engrasadas redes de migrantes nicaragüenses que sirven de apoyo en los primeros momentos.

El progresivo incremento en el número de llegadas ha generado entre los costarricenses un rechazo muy patente en redes sociales y en los enfoques de algunos medios. Esas muestras de xenofobia alcanzaron su punto culminante en una marcha celebrada el sábado en el centro de San José, la capital. Espoleados por el malestar derivado del deterioro de las condiciones de vida y los servicios públicos, así como por una inseguridad al alza, cientos de costarricenses participaron en una manifestación xenófoba contra inmigrantes nicaragüenses convocada por las redes sociales, en la que se registraron ataques a los extranjeros. La policía practicó 44 detenciones y el decomiso de armas blancas y bombas caseras, pero aún no ha identificado a los organizadores. La turba se dirigió un parque donde al grito de “fuera, nicas” y “asaltantes” la emprendieron contra nicaragüenses. Entre los detenidos hay algunos con antecedentes penales y miembros de grupos radicales y de barras bravas del fútbol. La inédita y violenta manifestación ha disparado las alarmas en Costa Rica, un país que históricamente ha dado asistencia a personas que huyen de sus países.

LAS NOTICIAS FALSAS EXPANDEN EL ODIO AL INMIGRANTE

Un brote de noticias falsas antecedió la mayor manifestación xenofóbica que se registra en Costa Rica contra inmigrantes provenientes de su vecina Nicaragua. Perfiles anónimos en redes sociales o de usuarios particulares difundieron durante la última semana informaciones tergiversadas sobre supuestos privilegios que se estaban concediendo a inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica. También acusaban a los recién llegados de quemar en estos días una bandera costarricense, con base en fotografías que en realidad corresponden a ciudadanos ticos en un concierto punk del año 2016. Algunas de estas informaciones falsas fueron desmentidas por las autoridades y por una sección del diario local La Nación sobre detección de noticias adulteradas, titulada "#NoComaCuento". 

Periodistas de esta sección detectaron las mentiras en al menos seis informaciones. Algunas de ellas se referían a presuntos favoritismos en ayudas sociales de parte de instituciones del Gobierno, lo que propicia el enojo en un sector de costarricenses que también demandan asistencia en vivienda o becas. Otras informaciones aludían a una supuesta liberación masiva de criminales en Nicaragua para que viajaran a Costa Rica, igualmente desmentida por el Gobierno local. Políticos y periodistas en las redes sociales también difunden el rumor sobre el presunto ingreso de nicaragüenses oficialistas para perseguir aquí a sus opositores o realizar actos para exacerbar la xenofobia y desviar en alguna medida la discusión política en Nicaragua. De esto tampoco hay indicio alguno, ha dicho el propio presidente Carlos Alvarado, que ha pedido prudencia en la difusión de información.

viernes, 17 de agosto de 2018

Llamada de Marcos Cerna a periodistas de La República

CONDENAN A ROGER QUISPE- ALCALDE DE MOCHE


El alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche, Roger Quispe Rosales, atraviesa por una complicada situación legal que ha puesto en riesgo su continuida como autoridad.

Ocurre que ayer, el Octavo Juzgado Penal Anticorrupción de la Corte de Justicia de La Libertad confirmó su sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de colusión en agravio del Estado.

HISTORIA. El caso data de 2007, cuando el burgomaestre, presuntamente, sin contar con la aprobación del pleno del concejo contrató los servicios de una empresa privada para que se encargue de realizar una supervisión y la recuperación de dinero producto de unos impuestos que algunas empresas se resistían a pagar a la municipalidad.

De acuerdo a lo que explicó el exregidor Bruno Cépeda, quien fue uno de los que denunció este caso a la Contraloría General de la República, dicha empresa, contratada por decisión del alcalde, le cobró de forma irregular un impuesto por alcabala a “Coca Cola”. El dinero ascendía a 100,000 soles.

Cépeda comenta que la contratación de esta empresa era innecesaria, toda vez que el área de Rentas de la comuna de Moche pudo hacer la tarea de las cobranzas sin ningún inconveniente.

OTROS INVOLUCRADOS. En este caso también están comprendidos otros exfuncionarios identificados como José Rodríguez Azabache, Johnny Mallap Rivera y Juan Vallejos Goicochea.

Un cuarto exservidor identificado como Roberto Martínez Soles fue absuelto del caso por falta de evidencias en su contra.

UN SEGUNDO CASO. Sin embargo, este no el único proceso penal que afronta Roger Quispe, pues ese mismo año, el 2007, fue denunciado también ante la Contraloría por un segundo caso al que denominaron “Telefónica”.

El proceso fue elevado al Ministerio Público. Tras la investigación, pidió once años de pena privativa de la libertad para el burgomaestre mochero.

No obstante, en mayo del año pasado se le emitió una sentencia de cuatro años de prisión no efectiva. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y se espera un pronunciamiento del Poder Judicial.

LOS HECHOS. Para tener una idea más clara de lo que ocurrió en este caso, hay que recordar que durante la primera gestión de Roger Quispe, la Unidad de Administración Tributaria de la comuna de Moche dispuso multar a la empresa Telefónica del Perú por un monto que superaba los 2 millones de soles.

Lo que había ocurrido es que la referida empresa había supuestamente destruido parte de veredas y otras estructuras para tender redes y ampliar sus servicios en la zona. Según se supo, la empresa no había solicitado los permisos para realizar esos trabajos.

LO EXTRAÑO. Empero, meses después de imponerle esa multa a Telefónica, el alcalde emite la resolución de alcaldía N°040, mediante a cual reduce la multa de más de 2 millones de soles a S/ 215,000, lo que generó un perjuicio para la entidad edil.


miércoles, 15 de agosto de 2018

DECLARAN EN EMERGENCIA FISCALÍA DE PIURA POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN


El Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, dispuso declarar en emergencia al distrito fiscal de Piura, con el fin de adoptar medidas urgentes frente la existencia de una presunta red de corrupción que involucraría a diversos magistrados de esa zona del país.

A través de la cuenta oficial de Twitter, La medida fue dispuesta como resultado de la visita inopinada efectuada por el doctor Chávarry Vallejos ayer en Piura, que le permitió recoger información referida a presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como diversas autoridades de la región, lo que ha generado protestas por parte de la ciudadanía.

Como parte de la medida, se dispuso que las oficinas de Control de la Productividad Fiscal y de Registro y Evaluación de Fiscales, así como la Gerencia central de Potencial Humano del Ministerio Público remitan al despacho de la Fiscalía de la Nación los informes relacionados a la carga procesal, producción y productividad fiscal y el ejercicio adecuado de las funciones del personal fiscal y administrativo en el distrito fiscal de Piura, en un plano no mayor a cinco días.

Asimismo, se dispuso que la Gerencia General brinde el apoyo para la atención de los requerimientos logísticos y de personal necesarios para garantizar el desarrollo de las investigaciones.

Como resultado concreto de la visita inopinada efectuada a Piura, el titular del Ministerio Público dispuso autorizar el ejercicio de la acción penal por el delito de cohecho pasivo propio contra el fiscal provincial titular de Talara, César Augusto Palacios Poma, quien aparecería en algunas imágenes recibiendo dinero en efectivo, al parecer producto de una coima.

Además, informó sobre la designación de los nuevos jefes de las Oficinas Desconcentradas de Control Interno de Piura y Sullana, decidida mediante sesiones de las juntas de fiscales superiores de cada distrito fiscal. En el caso de Piura, la responsabilidad recaerá sobre la fiscal superior titular Faviola Susana Campos Hidalgo; mientras que, en el caso de Sullana, fue designado el fiscal superior titular César Rodolfo Aguilar Cosme.

Yuli - Trailer nacional

lunes, 13 de agosto de 2018

Magistrado proveniente de Trujillo implicado en audio


El presidente de la Corte Superior de Lima Sur, Marco Fernando Cerna Bazán, renunció a su cargo, ante la difusión de un audio en el que sostiene una conversación con el suspendido juez César Hinostroza.

“Se ha difundido un audio que registra una conversación telefónica que sostuve con el juez César Hinostroza. Reconozco que las expresiones usadas resultan inapropiadas al referirme a una convocatoria para la designación de jueces supernumerarios”, dice el primer punto del comunicado de Marco Cerna, el mismo que emitió ante un adelanto del reportaje anunciado por un medio.

“Por el respeto al servicio de justicia y a la investidura del cargo que represento y por respeto a la ciudadanía, a los justiciables y a los medios de comunicación social, renuncio al cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, pues el hecho acontecido, registrado en el audio, no justifica mi permanencia en la Presidencia”, agregó.

LOS AUDIOS. Una investigación del diario La República, Ojo Público, Wayka y Convoca, encontró el vínculo que tenía Marco Cerna con César Hinostroza. Los medios mencionados anunciaron la publicación de audios que involucran al renunciante presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en presuntos actos de tráfico de influencia y malas prácticas.

Uno de los mencionados medio publicó un adelanto en su cuenta de Twitter, donde la abogada Ida Jesús conversa con César Hinostroza y le pregunta si lleva su currículum, pero el suspendido juez le dice que se inscriba primero.

A pesar de que aún no se había publicado un audio, donde aparece directamente Marco Cerna, él decidió adelantarse y renunció.

COMUNICADO. Marco Cerna, teniendo conocimiento de lo que se difundía en el audio, aclaró en el comunicado de su renuncia, la presunta ayuda laboral con la abogada Evita Palomino.

“La nombrada abogada Evita Palomino no llegó a ejercer la función de juez supernumeraria en la Corte que presido. Su inicial designación fue dejada sin efecto, como se aprecia de la Resolución Administrativa Nº 1046-2018 publicada el 2 de junio, que designa a la magistrada Vallejos Pastor como jueza supernumeraria del Juzgado de Paz Letrado de Familia de Villa El Salvador”, dice parte del comunicado de Marco Cerna.

proviene de trujillo. Marco Cerna Bazán nació en la región Amazonas, pero vivió luego en Trujillo, donde estudió y empezó a hacer su vida profesional, que luego lo llevaría a Lima.

Es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y está colegiado, desde el año 1993, en el Colegio de Abogados de La Libertad. También fue docente en la misma UNT, donde fue también asesor.

Aún más, fue asesor legal externo de la empresa Sedalib.

Es, además, hermano del exfiscal decano de La Libertad, Daniel Cerna Bazán.

QUIÉN TE FINANCIA?



La regulación del financiamiento de partidos y campañas electorales constituye un elemento esencial en todo proceso de reforma política. El tema adquiere especial relevancia en un contexto como el peruano marcado por altos niveles de corrupción.


En el marco del Plan 32 de reformas institucionales que Transparencia presentó en el 2015, propusimos incrementar las facultades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE) para calcular los gastos de los partidos en las campañas electorales, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y la aplicación de sanciones drásticas que podrían llegar a la exclusión del registro de organizaciones políticas a los partidos que reciban dinero de procedencia ilegal. Lamentablemente, el Congreso de la República fue en la dirección contraria.

Hasta las elecciones generales del 2016, los partidos estaban obligados a reportar sus ingresos y gastos en varios momentos durante la campaña electoral; la ONPE publicaba dichos reportes y los electores podíamos considerar esa información para decidir nuestro voto. El año pasado, el Congreso aprobó una norma que obliga a bancarizar los aportes mayores a una unidad impositiva tributaria y prohíbe recibir fondos de personas condenadas o con prisión preventiva por delitos de especial gravedad, lo cual está muy bien; sin embargo, la misma ley exime a las organizaciones políticas de informar sus ingresos y gastos durante la campaña, sino hasta cuando el proceso electoral haya concluido. 

En pocas palabras, “primero te doy la credencial de nueva autoridad y después me rindes cuentas de tus gastos”; y si resulta que no se presentan los informes o se comprueba irregularidades, simplemente se aplica una multa que la ONPE nunca ha podido cobrar, es decir “no pasa nada”. Una decisión claramente irresponsable.


Las campañas electorales son cada vez más costosas. Entre el 2006 y el 2016, los gastos totales de campaña se triplicaron –de 22 millones a 65 millones de soles, aproximadamente–, pero la calidad de la representación política no mejoró. En ese mismo período, las fuentes de ingresos se hicieron más difusas y difíciles de controlar: lo recaudado en cócteles, rifas, cenas y demás actividades proselitistas pasó de 3% a 22% de lo reportado por los partidos políticos. Curiosamente, según dichos reportes, la colaboración de militantes y simpatizantes se incrementó al mismo ritmo que la desafección ciudadana frente a los partidos y en el mismo lapso en que Odebrecht y sus aliadas financiaban candidaturas.

Ahora que el presidente de la República ha propuesto consultar vía referéndum el financiamiento de la política y ha presentado al Congreso un proyecto de reforma constitucional, estos datos son especialmente ilustrativos, tanto de la centralidad de la consulta como de los temas por regular. El proyecto del Poder Ejecutivo tiene la virtud de restituir la obligación de las organizaciones políticas de informar sus ingresos y gastos durante la campaña electoral, así como elevar a rango constitucional la prohibición de aportes anónimos y de condenados por delitos de corrupción, narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, terrorismo, trata de personas o lavado de activos.

El debate sobre el financiamiento de la política se ha reabierto y continuará en las próximas semanas. En este contexto, es oportuno preguntarnos si se establece o no topes a los gastos de campaña para contener el incremento de los costos electorales. En el Perú, tenemos topes para el aporte personal a cada partido, pero podríamos avanzar hacia topes a lo que un partido podría gastar en campaña en proporción –digamos– al total de electores de la circunscripción o al total de votos obtenidos en elecciones. La pregunta que está a la base es: ¿Por qué tienen que ser tan caras las campañas electorales?

También es pertinente debatir las condiciones para el financiamiento público a las campañas electorales; condiciones tales como los mencionados topes máximos, la rendición de gastos en tiempo real, el levantamiento del secreto bancario de los candidatos, la presentación de candidaturas limpias de antecedentes judiciales, la aplicación de sanciones políticas y penales por la malversación de estos fondos, la presencia en no menos del 50% de circunscripciones electorales, entre otros requisitos que atiendan a la justificada desconfianza de la población y contribuyan a mejorar la calidad de la representación política. Hay quienes proponen limitar los gastos en contratación de publicidad de radio y televisión, lo que en elecciones presidenciales representa entre 70% y 80% pero en elecciones regionales no supera el 20% o 30%. Por eso, soy partidario de establecer topes al gasto total en campañas electorales por cualquier concepto.

Igualmente, podemos preguntarnos si la responsabilidad del financiamiento ilegal es atribuible solo al candidato –como señala actualmente la ley– o si alcanza también a los directivos de los partidos políticos que son los que dan cabida a los postulantes.

El debate está abierto y las exigencias tienen que ser altas. En cualquier caso, se requiere recuperar e incrementar la transparencia en los gastos de campaña electoral, detener la penetración de intereses ilícitos y evitar que el dinero sea el gran determinante de quién habrá de gobernarnos. En tanto se tomen las decisiones de reforma más adecuadas, los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho y la responsabilidad de preguntarle a cada candidato o candidata que pida nuestro voto: ¿Quién te financia?

domingo, 12 de agosto de 2018

LAS REUNIONES SECRETAS DE JOSÉ LUIS CASTILLO ALVA


REPORTAJE DE OJO PÚBLICO- LA REPÚBLICA.-

La Policía Nacional sindicó al abogado José Luis Castillo Alva (45), quien defiende en un caso por lavado de dinero a Joaquín Ramírez Gamarra, exsecretario general de Fuerza Popular y exfinancista de Keiko Fujimori, como integrante de la presunta organización criminal del suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi y del detenido presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos.

Ojo-Publico.com, en el marco de una investigación en alianza con La República, Convoca y Wayka, tuvo acceso a documentos y fotos que confirman que el abogado de Joaquín Ramírez -en el caso en donde también está incluida Keiko Fujimori- mantuvo reuniones con Hinostroza mientras este presidía el tribunal supremo que un año antes había emitido un fallo favorable a investigados en casos emblemáticos de lavado.

La investigación es parte de Los Audios de la Corrupción, un especial desarrollado sobre la base de 60 mil registros de escuchas y analizados por los medios integrantes de la Plataforma de Investigación Periodística. Este colectivo revisará el material con la finalidad de establecer las ramificaciones de actos corruptos e inmorales todavía no públicos, cuyas evidencias contribuyan a las revelaciones iniciadas por otros medios previamente: IDL-Reporteros, América Televisión, El Comercio y Panorama.

Hoy presentamos cuatro historias de relevancia que fueron encontradas en los audios grabados en el marco de una investigación oficial del Ministerio Público y la Policía. El primer reportaje revela la identidad del abogado José Castillo Alva y sus nexos con el juez César Hinostroza, quien en su momento emitió un fallo que fue considerado “instrumento de impunidad” para los casos de lavado de dinero en el Perú.


Las autoridades han profundizando en la relación de Castillo Alva y los jueces Hinostroza y Ríos teniendo en cuenta que el abogado ha ejercido la defensa de una larga lista de acusados por lavado de dinero en la Sala Penal Nacional. Entre ellos, el cuestionado presidente del gobierno regional del Callao, Félix Moreno, enjuiciado por el Caso Odebrecht, y los hijos de Orlando Sánchez Paredes, quienes fueron investigados por lavado de dinero del narcotráfico.

Las pesquisas policiales establecieron que Castillo Alva “forma parte de la red de corrupción (...) y se encarga de realizar permanentemente coordinaciones telefónicas y reuniones en restaurantes de Lima”, dice el documento fechado en julio pasado y basado en los diferentes procedimientos de videovigilancia derivados del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Precisamente, mientras la Policía finalizaba los pormenores de aquel caso, Castillo Alva ejercía la defensa de Joaquín Ramírez junto con la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, durante una audiencia realizada el 6 de julio último en el consulado peruano de Miami. En esa sesión, el colaborador de la DEA, Jesús Vásquez, debía declarar sobre las relaciones del exsecretario de Fuerza Popular con actividades del lavado de dinero.

Los encuentros secretos

La Policía identificó a Castillo Alva en por lo menos tres reuniones privadas realizadas este año con algunos de los integrantes de la red criminal. El primero de los encuentros ocurrió el 29 de enero dentro del restaurante La Cúpula, del Hotel Sheraton, en el centro de Lima. La Policía concluyó que Hinostroza, Ríos, Castillo Alva y una persona sin identificar se reunieron y tuvieron como tema de conversación el procedimiento a seguir para conseguirle un puesto a Verónica Rojas Aguirre, allegada al exconsejero Guido Águila y hoy detenida por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La segunda reunión ocurrió la tarde del pasado 2 de febrero, pocos días después de la cita anterior, en el restaurante Atají, también en el Cercado de Lima. A dicho lugar el abogado arribó en una lujosa camioneta Grand Cherokee. Al almuerzo asistieron también Ríos y el empresario Mario Mendoza, ambos detenidos en el marco de la investigación fiscal.


REUNIÓN. El abogado José Luis Castillo Alva tuvo un encuentro con el juez Walter Ríos y el empresario Mario Mendoza, ambos detenidos en el marco de la investigación fiscal.

“Acá juntos estamos con Pepe Lucho, acabamos de almorzar con Orlando Velásquez [defenestrado presidente del Consejo Nacional de la Magistratura], y acá está el hombre de atrás Mario Mendoza (...) Mañana sábado a las 20:00 horas en mi casa (...) va a ir Pepe Lucho con Adrianita [Hernández Guzmán, la esposa de Castillo]”, aseguró por teléfono Ríos a Hinostroza, en referencia al almuerzo en el restaurante Atají, según la transcripción de un audio que figura en el documento policial del caso.

La tercera reunión de Castillo Alva fue registrada la noche del 26 de marzo, varias semanas después de la última cita, en la casa del juez Hinostroza, ubicada en el distrito de San Borja. Los documentos policiales e interceptaciones telefónicas revelaron que a dicha cena, organizada por el anfitrión en homenaje al “número 1” Orlando Velásquez, también fueron invitadas por lo menos dos personas identificadas como “Aldito” y “Gonzalito”.

Los audios analizados por Ojo-Publico.com, como parte de un equipo periodístico liderado por La República, apuntan a que uno de los alias le corresponde al actual Fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry Vallejos, quien ahora se sabe mantenía diversas conversaciones por teléfono con Hinostroza.


ALMUERZOS. José Luis Castillo Alva (el segundo de derecha a izquierda) en una reunión junto con los jueces Walter Ríos y Carlos Chirinos, sindicados como parte de la organización.

Los almuerzos y cenas entre los integrantes de la presunta mafia judicial y el abogado Castillo Alva no se limitaron a estas tres reuniones, según se desprende de la orden por teléfono que Walter Ríos le da a su asesor Gianfranco Paredes (también detenido por formar parte de la red) el 29 de enero de este año: “Llama a ese restaurante [Don Fernando] y reserva a nombre de José Luis Castillo Alva para mañana y pasado; en el segundo piso hay un privado, reserva ese privado”.

“¿A nombre del doctor?”, preguntó Paredes, ante lo que Ríos respondió: “Es Pepe Lucho, pe, huevón”. Hoy el juez Ríos, quien cumple una medida de prisión preventiva de 36 meses, tiene como abogado a Juan Servigon Nakano, también defensor de Orlando Sánchez Paredes en un caso de lavado de dinero del narcotráfico, y quien figura como letrado del estudio Nakazaki. Tanto Castillo Alva como Servigon laboraron en el pasado en dicha firma legal.

El nombre de José Luis Castillo Alva trascendió en julio, días después de revelarse los primeros indicios del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Sin embargo, Castillo salió a rechazar inmediatamente cualquier vinculación. “Quienes me conocen (...) saben del esfuerzo, dedicación y absoluta responsabilidad con la que enfrento la vida y la profesión de abogado litigante desde hace más de 15 años”, dijo el letrado a través de su cuenta de Facebook el pasado 13 de julio.


Hoy la versión de Castillo Alva es completamente distinta. En entrevista con Ojo-Publico.com, el abogado confirmó sus reuniones con Hinostroza, con Ríos y con los que hoy son considerados integrantes de la red de corrupción, y además reconoció haber sido grabado por la Policía. Sin embargo, dijo que en sus citas nunca se trataron temas ilícitos. Finalmente, rechazó que sus encuentros con el magistrado supremo tuvieran relación con su labor como abogado de Joaquín Ramírez y de otros procesados por lavado de dinero.

Cabe indicar que el primer indicio de la cercanía entre el abogado y el hoy juez supremo se remonta al 2012, cuando Castillo Alva realizó su matrimonio en Colombia e invitó a dicho evento a uno de sus clientes más importantes, Alfredo Sánchez Miranda (hijo de Orlando Sánchez Paredes); al mismo César Hinostroza, entonces vocal de la Corte Superior del Callao; a Pablo Talavera, entonces miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); y al juez Manuel Loyola Florián, encargado del caso Sánchez Paredes en su etapa inicial, según reveló La República.

Al cierre de edición, nos comunicamos con Hinostroza, quien tiene impedimento de salida del Perú, con el objetivo de conocer su versión de las reuniones con Castillo Alva. "Él fue abogado mío hace 7 años", dijo el juez supremo, quien aceptó haberse encontrado con el letrado, pero descartó cualquier manejo ilícito en dichas citas. También nos comunicamos con la oficina de prensa del fiscal Gonzalo Chávarry, pero no hubo respuesta.

miércoles, 8 de agosto de 2018

domingo, 5 de agosto de 2018

NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA



Fue a Gabriel García Márquez a quien primero escuché que el nombre de América Latina, contra lo que habitualmente se especula, no fue una invención del imperialismo francés, sino fruto, al parecer, de la imaginación de un poeta e intelectual colombiano, Torres Caicedo, que a mediados del XIX empezó a utilizarlo para denominar lo que hasta entonces él mismo llamaba la América Española. 

Latinoamericanos y españoles llevamos más de un siglo discutiendo sobre si el nombre de América Latina sugiere la existencia de una realidad unitaria o es más bien la descripción abusiva de un archipiélago de realidades diversas, muchas veces confrontadas entre sí. Cualquiera que sea el punto de vista, existe cuando menos una unidad cultural expresada en el uso del español y del portugués, y también en algunas enfermedades políticas transfronterizas, como la violencia, la corrupción o la debilidad institucional, que denotan una similitud de tendencias al margen cualquier nacionalismo. Algunos acontecimientos singulares de este año permiten preguntarse ahora cuál ha de ser el destino de aquellos países cuyas opiniones públicas están marcadas, como en tantos otros, por una polarización interna muy acusada.

A partir de las elecciones chilenas del año pasado, que devolvieron al poder al conservador Sebastián Piñera, se han celebrado diversos comicios que han confirmado el vuelco a la derecha de gran parte del continente, con la relevante excepción de México, y la incógnita sobre lo que ha de suceder en Brasil en las votaciones del próximo octubre. En ese escenario, la toma de posesión, mañana en Bogotá, del presidente electo colombiano sugiere interrogantes nuevas sobre el proceso de paz liderado por su predecesor y la incorporación de la antigua guerrilla, ahora desarmada, a la institucionalidad política. 

La principal amenaza reside en la deriva de Venezuela, que ha terminado por convertirse en una dictadura gobernada —más bien desgobernada— por la alianza entre el ejército y el narco. Como consecuencia de ello y de la situación de la crisis alimentaria, más de un millón de refugiados han traspasado las fronteras de Colombia en busca de un futuro mejor. A esa crisis, la mayor de las que padece la región, se suma la brutal represión protagonizada en Nicaragua por Daniel Ortega, un matarife traidor a la utopía revolucionaria que en su día lideró, y auténtica reencarnación del Somoza derrocado por el Frente Sandinista. Por si fueran pocas las novedades, a finales de año tendrá lugar en Guatemala la cumbre iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y Argentina recibirá la reunión del G20, agitada de antemano por la guerra comercial desatada por la Casa Blanca.

Todos estos cambios resultan más que relevantes para los intereses de las empresas españolas afincadas en la región. No solo para los grandes del Ibex, pues miles de pymes se han instalado allí durante los últimos años. España es el segundo país del mundo, solo después de Estados Unidos, con más inversión directa en el área, sus cifras superan los doscientos mil millones de dólares y nuestro porvenir económico depende en gran medida del comportamiento de las cuentas de resultados al otro lado del Atlántico. Llama la atención por lo mismo la afasia del presidente Sánchez y el silencio ominoso de sus ministros sobre los problemas latinoamericanos. Apenas pudo escucharse un minuto de cortesía en su explicación del programa de gobierno, para decir una sarta de vulgaridades políticamente correctas. Mientras cunde la impresión de que, siguiendo la tradición inaugurada por Aznar y lamentablemente continuada por sus sucesores, nuestro país seguirá perdiendo peso en la escena latinoamericana. Por lo menos en lo que se refiere a la acción del Estado.

La elección de López Obrador como presidente mexicano había desatado toda clase de alarmas, ahora se ve que injustificadas, entre el empresariado azteca y el español. Su abrumadora victoria supone la liquidación de facto de los partidos tradicionales, especialmente del PRI, en el que inició su andadura, pero muchos ven en él la herencia no dilapidada del espíritu revolucionario que dio origen al actual sistema, ahora sentenciado a muerte. No es ningún advenedizo, sino un político de largo recorrido, resistente al descrédito de las derrotas electorales y formado en la escuela tradicional. No se reconoce, por eso, como populista, aunque la frecuente demagogia de sus declaraciones y lo peculiar de su personalidad hayan permitido calificarle así. Es, en cambio, un inequívoco líder de la izquierda, cuyo radicalismo verbal espantó inicialmente a los sectores empresariales y dirigentes. 

Debe su victoria sobre todo al apoyo de las clases medias, hartas de la corrupción de sus gobernantes, la extensión de la violencia a manos del narcotráfico y las enormes desigualdades sociales. Tras su éxito electoral, el establishment mexicano ha vuelto a la cargada, movimiento consistente en una aproximación apresurada y sin matices al poder presidencial emergente, cualquiera que hubiera sido antes su opinión o actitud. Notables empresarios mexicanos, también algunos españoles, intelectuales y comentaristas que lideraron auténticas conspiraciones contra el mandatario durante la campaña electoral, lo adulan hoy públicamente sin matices, a la espera de sus favores o su benevolencia.

Contra la aprensión y los temores de quienes aseguraban que López Obrador sería un nuevo Maduro, es seguro que si tuviera que elegir un modelo de liderazgo se inclinaría más bien por el de Lula, aunque la fuerte personalidad del mexicano no le permite emulaciones de ningún género. Y es Lula, precisamente, pese a estar en prisión cumpliendo sentencia por corrupción pasiva, el candidato con mayor popularidad en las encuestas con vistas a las próximas elecciones brasileñas. Sea él quien acabe por presentarse en las listas del PT o el exalcalde de São Paulo, Fernando Haddad, el partido del antiguo presidente parece por el momento el único capaz de parar los pies al neofascista Bolsonaro, que goza del apoyo de los militares. La inestabilidad política brasileña que emergió del impeachment contra Dilma Rousseff, considerado por muchos como un auténtico golpe de Estado, no ha doblegado del todo la poderosa economía del país, pero una victoria del candidato de la ultraderecha constituiría un golpe letal para la democracia en la región.

Estas son las noticias de América que la prensa publica y la clase política española apenas lee, salvo en el caso de los gurús de la democracia bolivariana. Lula, o su representante, y López Obrador constituyen una garantía de progreso democrático, y un contrapeso formidable frente a los oprobiosos regímenes de Venezuela y Nicaragua. Ojalá el actual Gobierno de Madrid, por efímero que sea, abandone las equidistancias frente a las torturas y los asesinatos de los nuevos caudillos caribeños y acompañe y tutele activamente la aventura y el riesgo de la iniciativa privada española en la América Latina renovada.